POR MARIELA CASTAÑÓN
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La Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp) notificó a 40 empresas de seguridad privada, que poseen aproximadamente 5 mil guardias y unas 8 mil 500 armas de fuego, que ya no pueden funcionar por no adecuarse a la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada y Reglamentos.
Karla Liquez, asesora jurídica de Digessp, explicó que de acuerdo con el Artículo 67 -Adecuación Legal-, se cumplió con la normativa que estipulaba un año para realizar ese proceso.
“El plazo que estableció la Ley fue de un año, que venció el 29 de agosto de 2012, eso quiere decir que esta serie de empresas tenía 36 meses de incumplimiento legal, que está en el Artículo 68, donde claramente se establece que los prestadores de servicio de seguridad que no cumplieran con la adecuación legal no podían continuar prestando sus servicios”, indicó.
La entrevistada explicó las razones por las que estas compañías ya no pueden continuar funcionando.
“En la parte resolutiva se estableció que -las empresas- no pueden seguir prestando sus servicios hasta que no regularicen la situación en la Digessp, no pueden seguir actuando al margen de la ley, sin presentar la papelería que corresponde a la nómina de sus guardias y los seguros colectivos, la nómina de armamento, dónde se encuentran sus puestos operativos, sin esta información es imposible que el Estado pueda supervisar a las empresas de seguridad privada”, reiteró Liquez.
La profesional agregó que el armamento de las empresas debe ser depositado en la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) y se notificó al Ministerio de Trabajo para que garantice los derechos de los guardias de seguridad, pues el incumplimiento es de los patronos, no de los trabajadores.
La notificación también se envió a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
De acuerdo con Digessp, estas 40 empresas tienen registrados 5 mil guardias de seguridad y entre 8 mil a 8 mil 500 armas.
SIN RESPUESTA
La Hora intentó obtener declaración de Alba Asturias, presidenta de la Gremial de Compañías de Seguridad Privada, pero argumentó que no podía atender la llamada.
REGULACIÓN
A criterio de Carmen Rosa de León, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), el proceso de adecuación es importante para garantizar la vida y la seguridad de la ciudadanía.
“Estas empresas si no se adecúan deben ser canceladas inmediatamente porque la ciudadanía no puede estar en manos de personas que no están reguladas y supervisadas por el Ministerio de Gobernación (Mingob), porque después no se hacen responsables del mal manejo de las armas que hacen los agentes de seguridad privada, ni están suficientemente controlados”, dijo.
La entrevistada también destacó la necesidad de garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan como guardias.
