POR CLAUDIA PALACIOS
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Jaime Hernández, abogado defensor del exjefe de Estado Efraín Ríos Montt, rechazó la posibilidad de que su cliente comparezca al juicio por genocidio en su contra a través de videoconferencia; tal como ha propuesto el tribunal a cargo del debate, en el caso de que los quebrantos de salud del acusado le impidan su traslado a la Sala de Audiencias.
“Nosotros definitivamente nos vamos a oponer porque no se dan los supuestos que establece la ley para la celebración de audiencias por videoconferencia, las cuales se permiten únicamente cuando existe riesgo para la vida de los jueces, fiscales o abogados, lo cual no es el caso de este juicio”, aseguró Hernández.
El tribunal B de Mayor Riesgo programó para el próximo 23 de julio el inicio del debate contra Ríos Montt y su jefe de inteligencia militar, José Rodríguez Sánchez. Sin embargo, la salud de Ríos Montt, quien según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) padece de una infección en la columna vertebral que no permite su movilización, es el principal obstáculo para la celebración de la diligencia.
Ríos Montt no ha comparecido a las últimas audiencias del proceso en su contra y se ha negado a ser representado por sus abogados.
María Castellanos, parte del tribunal que juzgará a los militares, aseguró que si Ríos Montt no puede ser trasladado a la sala de audiencias, el debate podría llevarse a cabo por videoconferencia. Sin embargo, dijo, este extremo se definirá el propio 23 de julio. Por el momento, el tribunal ordenó al Inacif evaluar el estado de salud del sindicado.
Sobre la notificación del inicio a juicio contra el militar retirado, Hernández dijo que considera que la fecha no es oportuna. “Estamos de acuerdo con enfrentar juicio, pero se está poniendo en riesgo la salud de mi patrocinado. No lo decimos nosotros, lo dice el Inacif”, señaló.
El Ministerio Público acusa a Ríos Montt y a Rodríguez Sánchez de ejecutar acciones militares de exterminio contra la población del Triángulo Ixil, en el Quiché, durante los 17 meses de su gobierno de facto.
