POR CLAUDIA PALACIOS
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Roberto Stalling Sierra, hijo de la jueza Octava de Instancia Penal, Marta Sierra de Stalling, se entregó a las autoridades en el juzgado Undécimo de Instancia Penal. El abogado es sindicado por el Caso Bufete de la Impunidad, en el cual también está involucrada su progenitora.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalan al hijo de la jueza Marta Sierra de Stalling de participar en las negociaciones ilícitas entre abogados del denominado Bufete de la Impunidad y la togada para lograr la liberación de tres cabecillas de la red de defraudación aduanera La Línea, a cambio del pago de un soborno.
Por este hecho Sierra de Stalling, su madre, enfrenta antejuicio y siete personas fueron ligadas a proceso penal.
Según dijo el sindicado, decidió apersonarse al juzgado Undécimo esta mañana, tras enterarse de que existe una orden de captura en su contra, aunque aseguró desconocer los hechos por los cuales es investigado.
Christian Ulate, representante de la CICIG en el proceso del Bufete de la Impunidad, explicó al juez Eduardo Cojulún en una de las audiencias del caso que Jorge Luis Escobar Gómez, uno de los abogados procesados por el soborno, proviene del Instituto de la Defensoría Pública Penal, al igual que Stalling Sierra, con quien habría litigado varios casos.
Las autoridades sospechan que este vínculo entre el hijo de la jueza y Escobar Gómez, pudo ser utilizado por los abogados para negociar con Sierra Stalling.
El Juzgado Undécimo envió a Stalling Sierra al Mariscal Zavala provisionalmente. La audiencia de primera declaración será el próximo viernes 3 de julio.
EL CASO
El lunes 21 de abril, en horas de la madrugada, tras una maratónica audiencia, la jueza Sierra de Stalling decidió ligar a proceso a los veintidós sindicados del caso de defraudación aduanera “La Línea”, pero solo envió a prisión preventiva a dieciséis de ellos. Los presuntos cabecillas, Francisco Javier Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana y Salvador Estuardo González Álvarez, junto a tres sindicados más fueron beneficiados con arresto domiciliar a cambio de fianzas entre los Q200 mil y Q250 mil, a pesar de que el MP señaló a la jueza que existía peligro de obstrucción a la justicia.
A través del método de interceptación de llamadas telefónicas, los entes de investigación lograron determinar que la decisión de Sierra de Stalling, favorable a los intereses de los supuestos líderes de “La Línea”, respondió a una negociación ilegal gestionada por el empresario Mendizábal Barrutia y personas cercanas a él, a cambio de dinero.
