POR MARIELA CASTAÑÓN
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Patricia Monge, quien fungía como titular de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), fue destituida del cargo. La semana pasada la exfuncionaria notificó a 40 empresas de seguridad privada que no podían continuar funcionando, por no adecuarse a la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada y sus Reglamentos.
La Hora consultó a Monge sobre su destitución esta mañana y confirmó la información, sin embargo, dijo estar anuente a atender las dudas del caso en la sede de Digessp, pero finalmente no lo hizo.
Monge notificó el pasado 15 de junio, a 40 empresas de seguridad privada que no podían seguir funcionando por incumplir con el Artículo 67, Adecuación Legal, que demanda la legislación.
En aquella ocasión, representantes del área jurídica explicaron las razones por las que se tomó esta decisión.
“El plazo que estableció la Ley fue de un año, que venció el 29 de agosto de 2012, eso quiere decir que esta serie de empresas tenía 36 meses de incumplimiento legal, que está en el Artículo 68, donde claramente se establece que los prestadores de servicio de seguridad que no cumplieran con la adecuación legal no podían continuar prestando sus servicios”, indicó la asesora jurídica de Digessp, Karla Liquez.
Ante esa disposición la Gremial de Compañías de Seguridad Privada presentó un recurso de revocatoria en contra de esa notificación.
CUALIDADES DEL PUESTO
Alba Asturias, presidenta de la Gremial de Compañías fue consultada sobre si conocía de la remoción del puesto de Monge y lo confirmó, argumentando que la exfuncionaria no tenía capacidad para el puesto que fungía.
“La señora no llenaba los requisitos del Artículo 10 de la Ley –Calidades, requisitos, impedimentos e incompatibilidades del Director General y Subdirector- y que la misma ley enmarca, calidades y requisitos. Ella jamás demostró la capacidad que tenía para extender las licencias de operaciones que anómalamente se dieron en los últimos días”, detalló Asturias.
ORDEN PRESIDENCIAL
Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), opinó que esta destitución confirma la complacencia del presidente Otto Pérez Molina con los propietarios de las empresas de seguridad.
“Sabemos que fue una orden presidencial y sobre todo el premio que le da –a Monge– después de cancelar 38 empresas de seguridad que no cumplían con las regulaciones, con lo cual estaba defendiendo la seguridad de todos los ciudadanos y de las personas que prestan servicios en estas instituciones. En lugar de defender la ley, lo que vemos es que el Presidente respalda a sus amigos militares, dueños de empresas, para que sigan siendo ilegales y haciendo el tipo de negocios que todos sabemos hacen con las empresas de seguridad privada”, argumentó.
