POR CLAUDIA PALACIOS
cpalacios@lahora.com.gt
La Presidenta de la Cámara Penal tiene un hijo procesado en el edificio junto a su oficina. La mujer con más poder del Organismo Judicial (OJ) tiene también una cuñada señalada de corrupción. Ella misma ha sido señalada de corrupción. El Presidente del OJ lo asegura reiteradamente, pero la ciudadanía, acostumbrada a desconfiar de sus autoridades, duda. ¿Podrá la Corte Suprema de Justicia (CSJ) garantizar un proceso independiente para los familiares de Blanca Stalling?
La próxima semana Blanca Stalling cumplirá 30 días separada de su cargo como Presidenta de la Cámara Penal. De acuerdo con Ángel Pineda, vocero del OJ, su ausencia fue voluntaria y por razones personales. Sin embargo, la togada renunció un día después de que la CSJ se reuniera en pleno extraordinario para discutir sobre los señalamientos en su contra, según indicó uno de los magistrados que la conforman.
Stalling puso a la CSJ en el ojo del huracán luego de que su nombre fuera mencionado en una de las conversaciones telefónicas interceptadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) en el caso denominado «Bufete de la Impunidad».
«Nosotros aquí estamos al pie del cañón, no te estamos abandonando en absoluto, vos sabes. Blanca Stalling es la que está detrás y ellos (los abogados) tienen muy buena comunicación, estamos en esa», aseguró Luis Mendizábal a Javier Ortiz, presuntos cabecillas de la estructura de defraudación aduanera «La Línea», quienes, según los entes de investigación, fraguaron un negocio con la jueza Marta Sierra de Stalling para que Ortiz y dos líderes más lograran salir en libertad con medida sustitutiva.
El nombre de la togada pudo ser mencionado al azar, como ella misma aseguró. El MP se reservó los comentarios al respecto de su mención en la conversación, pero para la CICIG, existen otras conexiones que deben ser investigadas.
«LA JUEZA DE LA IMPUNIDAD»
El 16 de abril de 2015, fecha en que se ejecutaron las detenciones de los integrantes de la estructura de defraudación aduanera «La Línea», el cual quedó a cargo de la jueza Sierra de Stalling.
El lunes 21 de abril, en horas de la madrugada, tras una maratónica audiencia, la jueza decidió ligar a proceso a los veintidós sindicados, pero solo envió a prisión preventiva a dieciséis de ellos. Los presuntos cabecillas, Francisco Javier Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana y Salvador Estuardo González Álvarez, junto a Mónica Jáuregui, Carlos Icxtuc Cuc y José Rolando Gil Monterroso fueron beneficiados con arresto domiciliar a cambio de fianzas entre los Q200 mil y Q250 mil.
De acuerdo con la CICIG, «la togada no explicó los motivos por los cuales consideró que la situación de esas seis personas difería del resto de los sindicados, ni especificó la razones para otorgar las fianzas».
El ente investigador solicitó autorización para interceptar los teléfonos de Luis Mendizábal Barrutia, empresario vinculado a la red, y por este método se logró establecer que la decisión favorable a los intereses de los supuestos líderes de La Línea, pudo responder a una negociación ilegal entre éstos y la jueza Sierra de Stalling, gestionada por Mendizábal Barrutia y personas cercanas a él, a cambio de dinero.
Además, se determinó que, entre el 16 y 17 de abril, familiares de Ortíz Arriaga, cobraron cuatro cheques por US$74 mil 200 y otro por Q1 millón 300 mil. Los documentos del banco señalan que en el formulario por el cobro de este cheque la familia de Ortíz Arriaga anotó que los fondos se destinarían al pago de una fianza; sin embargo, en esa fecha, la jueza aún no había resuelto si los sindicados serían procesados por las imputaciones.
En vista de la probable participación de la juez, la CICIG y el MP solicitaron autorización a la CS para poder investigarla. El antejuicio de Sierra de Stalling, aún está a la espera de una recomendación del Juez Pesquisidor del caso.
LA FAMILIA SIERRA STALLING
Sierra de Stalling, la jueza que presuntamente aceptó un soborno para liberar a los cabecillas de La Línea, está casada con Eduardo Stalling Dávila, hermano de la magistrada de la CSJ. Su hijo, Roberto Stalling Sierra, también abogado, trabajó en el Instituto de la Defensoría Pública Penal (IDPP) cuando Blanca Stalling lo dirigía y ha sido vinculado por la CICIG con Jorge Luis Escobar Gómez, uno de los abogados del «Bufete de la Impunidad», con quien litigó.
Christian Ulate, representante de la CICIG en el proceso del Bufete de la Impunidad, llamó la atención del juez contralor del caso sobre esta trama familiar y aseguró que constituye «una serie de indicios que, concatenados unos con otros, van mostrando una relación a la que hay que poner atención y adonde hay que dirigir la investigación».
«Jorge Luis Escobar Gómez, uno de los sindicados por el soborno, proviene de la Defensa Pública, al igual que José Luis Montenegro y Luis Fernando Zapata Mendoza. Él (Escobar) ha litigado con una persona que no se ha mencionado aquí, pero que reconoció conocerlo en la Defensa Pública. Hablo de Roberto Sierra Stalling, sobrino de Blanca Stalling e hijo de la jueza que resolvió este caso (Marta Sierra)», explicó Ulate al togado.
El MP no ha tomado ninguna acción contra Stalling, sin embargo, el expediente judicial del «Bufete de la Impunidad» aún está en etapa de investigación.
EL HIJO DE LA MAGISTRADA
Una semana después de que Stalling fuera salpicada por el escándalo de corrupción, su hijo menor, Otto Fernando Molina Stalling fue capturado por el MP y la CICIG, acusado de ser uno de los cerebros de un fraude al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que costó Q116 millones al Estado y la vida a 16 pacientes con insuficiencia renal. La fiscalía le imputa los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo.
Junto al hijo de la magistrada fueron ligados a proceso y enviados a prisión preventiva los miembros de la Junta Directiva del IGSS, incluyendo a su entonces presidente, Juan de Dios Rodríguez, y los representantes de la droguería Pisa.
Las investigaciones apuntan a que Fernando Molina Stalling y el particular Humberto García Granados, negociaron con funcionarios del IGSS la adjudicación de un contrato anómalo a favor de la empresa farmacéutica por Q116 millones, para el servicio de diálisis peritoneal a pacientes con insuficiencia renal, pese a que Pisa no contaba con licencia sanitaria, ni con la estructura o el personal para brindar el servicio.
El MP aún no ha determinado si Juan de Dios Rodríguez y el resto de la Junta Directiva tenían conocimiento de las negociaciones del contrato; sin embargo, algunas conversaciones interceptadas apuntan a que el expresidente del IGSS podría haber influido en la adjudicación.
En una conversación entre Herberth García Granados, presunto artífice de las negociaciones, con Roberto Lorenzana Ortiz, representante legal de droguería Pisa para gestionar la adjudicación de un contrato para el servicio de hemodiálisis a pacientes del IGSS, Lorenzana Ortiz pregunta a García Granados con quién puede contactarse para lograr que se «bote» la adjudicación a la competencia, a lo que éste responde que solamente puede hablar con «JD», porque él es «el que manda». La plática es la siguiente.
– Que llamen desde arriba pa’que boten eso… un nombrecito
– Ah…JD, nada más.
– ¿Directamente?
– Sí, ahí él es el que manda.
– Y abajito, con quien vos hablabas, ¿no?
– Ah no, ahí no, ahí porque si arriba ya está dicho, ya el de abajo no hace nada, no puede hacer nada
– Voy a ver si lo logro.
JD Y SU RELACIÓN CON LOS STALLING
Una de las fiscales del caso insinuó esta conexión al juez contralor. «Si regresamos a ver la integración del IGSS, presidido por una Junta Directiva, cuyo Presidente coincidentemente tiene el nombre de Juan de Dios, son las iniciales que utilizan en esta conversación, los dos interlocutores», señaló.
Cuestionada sobre los señalamientos contra su hijo, Stalling se mantuvo en firme. «No puedo emitir comentarios sobre el caso, porque mi investidura como magistrada me lo impide», dijo, y aseguró que se inhibió de conocer cualquier acción relacionada a los casos en los que están involucrados sus familiares.
Sin embargo, en una entrevista con Plaza Pública en noviembre de 2014, Stalling admitió que su hijo conocía al expresidente del IGSS.
«Mi hijo es auditor, está metido en grupos gremiales y trabajó en la Contraloría General de Cuentas y, en alguna reunión, conoció a Juan de Dios. Eso fue antes de que llegara al IGSS, pero se hicieron amigos. Mi hijo me dijo que Juan de Dios le había llamado para trabajar y ahí fue cuando yo tuve la oportunidad de tener una relación con él. En otro tipo de reuniones lo conocí y le dije: ‘Yo soy la mamá de Otto'», dijo la magistrada a la periodista de Plaza Pública.
De acuerdo con el artículo, para asegurar su elección en las elecciones a la CSJ, «Stalling formó parte del «Grupo del Ejecutivo», operado por el actual presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el coronel retirado Juan de Dios Rodríguez López y el empresario Gustavo Herrera, operador político del Gobierno».
LA SOMBRA DE STALLING SOBRE LA CSJ
La CSJ, que desde su cuestionado nombramiento lucha para generar confianza en la población, también fue golpeada por los señalamientos contra la togada.
Josué Felipe Baquiax, presidente del OJ y la CSJ, reiteró una y otra vez ante los medios de comunicación que la renuncia de la magistrada o su remoción del cargo como Presidenta de la Cámara Penal no estaba en manos de la institución, porque la ley le otorga el beneficio de la duda.
Sin embargo, la CSJ se reunió para debatir el tema que estaba afectando su credibilidad y aunque el Presidente del OJ dejó que se ejerciera alguna presión sobre la togada, la mañana siguiente, Stalling presentó una solicitud de licencia sin goce de sueldo por un mes, la cual fue aprobada inmediatamente. Ese mismo día, Delia Marina Dávila Salazar, vocal IV, fue nombrada Presidenta de la Cámara Penal.
RENUNCIAR O NO RENUNCIAR
La próxima semana se vence el mes que Stalling tomó de licencia y deberá regresar a la CSJ. El OJ aún no ha querido especificar si la magistrada regresará a su puesto como titular del Ramo Penal o si será separada de la Cámara.
Ramón Cadena, del Centro Internacional de Juristas, indicó que los señalamientos contra Stalling y su familia surgieron en medio de una crisis de credibilidad que afecta al OJ y a todas las instituciones del Estado.
«La situación del OJ es verdaderamente crítica, con todos los señalamientos y los antejuicios contra jueces. La llegada de Blanca Stalling va a venir a profundizar más esta crisis, porque hay personas familiares de ella, ligadas a procesos paradigmáticos y de trascendencia nacional, relacionadas con casos de corrupción», explicó Cadena.
Para el jurista, Stalling debe renunciar a su magistratura o ser separada de la Cámara Penal. «El funcionario Público debe pensar en el bienestar del país y su renuncia puede ayudar a sanear un proceso marcado por el tráfico de influencias y la corrupción», indicó Cadena.
EL RIESGO
El Artículo 2 de la Ley de la Carrera Judicial estipula que en el ejercicio de la función jurisdiccional, los jueces y magistrados son independientes; resolverán los asuntos que conozcan con absoluta imparcialidad y están sujetos, únicamente, a la Constitución Política de la República, a las leyes y a los convenios internacionales ratificados por Guatemala.
El mismo artículo señala que los jueces y magistrados ejercen por igual, aunque con competencia distinta, el poder jurisdiccional que la Constitución Política de la República asigna al Organismo Judicial, razón por la que, en su ejercicio no existe diferencia jerárquica ni dependencia entre ellos.
Lizardo Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac, señala que en la práctica la jurisdicción de jueces de magistrados está comprendida como una jerarquía, en la cual, los magistrados pueden ejercer algún tipo de presión sobre los jueces.
Acuña coincide que este riesgo es latente en el caso de Blanca Stalling y coincide con Ramón Cadena en que la magistrada debe separarse de su cargo en beneficio de las investigaciones.
Se intentó contactar a Stalling y Martha Sierra de Stalling, pero no respondieron a los llamados de La Hora.
LOS VÍNCULOS DE STALLING
1. Blanca Stalling. Magistrada de la Cámara Penal. Se ha retirado momentáneamente de la Corte Suprema de Justicia.
2. Marta Sierra de Stalling. La jueza Octava de Instancia Penal, es la cuñada de Blanca Stalling. Fue la primera jueza contralora del caso La Línea y enfrenta antejuicio por de otorgar medida sustitutiva seis presuntos miembros de la red a cambio de un soborno.
3. Roberto Eduardo Stalling Sierra. Hijo de Marta Sierra Stalling y sobrino de Blanca Stalling. Trabajó en el IDPP cuando su tía era la Directora. Ha sido abogado litigante en casos de narcotráfico.
4. Jorge Luis Escobar Gómez. Es abogado del «Bufete de la Impunidad», el cual presuntamente pagó un soborno a la jueza Marta Sierra. Además, trabajó en el IDPP y tiene un vínculo con Roberto Stalling, junto a quien litigó.
5. Otto Fernando Pérez Stalling. Hijo de Blanca Stalling, señalado de ser el autor de un fraude al IGSS. Ahí trabajó como auditor y conoció a Juan de Dios Rodríguez, según admitió su madre en una entrevista con Plaza Pública.
6. Juan de Dios Rodríguez. Fue exsecretario Privado de Otto Pérez Molina antes de asumir como presidente de la Junta Directiva del IGSS, también capturado por el fraude a dicha institución. Según una declaración de Carmen Aida Ibarra, publicada en La Hora, Rodríguez fue operador del Grupo del Ejecutivo en las últimas elecciones de magistrados de la CSJ y Cortes de Apelaciones.
