POR MANUEL RODRÍGUEZ
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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), podría emitir la próxima semana un dictamen respecto a la petición de diversos sectores de la sociedad, de cancelar o modificar la fecha de las elecciones generales, convocadas para el 6 de septiembre de este año, hasta lograr la Reforma del Estado y que los cambios se apliquen en el actual proceso eleccionario.

Jorge Briz, jefe de la cúpula empresarial, informó que hace una semana se contrató a un grupo de expertos en la Constitución Política de la República para evaluar si es viable o no, suspender o cambiar la fecha de los comicios y que en los próximos días se dará a conocer el resultado de dicho análisis.

“Estamos haciendo un análisis profundo sobre este tema. Hemos contratado a tres abogados constitucionalistas para que nos rindan un dictamen porque estas decisiones deben tomarse apegadas a la ley y al pleno respeto de la institucionalidad y la democracia del país. Esperamos tener una respuesta de ellos por separado y posteriormente, estaríamos enviando el dictamen a las autoridades correspondientes para que tomen nota del mismo”, acotó Briz.

El equipo de profesionales que asesorará a los miembros del CACIF a fijar una postura respecto a la cancelación o cambio del día para celebrar la elección de autoridades lo conforman el abogado y miembro del Centro para la Defensa de la Constitución, Mario Fuentes Destarac; el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Maúl Figueroa; y el expresidente del Organismo Judicial, Gabriel Antonio Medrano Valenzuela.

Aunque a criterio personal, Jorge Briz expresó no estar de acuerdo con la solicitud de la población que busca retrasar las Elecciones Generales 2015, también declaró que no debería darse lugar a una modificación en la fecha designada para la toma de posesión de las nuevas autoridades que resulten electas.

Por lo tanto, el entrevistado resaltó que el acto de toma de posesión del próximo Gobierno debe ser el 14 de enero del 2016 porque de lo contrario, se generarían condiciones propicias para un golpe de Estado.

“En caso de no respetar esta fecha se estaría dando un golpe de Estado técnico porque no tendríamos un Presidente electo”, concluyó el representante del sector privado.

El reclamo de condiciones adecuadas para llevar a cabo las elecciones democráticas del próximo 6 de septiembre en el país, ha generado opiniones divididas en representantes de diferentes sectores de la sociedad guatemalteca, aunque la mayoría coincide en que antes de continuar con el actual proceso debe agilizarse la aprobación de la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en un intento por paliar la crisis institucional y sanear el sistema en Guatemala.

 

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