POR GRECIA ORTIZ
gortiz@lahora.com.gt

En una entrevista concedida a La Hora Departamental, la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) Thelma Aldana[R1] quien asumió ese puesto el 17 de mayo de 2014, destacó la importancia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y afirmó que aún falta presencia en el interior del país pues se cuenta con unas 33 representaciones en los 338 municipios que existen, resultado de la poca asignación presupuestaria que recibe esa institución.

La Hora Departamental ¿Cómo califica su primer año de gestión?
Thelma Aldana: Un año de mucho esfuerzo. Esa es la única calificación (…). Es un gran esfuerzo del personal del Ministerio Público, desde luego.

L.H.D. Sobre el trabajo de las fiscalías. ¿Qué lectura hace de su trabajo?
T.A. Cada Fiscalía tiene sus avances y dificultades, pero desde que asumí el cargo he tratado de fortalecerlas en el interior del país. Encontré condiciones deplorables en todo sentido, sin insumos para trabajar o condiciones de infraestructura adecuadas, los expedientes tirados en el piso. La situación del Ministerio Público que yo encontré era lamentable.
Por ejemplo, cuando visité Quetzaltenango les dije: “quiero ver el archivo” y me dicen: “no puede entrar porque se le vienen los expedientes encima”. Efectivamente, abrí la puerta y no se podía. La prensa estaba ahí y me cuestionan: ¿Qué le parece esto?, yo respondo que lo veo como un verdadero reto. Entonces empezamos a trabajar en Quetzaltenango y decidí crear una agencia liquidadora. Hoy ya se puede entrar al archivo porque muchos de esos expedientes fueron trasladados a la Fiscalía Liquidadora, para su análisis. Por eso digo que el primer año es de ordenar, de localizar expedientes.
Yo hablo de un millón 180 mil casos en mora, pero se trata de 1 millón 180 mil casos en mora y medio millón de casos en trámite. Hay desorden porque en muchas fiscalías tienen en el sistema informático 40 mil casos en mora, pero físicamente hay 50 mil. Pasa que no coincide lo que dice el sistema informático con lo físico.
Hay expedientes que se han encontrado solo con carátula, pero no tienen nada más, y le hablo de homicidios, robos, hurtos. Hay toda una gama de delitos. De ahí que el reto es ordenar primero y luego darle la salida procesal que corresponda, la salida que la ley permite. No se trata solo de salir de un expediente.

“Hay fiscales que tienen mil expedientes”.

L.H.D. Usted mencionaba la situación de las fiscalías en los departamentos, ¿Acaso no es un problema nacional?
T.A. Es en todo el país, pero hemos ido avanzando durante este año. Se les ha dado equipo nuevo, acorde siempre a las posibilidades. Se han reciclado escritorios; por ejemplo, los que se usaron en el Centro Contra la Corrupción eran viejos. Se trata de ir haciendo esfuerzos con lo que tenemos para mejorar, pero un cambio en el Ministerio Público no se puede ver en un año, ni en dos años. El proceso es a mediano y largo plazo.

L.H.D. ¿En qué sentido afecta al MP la falta de presupuesto y recurso humano?
T.A. En primer lugar, el problema está en la asignación de presupuesto. Ese es el primer valladar del Ministerio Público, porque se asigna un presupuesto que no responde a la planificación que tiene el Fiscal General. A eso le agregamos que no se entrega ese poco presupuesto al ciento por ciento. Entonces el daño es doble (…). Cuando Finanzas decide recortar el presupuesto al Ministerio Público, y lo mismo pasa con el Organismo Judicial, no lo hace con un criterio adecuado. Las entidades desarrollamos nuestra estrategia y nuestra planificación, pero Finanzas toma decisiones sin conocer la realidad, que en este caso se trata de la investigación y persecución penal.
La consecuencia es que de los 338 municipios del país, el MP solo tiene presencia en 33 municipios. O sea que el mapa de la desolación es grande y esto solo favorece a la criminalidad.

“Cuando Finanzas decide recortar el presupuesto al Ministerio Público, y lo mismo pasa con el Organismo Judicial, no lo hace con un criterio adecuado. Las entidades desarrollamos nuestra estrategia y nuestra planificación, pero Finanzas toma decisiones sin conocer la realidad, que en este caso se trata de la investigación y persecución penal”.

L.H.D. ¿Cómo planea ampliar la cobertura?
T.A. Espero hacerlo poco a poco, y priorizando los lugares más urgentes, particularmente las áreas fronterizas. Tengo la esperanza de que este año, Finanzas y el Congreso nos asignen un mejor presupuesto para llegar a estos lugares.

L.H.D. ¿En cuanto al recurso humano, con cuanto se dispone?
T.A. Tendremos un aproximado de seis mil trabajadores, aunque son más, desde luego.

“El propio fiscal contra la corrupción tenía que hacer toda la investigación, pero los fiscales no son expertos en todo. Saben mucho de derecho penal, pero poco de derecho administrativo. No le podría llamar fracaso, sino la falta de apoyo técnico. Por eso le asigné 13 personas más.”

L.H.D. ¿El recurso humano responde a las necesidades de la institución?
T.A. No, porque la cantidad de expedientes que tiene a su cargo cada fiscal es muy grande. Por ejemplo, hay fiscales que tienen mil expedientes. Y con cada uno tienen que diseñar una hipótesis y su plan de investigación. Y si la hipótesis que se plantearon no era la correcta, tienen que volver al inicio para trabajar otra y crear otro plan de investigación, para luego ejecutarlo. Esto es en cada caso. Tienen mil expedientes y están ingresando más. De verdad que es una tarea muy grande. Hay que estar uno aquí para darse cuenta del gran esfuerzo, aquí se trabaja las 24 horas los 365 días.

L.H.D. ¿Cómo afronta este reto para combatir la impunidad?
T.A. Claro que es un reto. Siempre lo consideré un reto desde el momento en que me postulé. El peor momento lo viví acá, cuando derivado de mi experiencia de tribunales me interesé en conocer la cantidad de expedientes en mora. Sé que mora siempre hay y por eso pedí el dato de Villa Nueva, donde hay 40 mil expedientes; en Cobán son 60 mil, y en la Fiscalía Metropolitana haya 130 mil expedientes.
Les pedí a los técnicos de informática el número total de casos en mora y cuando me dieron el dato me pregunté: ¿Qué voy a hacer? En esta situación mi obligación es mayor y mi reto también. De eso tendré que rendir cuentas cuando salga de aquí.

L.H.D. En un país asediado por la corrupción, ¿Por qué la Fiscalía Contra la Corrupción tiene resultados pobres?
T.A. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) lleva casos en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su objetivo son las estructuras incrustadas en el Estado. Los fiscales trabajan en conjunto con la CICIG, porque ellos no pueden actuar solos. La CICIG no puede actuar sola, es imposible legal y técnicamente. Entonces, mi planificación estratégica es que FECI aproveche la experiencia de la Comisión y que en conjunto se lleven los casos.
Por ejemplo, el “Caso La Línea”, las 66 mil escuchas telefónicas se recibieron aquí en el Ministerio Público y fueron los fiscales los que pidieron autorización judicial para interceptar esas líneas telefónicas. Luego fue la Dirección de Análisis del Ministerio Público, con técnicos de la CICIG, quienes hicieron el análisis de esas escuchas.
Por otro lado, la Fiscalía contra la Corrupción apenas en el mes de marzo de este año la empecé a fortalecer; esta fiscalía ya tenía fiscales pero sin investigadores, ni técnicos.
El propio fiscal contra la corrupción tenía que hacer toda la investigación, pero los fiscales no son expertos en todo. Saben mucho de derecho penal, pero poco de derecho administrativo. No le podría llamar fracaso, sino la falta de apoyo técnico. Por eso le asigné 13 personas más.

“Estoy segura que en poco tiempo FECI se va a convertir en una fiscalía élite en el país. Esa es mi estrategia”.

L.H.D. ¿En el tema de la Fiscalía Contra la Corrupción, se sabe que pedían apoyo de investigadores a otras Fiscalías?
T.A. Pues ahora hay personal suficiente. Son 30 personas en la Fiscalía de Delitos Administrativos [R2]y 54 en la Fiscalía contra la Corrupción. No creería en este momento que se tenga que pedir apoyo a otras fiscalías. Posiblemente lo hacían antes de que yo viniera, pero los resultados eran muy malos.
Pero con 54 personas no tienen que pedir apoyo. Otras fiscalías sí requieren apoyo, porque los operativos son muy grandes. A la FECI por ejemplo, las otras fiscalías le dan apoyo para los operativos; ejecutar 18 allanamientos en un día es imposible para ellos solos. Ahí salen a ayudar otras fiscalías y eso no trasciende porque no hay necesidad.

L.H.D. ¿Y respecto a las 150 denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas, de las cuales hay 11 sentencias?
T.A. Como le explicaba, un caso empieza con el planteamiento de la hipótesis y el plan de investigación, luego se pide la participación de un juez contralor, y él autoriza las diversas diligencias.
Trabajamos para que los procesos lleguen a tribunales y consigan una sentencia firme. Es decir no todo depende del MP. Ahora, si aquí dictáramos la sentencia, pues sería diferente. Ahora tenemos grandes retos, grandes luchas, tanto en el organismo judicial, como acá.
En el tema de corrupción, formé la Fiscalía de Asuntos Internos, que va a perseguir a quienes dentro del MP puedan cometer hechos constitutivos de delito; también está la Fiscalía de Delitos Administrativos, que también tiene su rol en este tema de la corrupción.
Todo esto empezó en abril, porque como estaba antes no servía. Estoy consciente que sin cambios hubiéramos seguido haciendo más de lo mismo y eso no sirve.

“Ahora será el Ministerio de Gobernación quien nos deberá de poner a disposición al señor Monzón para seguir con nuestro trabajo”.

L.H.D. ¿Qué importancia tiene la CICIG en el país?
T.A. Para mí es muy importante. Es vital porque nos está dejando una fiscalía de élite, que sola después tendrá que seguir luchando contra la corrupción, contra aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado y las estructuras criminales del estado. Esa es para mí la función básica de FECI, cuando no esté la CICIG lo tendrán que hacer solos, ese es el gran reto.

L.H.D. En las últimas investigaciones se ha trabajado con CICIG, ¿De qué manera ha venido a fortalecer el trabajo de la institución?
T.A. El Gobierno de Guatemala le pidió a Naciones Unidas la instalación de CICIG en el país y que hay que aprovechar ese mecanismo. Durante el año de mi gestión hemos trabajado coordinadamente con el señor Comisionado; hemos logrado articular los equipos conjuntos en la FECI con los técnicos de la Comisión. Esa es la capacidad instalada en el país, eso es lo fundamental.

_1 deparYo tengo que permitir que los técnicos de CICIG trabajen con FECI, porque si no lo permito le estoy quitando al país la posibilidad de mejorar la capacidad instalada. Tienen que trabajar como lo están haciendo ahora, muy hermanados. Trabajan sábados e incluso los domingos, es un gran esfuerzo de los fiscales y técnicos, igual que trabajo con el Comisionado.

Aquí no se trata solo de realizar seminarios y talleres. Llevar los casos de manera conjunta es contribuir a mejorar la capacidad instalada. Estoy segura que en poco tiempo FECI se va a convertir en una fiscalía élite en el país. Esa es mi estrategia. Y si no trabajamos juntos casos, como “La Línea”, el “Bufete de la Impunidad” y otros que estamos trabajando, de los que pronto tendrán noticias, si no se investigan en esas mesas conjuntas cómo podemos exigir a los fiscales que mejoren.

L.H.D. ¿Por qué ha sido tardía la captura de Juan Carlos Monzón?
T.A. Yo creo que esa pregunta la debe responder el Ministerio de Gobernación, porque el MP y la CICIG hizo una investigación conjunta de diez meses, y logramos llevar ante el juez una investigación preliminar que nos permitió hacer las órdenes de aprehensión. Hicimos lo que nos correspondía. Ahora será el Ministerio de Gobernación quien nos deberá de poner a disposición al señor Monzón para seguir con nuestro trabajo.

L.H.D. ¿Qué siente usted, cuando se evidencian los altos índices de impunidad, como por ejemplo el caso de Cristina Siekavizza del que no se tiene condena?
T.A. Bueno el caso Cristina Siekavizza lo estamos trabajando y yo estoy segura de una sentencia condenatoria. Esa es mi opinión.


En Cifras

1 mil expedientes tendrían asignados algunos fiscales
1 millón 180 mil casos en mora
500 mil casos en trámite
33 Fiscalías en municipios de los 338.

 

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