POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Representantes de diversos sectores de la sociedad guatemalteca destacaron el papel desempeñado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para combatir y desarticular estructuras paralelas y corruptas en la administración pública, en medio de una crisis política y el clamor popular para reformar el Estado.
Ramón Cadena, miembro de la Comisión Internacional de Juristas opinó que la CICIG ha cambiado el panorama jurídico, político y social guatemalteco desde la desarticulación de “La Línea”, estructura criminal dedicada a la defraudación aduanera y el contrabando, en la que se encuentran vinculados los últimos dos titulares de la Superintendencia de Administración Tributaria, el ex secretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, empresarios, asesores y otros funcionarios de medio y alto rango.
El jurista resaltó que aunque la corrupción y la impunidad siempre han estado presentes a lo largo de la historia contemporánea de Guatemala, la ausencia de castigo para los funcionarios que hace mal uso del erario nacional es un problema estructural y por tanto, la labor del ente de Naciones Unidas es fundamental para que con pruebas sólidas y contundentes, se sancione severamente a los señalados de prácticas fraudulentas.
Por otro lado, el experto en temas de justicia y exasesor del Ministerio Público, Javier Monterroso, destacó el desempeño del jefe de la CICIG, Iván Velásquez, para el fortalecimiento de la institucionalidad y la erradicación de las redes delictivas que intentan cooptar las distintas dependencias del Estado para procurarse impunidad.
El entrevistado dijo que la existencia de la Comisión y el reciente anuncio de extensión de su mandato hasta 2017, es el reflejo de que sin CICIG el sistema de justicia en Guatemala no funciona, y ejemplo de ello es el modelo de nombramiento de jueces y magistrados por medio de las Comisiones de Postulación, que a su criterio, es una situación estructural que solo se pueden cambiar a través de las reformas legales que la población exige en las manifestaciones pacíficas hace más de dos meses.
Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), señaló que pese a la crítica de algunos sectores, entre los principales aportes de la CICIG, desde su instalación hace ocho años, ha sido la investigación de estructuras mafiosas que durante años tuvieron el estatus de “intocables”, entre ellas los defraudadores en aduanas, la red ilegal de Byron Lima Oliva en Presidios, los antejuicios contra tres diputados –Gudy Rivera, Baudilio Hichos y Pedro Muadi–, las pesquisas en la Policía Nacional Civil, el fraude del Seguro Social, el Caso Sperisen y la corrupción en los juzgados con ayuda del “Bufete de la Impunidad”, por mencionar algunos.
Finalmente, Jorge Ortega, vocero del presidente Otto Pérez Molina, se limitó a decir que la CICIG está cumpliendo con su papel de fortalecer los mecanismos de investigación del MP y que la voluntad siempre ha existido en el gobierno del Partido Patriota para denunciar casos de corrupción de alto nivel. Aun así, el portavoz presidencial reconoció la necesidad de cambios al sistema para frenar este flagelo en la institucionalidad pública.
