POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Ante la propuesta del Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, de eliminar la ejecución de recursos públicos en proyectos y obra gris mediante el uso de los fideicomisos, el Ministerio de Finanzas aseguró que el principal reto es la dispersión de las normas que lo rigen y la falta de un cuerpo normativo que regule la ejecución presupuestaria de la administración central que se realiza bajo esta modalidad.
Mediante la vía electrónica y atendiendo una solicitud de La Hora, la cartera de Finanzas Públicas fijó su postura sobre la petición del Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, de eliminar la ejecución de fondos con fideicomisos y las Ong, hecha el pasado jueves en el marco de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado.
El titular de la CGC dijo el 18 de junio último, que el problema en fiscalizar los fideicomisos, se debe a que esta figura no se encuentra ligada a la referida Ley y por ende, existe mucha dificultad para la auditoría “ya que sus fiduciarios son los bancos y estos no nos dejan ser fiscalizables porque están sujetos a la Superintendencia de Bancos”.
Al respecto, el Minfin aclaró que ninguno de sus programas y proyectos se ejecuta a través de un fideicomiso, y que actualmente, menos del 5 por ciento de la ejecución presupuestaria total de la administración central se realiza bajo esta modalidad.
De igual forma, explicó que aunque la legislación vigente contempla la posibilidad de ejecución de recursos públicos por medio de fideicomisos (Código de Comercio, capítulo V), el desafío más grande que atraviesa esta modalidad de ejecución, es la dispersión de las normas que lo rigen y la falta de un cuerpo normativo que los regule.
“En cumplimiento de la función de defensa del interés hacendario del Estado, el Minfin norma y supervisa la ejecución presupuestaria por medio de los fideicomisos públicos, consolida y publica información sobre sus finanzas y los bienes y servicios que estos generan. También debe tenerse en cuenta que los procesos de extinción y liquidación de los fideicomisos son complejos y prolongados, lo que puede redundar en meses o años de trabajo según el caso particular”, dice el texto enviado por Finanzas Públicas.
Sin embargo, para el analista independiente Carlos Martínez, al no existir una ley de fideicomisos públicos, se da lugar a que cada dependencia del Estado pueda crear uno en cualquier banco como una vía para atender sus “necesidades del momento”.
El economista consideró que además de volver especialmente ardua la fiscalización, esta forma de crear fideicomisos da lugar también a que sea complicado llevar un registro exacto de ellos y añade que si bien la única normativa que los regula es el Código de Comercio, su alcance se limita a aspectos relacionados a su figura legal.
Según el entrevistado, la mayoría de fideicomisos públicos están relacionados con la infraestructura o el desarrollo social y económico mientras el resto está ligado a la generación, transporte o distribución de energía eléctrica, la salud, la vivienda y el transporte público, entre otros aspectos.
“La figura de los fideicomisos se ha utilizado últimamente de forma discrecional y sin resultados importantes en toda clase de gasto para evadir las normas de transparencia y fiscalización”, subrayó Martínez.
