POR CLAUDIA PALACIOS
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Los familiares de tres víctimas del contrato fraudulento entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la empresa farmacéutica Pisa, que presuntamente causó la muerte de 16 pacientes con insuficiencia renal, solicitaron unirse al proceso penal contra los supuestos responsables del fallecimiento de sus parientes.
Esta mañana los familiares de Armando Pirir, Jorge Piedra Santa y Gustavo Mota, fallecidos por infecciones tras recibir el tratamiento de diálisis peritoneal por la empresa Pisa, presentaron un memorial ante el juzgado sexto de Instancia Penal para constituirse como querellantes adhesivos en el expediente judicial por la supuesta adjudicación anómala del contrato para el otorgamiento del servicio.
Óscar Morales, abogado de Acción Ciudadana, organización que asesora legalmente a las víctimas, indicó que al solicitar formar parte del proceso los familiares buscan coadyuvar al Ministerio Público en las investigaciones y obtener un resarcimiento por los agravios en su contra.
“Las víctimas, de buena fe, intentaron lograr un resarcimiento, en vista de que están atravesando una crisis económica y psicológica, pero las autoridades del IGSS actuaron de forma grosera y desinteresada”, dijo Morales.
La semana pasada, el juzgado Sexto de Primera Instancia Penal ordenó el embargo de Q4.2 millones, de las cuentas bancarias a nombre de Juan de Dios Rodríguez, expresidente de la Junta Directiva del IGSS, y Q17.4 millones de cuentas de la farmacéutica Pisa, cuyos representantes son señalados de estafar al Seguro Social.
Las cuentas fueron embargadas a petición del IGSS, con el objeto de asegurarlas para el posible resarcimiento de las víctimas del fraude.
Miriam Ramos, denunció que la muerte de su esposo, Gustavo Mota, fue provocada por los deficientes servicios de Pisa.
“Él estuvo 13 años, ya iba para 14 años, con su paquete peritoneal. Él estaba bien, hasta el año pasado le habían puesto su catéter, y yo feliz que se lo cambiaron, porque ya no le iba a molestar. Pero ese día (en que murió) ya con ese tratamiento de Pisa, solo 16 días tardó, más por el suero que le dieron”, dijo.
Los miembros de Junta Directiva del IGSS y los representantes legales de Pisa fueron detenidos luego de que investigaciones del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron que la adjudicación del contrato por Q116 millones a la empresa farmacéutica, para el tratamiento de diálisis peritoneal a pacientes con insuficiencia renal, fue producto de una negociación ilícita para obtener beneficios económicos.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) cuenta con aproximadamente 5 mil llamadas telefónicas interceptadas en la investigación y cientos de documentos que evidencian que Pisa no contaba con la infraestructura, la experiencia o el recurso humano para atender a los pacientes.
La Fiscalía de Delitos contra la Vida investiga si Pisa tuvo responsabilidad en la muerte de 16 pacientes renales que fallecieron por infecciones tras ser tratados por la empresa.
