Por SONIA PEREZ D.
GUATEMALA
Agencia AP
El presidente Otto Pérez Molina solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC), un amparo con el cual pretende protegerse de la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de iniciar un trámite para el retiro de su inmunidad como mandatario.
En el documento, al que tuvo acceso The Associated Press, Pérez Molina asegura que la acción de la Corte Suprema de tramitar la solicitud para retirarle la inmunidad se habría hecho sin un «profundo y verdadero análisis jurídico».
El abogado Edgar José Elías, representante del presidente, reclama que el antejuicio se habría hecho de manera «precipitada sin mayor razonamiento jurídico o motivación en su resolución… Lo anterior en evidente vilipendio de la garantía de antejuicio que goza el dignatario de la nación», dice el documento.
Pérez Molina dijo hoy que no tiene ninguna responsabilidad en las acusaciones en su contra por denuncias de corrupción que han dado pie a que se tramite el retiro de su inmunidad como mandatario y afirmó que queda a la espera del debido proceso.
«No tengo ninguna responsabilidad, me puedo sentir tranquilo que no he cometido ningún hecho delictivo en relación a estas situaciones», dijo Pérez, en conferencia de prensa, sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia, tomada la víspera, en la que dio trámite y envió al Congreso de la República, una solicitud para que analiza si le retiran o no la inmunidad para ser investigado.
El Congreso ha programado para el viernes una sesión para elegir entre los 158 diputados al Congreso, 5 legisladores que integraran la comisión pesquisidora que entregara un informe al pleno donde recomendaran retirar o no la inmunidad al mandatario.
La Corte basó su decisión en la denuncia presentada por el diputado Amílcar Pop, que acusa al mandatario de estar vinculado con dos escándalos de corrupción: el primero por la defraudación aduanera por millones de dólares al fisco guatemalteco, de la cual no se ha suministrado el monto, y el segundo por un fraude al seguro social por 15 millones de dólares.
Pérez Molina dijo que no existía ninguna línea jerárquica entre las decisiones que tomaron directivos de la Superintendencia de Administración Tributaria y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, instituciones en las que se habrían cometido los hechos de corrupción.
La denuncia de Pop se basa en los casos investigados por las autoridades y por escuchas telefónicas aportadas al caso. En una llamada telefónica grabada se escucha cuando los involucrados en el caso de la defraudación aduanera que hablan sobre que «El presidente ordenó el cambio de la forma de operar porque ya estaba en curso la investigación (de las autoridades)», dice la denuncia.
ANTECEDENTES
La fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desarticuló el 16 de abril una red de funcionarios y particulares que desfalcó al fisco guatemalteco. Según las autoridades la red era liderada por Juan Carlos Monzón Rojas, prófugo, entonces secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
La vicepresidenta tuvo que renunciar del cargo el pasado 8 de mayo, luego de que también se diera trámite a un antejuicio en su contra por su vinculación en la defraudación, y actualmente tiene una prohibición para salir del país mientras se investiga el caso.
El segundo caso se refiere al fraude a través de contratos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con Droguería Pisa de Guatemala a quién se le adjudicó un contrato por 15 millones de dólares para la prestación de servicios médicos a pacientes renales, el cual se habría hecho bajo el cobro de comisiones.
En ambos casos funcionarios de alto nivel y de confianza de Pérez Molina han sido detenidos, como el presidente del seguro social, Juan de Dios Rodríguez, ex secretario de Pérez Molina, y Omar Franco, ex superintendente de Administración Tributaria.
