POR VIRGINIA CONTRERAS
vcontreras@lahora.com.gt
Los problemas que aquejan el transporte urbano en Guatemala parecen generar un efecto dominó. Por un lado, los pilotos de las unidades son víctimas de las extorsiones, en donde semanalmente pagan un promedio de Q800 por unidad; por el otro, el usuario resulta víctima de los pilotos, ya que indirectamente se le recarga la cuota de la extorsión con el cobro no autorizado en el pasaje, pero además, debe soportar la agresividad verbal de choferes y ayudantes, así como el abuso físico, la velocidad excesiva, el mal estado y hacinamiento en las unidades, algo cotidiano para quienes por necesidad abordan un autobús.
Las extorsiones se han convertido en un fenómeno violento sin precedentes en el país, además de ser un negocio que ha crecido en los últimos diez años y ha generado ganancias millonarias a los grupos delincuenciales que se dedican a estos cobros ilegales, que actualmente han sufrido algunas modalidades. Al inicio eran dirigidas a los dueños del transporte para luego trasladarse a los pilotos que conducen las unidades, lo que ha incurrido en que de manera indirecta el usuario sea quien la sufrague con el aumento a la tarifa.
Para Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), este servicio ha venido deteriorándose comparado con el que se prestaba hace unos 35 años, debido a que los empresarios del transporte urbano se dieron cuenta en que lo importante era que tuvieran los buses registrados para obtener el subsidio, aunque las unidades no circularan.
Asimismo, Linares indicó que el hecho de que los autobuses son ahora alquilados por los pilotos a los transportistas, a quienes se les debe entregar una cuota diaria, ha llevado a cometer algunos abusos enormes en contra de los usuarios.
SUBSIDIO
El subsidio fue aprobado en 1978 como resultado de la crisis que afrontaba el transporte colectivo urbano en la ciudad, a razón de que un grupo de pilotos demandaban un aumento de salarios nominales que los empresarios se negaban a otorgar, aduciendo imposibilidad económica en tanto no se elevara el precio del pasaje.
El gobierno favoreció a los empresarios y les aseguró la máxima ganancia a costa de los sectores populares, lo que permitió conservar la continuidad del servicio a un alto precio que más tarde implicaría el aumento a los subsidios, incurriendo con ello a agravar la situación financiera del Estado.
Este año el presupuesto aprobado por el Congreso de la República aumentó el subsidio al transporte urbano de Q245 millones en 2014 a Q435 millones, evidenciándose que este aumento no se traslada en mejoras a la calidad prestada al usuario debido a que no existe verdadera fiscalización de su ejecución.
Carlos Sandoval, portavoz de la Municipalidad de Guatemala, indicó que a la comuna capitalina no le compete la supervisión de esta fiscalización, ya que solo es el ente supervisor del cumplimiento del recorrido de las 2 mil 776 unidades (buses rojos) del área metropolitana más los 450 Transurbano. Añadió que el mantenimiento de los mismos le corresponde a los consorcios de autobuses urbanos como Bolívar, Eureka, Unión y La Fe, quienes conforman la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU).
Sandoval expresó que existió un compromiso por parte del gobierno anterior que consistía en renovar el parque vehicular de los autobuses rojos por 3 mil 150 unidades de Transurbano, el cual consta dentro de uno de los artículos del Reglamento de la Superintendencia de Transporte Público (STP), con lo que se pretendía modificar el servicio de transporte urbano. Lo cual nunca sucedió.
“Debido a ello se sigue operando con unidades en malas condiciones, pero al final de cuentas si se sacan las que presentan desperfectos, en muchos lugares se quedarían sin transporte”, admitió.
MULTAS
La STP, vinculada a la Municipalidad, informó que esa entidad es la encargada de supervisar y fiscalizar el transporte, en el sentido de que los autobuses estén cumpliendo los recorridos para los cuales están definidos, verificar que estén en las condiciones “exteriores” adecuadas y que se conduzcan prudentemente; así como que cobren la tarifa autorizada, entre otros.
En este sentido, la STP a mayo de este año ha impuesto 2 mil 457 multas por conducir de manera imprudente, 1 mil 442 por no cumplir con los requerimientos del ente rector en materia de transporte urbano y 3 mil 082 multas por tarifa no autorizada, siendo las rutas 83 Jocotales y 73 El Naranjo las que reciben más infracciones en este tema.
Asimismo, la entidad indicó que cuando un bus carece de los requerimientos mínimos para circular es multado y al acumular diez boletas, el autobús es retirado por malas condiciones. El procedimiento para que la unidad vuelva a prestar el servicio es tener que pasar por una revisión y de no ser esta positiva es retirada de circulación; sin embargo, pese a que el Reglamento establece la revisión anual de los autobuses, los dueños de los transportes no las presentan.
En tanto, en medio del pleito por la repartición del subsidio se encuentra el usuario de este sistema, quien se enfrenta día a día a un suplicio que implica moverse en unidades en malas condiciones, sucias, con asientos inutilizables, sobrecargadas, así como soportar malos tratos, abusos o en el peor de los casos, encontrar la muerte en un asalto o ataque directo.
DENUNCIAS
De acuerdo con Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el sistema de transporte colectivo presenta varias deficiencias internas, como las tarifas politizadas y no relacionadas a los costos reales de operación, la reducida capacidad económica de empresarios y autoridades para invertir en el sistema y la inseguridad vial y ciudadana para los usuarios.
Guerra enfatizó en que las denuncias más comunes interpuestas por la población son el maltrato verbal, y en ocasiones físico, a los usuarios así como el aumento arbitrario del pasaje. Añadió que esta lamentable situación, también afecta al adulto mayor, pese a que la Ley de Protección a las Personas de la Tercera Edad garantiza el transporte gratuito a ese grupo etario, además de que los transportistas reciben un subsidio para estas situaciones.
“Este contexto violenta los derechos de las personas de la tercera edad y en este sentido se están realizando acciones concretas que pretenden eliminar este tipo de discriminación hacia ellos, ya que históricamente es un sector de la población guatemalteca que ha sido minimizado”, recalcó.
La vicepresidenta de la Asociación de Usuarios de Transporte Urbano y Extraurbano (AUTUE), Johana Cabañas, mencionó que las denuncias que esa entidad recibe van desde el cobro ilegal del pasaje, así como el maltrato por parte de los conductores y sobre todo por acoso sexual hacia menores de edad de 14 a 17 años, cuando se dirigen a los centros educativos.
Cabañas dijo que en este tema se reciben de 20 a 25 denuncias por día, las cuales son enviadas tanto a la PDH como al Ministerio Público (MP), pero la mayoría son puestas de manera anónima y eso evita que se siga un proceso adecuado.
El año pasado AUTUE recibió 99 denuncias por acoso sexual y diez por violación en el transporte público. Para este año se cuentan seis por violación sexual, de las cuales tres de ellas se registraron en la ruta hacia Antigua. Cabañas considera que la ausencia de buses y el hacinamiento de los pasajeros dentro de las unidades conlleva a que existan roces y manoseo, pudiendo llegar a que hombres se masturben y eyaculen tanto en hombres como en mujeres, ya que han recibido denuncias de ambos sexos en este contexto.
La Vicepresidenta recalcó que algunas unidades del transporte cuentan con monitores adentro que transmiten videos musicales, en donde la mayoría de las veces proyectan a mujeres bailando con poca ropa, lo que viene a degenerar la mente de los usuarios masculinos que se conducen en ellos y puede incitarlos a la violencia sexual en contra de las mujeres.
“Hace dos meses recibimos una denuncia relacionada, en donde un hombre intentó tocar a una mujer y al ver que ella no se dejó continuó intentando, por lo que varios pasajeros se metieron a defender a la señorita y hasta el piloto y el ayudante tuvieron que bajar de la unidad al agresor”, explicó.
La entrevistada manifestó que se ha buscado el acercamiento con entidades de Gobierno y con el MP para focalizarse en el tema de violencia sexual en los autobuses, pero aduce que han mostrado su negativa.
EL PERDEDOR
Mariano González, investigador del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) señaló que el eslabón más débil en la cadena del transporte urbano es el usuario, pues es quien debe soportar la tensión de ir en el bus a instancias de que sea asaltado; así como de que se le cobre más y la mala calidad de las unidades.
Gonzáles aseguró que el cobro ilegal del pasaje es uno de los temas por el cual el usuario termina molesto con los pilotos, lo que puede derivar en un acto violento. Aunado a ello, se perciben menos buses en circulación debido al poco control que se les extiende a los transportistas en el tema de subsidio, lo que incurre en que de forma general la calidad del servicio sea cada vez peor.
El analista afirmó que la conducta de los pilotos y ayudantes es bastante despótica, en donde no se debe dejar de lado las presiones a lo que ellos se enfrentan en cuanto a cumplir con una cuota diaria, tanto por el alquiler como el pago de las extorsiones y los peligros que los amenazan.
En tal sentido, la PDH a la fecha ha documentado la muerte de 117 personas entre usuarios y pilotos.
PROPUESTAS
Linares precisó en que la experiencia de algunas ciudades del mundo que tiene un servicio de transporte “decente” indica que es un servicio subsidiado por el Estado o por el gobierno municipal, donde las ventajas se perciben en los impactos favorables en la población al priorizar los tiempos de viaje, el gasto del combustible, la contaminación ambiental y la calidad de vida de los usuarios.
Q435 millones
El presupuesto aprobado por el Congreso de la República para el subsidio al transporte urbano. El año pasado era de Q245, pero este aumento no se traslada en mejoras a la calidad prestada al usuario debido a que no existe verdadera fiscalización de su ejecución.
2 mil 457
Multas se han impuesto por conducir de manera imprudente, 1 mil 442 por no cumplir con los requerimientos del ente rector en materia de transporte urbano y 3 mil 082 multas por tarifa no autorizada, siendo las rutas 83 Jocotales y 73 El Naranjo las que reciben más infracciones en este tema.
