POR CLAUDIA PALACIOS
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Los querellantes adhesivos del proceso penal por genocidio contra el exjefe de Estado, Efraín Ríos Montt, y su Jefe de Inteligencia Militar, José Rodríguez Sánchez, pidieron que el juez Jaime Delmar González Marín, vocal segundo del Tribunal B de Mayor Riesgo, se separe del caso por su presunta amistad con el abogado Francisco García Gudiel, quien formó parte de la defensa de Ríos Montt.
Los abogados representantes del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), organizaciones querellantes en el proceso, solicitaron al juez inhibirse de conocer el expediente judicial, señalando que el abogado García Gudiel es una de las pocas personas con las que el juez tiene amistad en la red social Facebook.
“Dentro de sus amigos en la red social, que por cierto no son muchos, se pudo constatar que ahí aparece el perfil del abogado Francisco García Gudiel”, dijo Héctor Reyes, representante de CALDH.
Según indicó el abogado la acción tiene como objetivo asegurar la independencia de los juzgadores y deberá ser resuelta por el tribunal en la próxima audiencia del caso.
El juicio contra los militares retirados está programado para el próximo 23 de julio.
SEGUNDO JUEZ CUESTIONADO
La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo nombró a Jaime Delmar González Marín como juez contralor del juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, en sustitución de la jueza Jeannette Valdés, cuya separación del caso fue solicitada por la defensa.
Jeannette Valdés, quien preside el Tribunal B de Mayor Riesgo, fue desligada del expediente luego de que la defensa del exjefe de Estado la recusara en base a una tesis que realizó la jueza sobre el delito de genocidio. Según los abogados del general retirado, Valdés hace referencia a su cliente en el documento, lo que puede poner en riesgo su imparcialidad.
ACUSACIONES
Efraín Ríos Montt, exjefe de Estado, y José Rodríguez Sánchez, exjefe de Inteligencia Militar, son señalados por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad.
El Ministerio Público los acusa de ejecutar acciones militares de exterminio contra la población del Triángulo Ixil, en Quiché, durante los 17 meses de su gobierno de facto.
Según la fiscalía, durante el régimen de facto de Ríos Montt, entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, más de 600 aldeas fueron arrasadas y se registró la muerte de 1 mil 771 miembros de la etnia ixil, equivalente al 33.61 por ciento de la población.
