POR BILL BARRETO
Plaza Pública
El expediente judicial del caso «La Línea» incluye menciones a funcionarios y exfuncionarios públicos. Uno de estos, aún no nombrado en las cortes, es el exsubcontralor de Calidad y Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas, Sergio Pérez, ahora asesor del partido Lider en el Congreso. También han sido aludidos la exregistradora General de la Propiedad, Anabella de León, candidata a la alcaldía del municipio de Guatemala por el Partido Patriota; el juez de Primera Instancia Penal de Mixco, Héctor Antonio Vides Marín; y un «magistrado» del Organismo Judicial, aún sin identificar.
El lunes 15 de diciembre de 2014, a las 10:20 horas, una camioneta Land Rover negra se aparcó en la 4ª avenida 15-46 de la zona 10, en el estacionamiento Plaza Viva. Del vehículo descendió un hombre de mediana edad y cabello gris, que ingresó al lugar por una puerta negra utilizando sus propias llaves. El hombre era Miguel Ángel Lemus, alias «Mike», uno de los jefes operativos de «La Línea», la red criminal que defraudó el sistema de aduanas del país. La puerta que abrió conducía a una entrada lateral del centro operativo de la red delictiva, la Boutique Emilio, propiedad del empresario Luis Alberto Mendizábal Barrutia.
Minutos más tarde, un hombre de unos 50 años, vestido con traje beige, corbata a juego y camisa azul, descendió de una camioneta Toyota e ingresó por la misma puerta. Por el número de matrícula (P-763FKP) el vehículo fue reconocido como un automóvil registrado a nombre de la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC), la institución encargada de fiscalizar el uso de los recursos financieros del Estado. El hombre fue identificado por los investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), como Sergio Oswaldo Pérez López, quien entonces era el Subcontralor de Calidad y Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Pérez había sido seleccionado doce días antes por una Comisión de Postulación como uno de los seis candidatos entre los cuales el Congreso de la República elegiría al próximo jefe de la Contraloría. El cargo al que se postulaba Pérez incluía la responsabilidad de garantizar que funcionarios o particulares no robaran o malversaran fondos públicos. Esta reunión fue documentada con fotografías durante un seguimiento policial.
En las oficinas de Boutique Emilio se hallaron Q1.6 millones y US$160 mil en efectivo, los cuales según la hipótesis de la CICIG y el MP, eran producto de cobros ilegales resultado de la defraudación aduanera realizada por «La Línea», la red criminal desbaratada el pasado 16 de abril.
Ese mismo día -15 de diciembre-, hubo diez llamadas telefónicas entre Pérez y Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias «Teniente Jerez», jefe operativo de la estructura externa de «La Línea» desde hacía dos meses y medio. Minutos antes de la llegada de Pérez a la «oficinita» de la Boutique Emilio, Ortiz recibió una llamada de Roberto Antonio Ramírez de Paz, alias «Riky», el responsable financiero de la red quien le dijo a su jefe que no podía asistir a la reunión pero que «felicitara» a Pérez de su parte. Esas conversaciones fueron interceptadas por los investigadores respaldados con orden de juez.
El 20 de enero, el día en el que el Congreso de la República eligió al nuevo Contralor General de Cuentas, a las 8:39 horas, Ortiz llamó por teléfono a Pérez para pedirle una reunión de urgencia. Acordaron citarse en una cafetería del centro comercial Pradera, media hora después. Cinco minutos más tarde llegó al mismo lugar Jorge Alfredo Guillén Sagastume, uno de los encargados externos de aduanas de «La Línea».
Ese día fue agitado para los jefes de la estructura. Ortiz convocó a la plana mayor de los operadores de la red criminal a una reunión a las 13:30 horas en el restaurante Tapas y Cañas, de la zona 10. Al llamado acudieron el jefe de la estructura externa, Salvador Estuardo González Álvarez, alias «Eco»; Miguel Ángel Lemus Aldana «Mike», jefe operativo; y Geovani Marroquín Navas, el enlace entre los agentes externos de la estructura y los más altos funcionarios públicos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Se desconoce lo discutido por Ortiz durante los encuentros que sostuvo ese día con Pérez y con los altos mandos de «La Línea». En las conclusiones del informe judicial de la CICIG sobre ese grupo criminal, al cual Plaza Pública tuvo acceso, se menciona a Pérez: «Según la investigación, se evidenció que para la organización, es importante tener injerencia en la Contraloría General de Cuentas, para lo cual buscaron por parte del grupo delictivo colocar como Contralor General al señor Sergio Oswaldo Pérez López, sin lograrlo, pero igualmente esta persona fungía para la época como Subcontralor General de Cuentas».
«CONOCÍ A LUIS MENDIZÁBAL POR DON JAVIER (ORTIZ)»
Pérez se presentó por primera vez como candidato a Contralor General de Cuentas, en 2006, pero fracasó. Luego se incorporó al grupo Excelencia Profesional, el cual apoyó con anterioridad la candidatura de Carlos Mencos (el actual Contralor) y luego la de Nora Segura, quien desplazó a Mencos de esta agrupación gremial. Aunque Pérez asegura que no era integrante «formal» de este grupo, y que sólo los ayudó en cursos de capacitación, fue el ungido para representarlo en las elecciones de Contralor General de 2014, proceso en el que tampoco tuvo el éxito deseado.
Pérez empezó a laborar en la Contraloría en 2011 como asesor del área jurídica y pronto se convirtió en uno de los hombres de confianza de la excontralora Nora Segura, quien en marzo de 2012 lo nombró Subcontralor de Calidad y Gasto Público, cargo en el que continuó hasta enero de este año.
A Pérez se le conoce en el Congreso de la República desde 2008, donde fue asesor en las comisiones de Turismo, Descentralización y Desarrollo (2009 y 2010); y en la segunda Secretaría de Junta Directiva (2011), con Juan Carlos Rivera Estévez. En todo ese tiempo Pérez fue ligado al partido Victoria, de la familia Rivera, agrupación incorporada al partido Libertad Democrática Renovada (Lider) desde el año pasado.
Plaza Pública consultó a Sergio Pérez sobre su aparición en los informes que forman el expediente judicial del caso «La Línea» y la relación entre estos hechos y su postulación a la Contraloría General de Cuentas. Pérez es asesor del subjefe de bloque de diputados de Lider, Leonardo Camey.
Sergio Pérez: «Lo que pasa es que todos creían, y oían en la calle que yo iba a ser (el próximo Contralor), pues, entonces obviamente… Es lo que le digo, todos buscaban acercarse a uno, saludarlo… ehhh… Entonces… este… ehhh… Yo inclusive conocí a Luis Mendizábal por don Javier, porque nosotros don Javier le decíamos. Me dijo le voy a presentar a una persona».
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LAS TRES HIPÓTESIS DE ANABELLA DE LEÓN
La exregistradora General de la Propiedad y ahora candidata a la alcaldía de la municipalidad de Guatemala por el Partido Patriota, Anabella de León, también aparece como aludida en una de las escuchas telefónicas interceptadas por los investigadores en el caso de «La Línea». En una serie de llamadas de fecha 22 de julio de 2014, el entonces jefe de la estructura operativa, Osama Ezzat Aziz Aranki, pide referencia a Melvin Gudiel Alvarado de León, un funcionario de la SAT, administrador de la Aduana Puerto Quetzal, sobre las presiones de un personaje externo a la red. «Dame el nombre completo», pide Osama. Las conversaciones continúan entre los miembro de la estructura para averiguar quién ha hablado con uno de los agentes de «La Línea». Finalmente, en otra escucha telefónica entre Mynor Pineda, un responsable financiero, y «W», William Estuardo Morales Lima, funcionario de la SAT y coordinador de Aduana Puerto Quetzal, se menciona a este nuevo personaje.
«W» dice: «Quiero hablarle del clavo de Batach porque ya está hablando hasta la Anabella de León, como que es del Registro Mercantil, la Registradora está hablando por ese caso, que ya le habló al Super (el superintendente de entonces Carlos Muñoz), y es un vergueo para que nos den apoyo…».
Plaza Pública consultó a Anabella de León Ruíz, diputada durante 16 años, exfiscal electoral del Partido Patriota, abogada en varias ocasiones del presidente Otto Pérez Molina y de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, como recalca a lo largo de la entrevista.
Anabella de León: «Yo lo que le digo es que, es otra persona y a mí me quieren involucrar en esta situación, lo están haciendo a estas alturas cuando ya se les está terminando el plazo de la investigación. Sacan estas escuchas y me mencionan a… Supuestamente a mí porque yo soy Anabella de León; Anabella de León, la política, Anabella de León, la famosa; Anabella de León, la funcionaria y lo que es más importante Anabella de León, la candidata a la alcaldía de la ciudad capital».
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EL BUFETE DE LA IMPUNIDAD Y UN «MAGISTRADO»
El pasado 8 de mayo la CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP, presentaron una solicitud de antejuicio contra la jueza Marta Josefina Sierra González de Stalling. La hipótesis de la fiscalía fue que la jueza pudo llegar a acuerdos ilegales con seis sindicados de la red, a quienes benefició con fianzas para salir en libertad. Sierra de Stalling es cuñada de la magistrada Blanca Stalling, quien aparece mencionada en una escucha telefónica por Luis Mendizabal, uno de los jefes de «La Línea» como quien «está detrás» de obtener la libertad condicional para los cabecillas detenidos.
En esa ocasión, la CICIG argumentó que la jueza Sierra de Stalling no explicó las razones por las cuales otorgó la libertad a seis de los sindicados, mientras dejaba en prisión a otros 16 capturados. La jueza otorgó fianzas a Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias «Teniente Jerez»; Miguel Ángel Lemus Aldana, alias «Mike»; Salvador Estuardo González Álvarez, alias «Eco», los presuntos líderes de la estructura; así como a Mónica Jáuregui, técnica aduanera, a quienes les impuso una fianza de Q200 mil a cada uno. Mientras que a Carlos Icxtuc Cuc y José Rolando Gil Monterroso, también técnicos aduaneros, les fijó un pago de Q250 mil.
El mismo día de los operativos, y antes de que hubiera una autorización judicial, en una llamada a Ortiz, su jefe Luis Mendizábal le informa que la decisión les será favorable. Unos días después los jefes salen con libertad condicional. Entre el 16 y 17 de abril, familiares de Francisco Javier Ortiz Arriaga, cobraron cuatro cheques por US$74,200.00 de la cuenta en dólares a su nombre; y un quinto cheque por un millón 300 mil, de otra cuenta suya. En el formulario que la hija de Ortiz Arriaga debió llenar por el cobro de este cheque anotó que los fondos se destinarían al pago de una fianza. Esta gestión fue facilitada por Ruth Emilza Higueros Alay, asistente del abogado José Arturo Morales Rodríguez, alias «Chepito», quien aparece referido en las conversaciones telefónicas como el encargado de gestionar la salida. Por el caso además fue detenido el abogado Jorge Luis Escobar Gómez, responsable de llevar a cabo la representación formal en el juzgado.
Pero esa no fue la primera vez que Emilza Higueros tenía contacto con integrantes de la estructura. El expediente del caso «La Línea» consultado por Plaza Pública da cuenta que el 13 de diciembre de 2014, el mismo Javier Ortiz había contactado con Emilza Higueros para gestionar otro servicio para la red. Uno de sus más cercanos colaboradores, Miguel Ángel Lemus Aldana, alias «Mike», fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil, con base en una orden de detención girada en 2013, la cual el suponía había sido conmutada al pagar la multa impuesta.
«Mike» fue detenido por policías en un retén y llamó a su jefe Ortiz, quien de inmediato se contactó con Emilza Higueros. Esta le aseguró, según las escuchas telefónicas presentadas por la fiscalía, que podía acelerar la excarcelación de «Mike». Le dijo que tenía que presentarse ante el juzgado en Mixco, donde estaba detenido. En otra conversación telefónica del mismo día, a las 9:28 horas, Ortiz se comunica con su jefe, Luis Mendizábal, y le transmite el nombre del juez con el que tendrán que «arreglarse»: Héctor Antonio Vides Marín. Las escuchas vienen y van en el caso, una hora después de la anterior en otra sesión, Mendizábal le relata a Javier que el juez «como no conoce el caso, no quiere resolverlo», según le cuenta «Mike». Mendizábal pide en ese momento el número del juez para que «el magistrado» (un personaje que no es identificado en las escuchas del informe) lo llame y «lo ponga en orden».
Vides Marín es juez de primera instancia penal de Mixco, donde atiende el juzgado de turno, y tiene 17 años de experiencia en el Organismo Judicial.
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