POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Casos por corrupción se estancan en el sistema de justicia
Como cada año, la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó hace unas semanas su Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General del Ejercicio Fiscal 2014, en el que resaltan decenas de denuncias presentadas por supuestas anomalías en la ejecución de fondos de las diferentes instituciones del Estado. Sin embargo, las mismas no siguen su curso o no prosperan en el sistema de justicia guatemalteco.
El Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, publicó el pasado 29 de mayo el informe sobre el ejercicio presupuestario 2014 elaborado por esa entidad, en el cual destaca que durante el último año se interpusieron 41 denuncias penales en contra de diferentes entidades del Estado por indicios de anomalías en compra de insumos y contrataciones que suman un total de Q795.7 millones. La mayoría en contra de integrantes de corporaciones municipales.
Nueve de las denuncias fueron interpuestas contra entidades gubernamentales, dos contra Consejos de Desarrollo, 19 contra municipalidades (por anomalías por Q130.8 millones), una contra fideicomisos, cinco contra entidades especiales y cinco contra entidades descentralizadas y autónomas.
Asimismo, la CGC realizó 41 formulaciones de cargos en contra de funcionarios y dependencias estatales por Q12.1 millones, así como 4 mil 020 sanciones pecuniarias por Q228.1 millones, sumando un total de Q1 mil 035 millones en acciones legales y administrativas interpuestas por la Contraloría durante 2014.
Según las auditorías, los hallazgos más recurrentes son la falta de rendición de cuentas, el fraccionamiento de compras, la falta de publicación en Guatecompras, el incumplimiento de la ley de contrataciones, deficiencias en la documentación de respaldo de los egresos y el incumplimiento de cláusulas de convenios y contratos.
La situación es similar a la reportada en el 2013, en donde se plantearon según registros 150 denuncias penales por Q472 millones, 30 formulaciones de cargo por Q16 millones y 5 mil sanciones por Q184 millones.
ACCIONES CAEN EN SACO ROTO
De acuerdo a reportes estadísticos del Ministerio Público de denuncias interpuestas por la Contraloría General de Cuentas a nivel nacional, de 191 querellas interpuestas por la entidad durante los últimos dos años, en el 2014 por el ejercicio del 2013 y en el presente año por el ejercicio del año pasado, (150 querellas en 2014 y 41 querellas este año), un total de 111 denuncias continúan en estado de investigación por los agentes fiscales, ha habido 69 desestimaciones de casos y apenas once cuentan con una sentencia en los tribunales donde la CGC es la denunciante.
Según analistas conocedores del tema, lo anterior es reflejo que el esfuerzo de la CGC por publicitar las faltas de aquellos funcionarios o entidades que incumplen con la norma y que están sujetas a persecución penal es importante. Sin embargo, el tema suele ser recurrente cada año y los hechos quedan únicamente en denuncias que nunca llegan a un término que marque precedentes para que no vuelva a ocurrir.
Esto a pesar que el papel de la Contraloría se concreta al realizar las auditorías del gasto público para la obtención de indicios para establecer la posible participación de un sindicado y el avance de los procesos de investigación depende del MP, en los mismos casos que implican el detrimento y el desvío del patrimonio del Estado.
Mientras que para personeros de la Fiscalía Contra la Corrupción, la investigación penal es dificultada o retrasada en forma frecuente debido a deficiencias en las denuncias e informes elaborados por dicho ente fiscalizador, vulnerándose con ello los principios procesales de celeridad y economía procesal.
INFORME DEFICIENTE
En medio de los recientes escándalos de corrupción que salpican a funcionarios y exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota (PP), la Contraloría General de Cuentas, presentó un informe de auditoría al Presupuesto 2014, “débil, deficiente y maquillado”, según Renzo Rosal, analista político de la Universidad Rafael Landívar.
“La Contraloría en sus informes presenta casos medianos o pequeños. Otro factor es que el MP no tienen todas las capacidades técnicas para indagar en los casos porque requieren un nivel de investigación que sobrepasa la labor de la institución”, declara el entrevistado.
Por último, para Rosal muchas de las denuncias que presenta la Contraloría tienen que ver con actuaciones fraudulentas por parte de alcaldes municipales pero que siguen su curso lentamente debido al juego de intereses y al tráfico de influencias que se dan a lo interno del sistema de justicia.
“Esto termina por afectar el trabajo de la Contraloría y el MP y hace que los casos se queden en el limbo y no lleguen a las últimas consecuencias. También favorece a los señalados de corrupción porque siguen estando bajo el manto de la impunidad. Beneficia también a aquellos grupos criminales que están alrededor de los corruptos como contratistas inescrupulosos y bandas del crimen organizado y otros que están interesados en debilitar la independencia de las instituciones”, subrayó el académico.
IMPUNIDAD GARANTIZADA
Consultado sobre el lento avance de los casos que se plantean contra empleados públicos que habrían dilapidado los recursos del Estado, Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), refirió que las 41 denuncias planteadas por la CGC ante la Fiscalía Contra la Corrupción dejarán en evidencia el verdadero trabajo del ente fiscalizador, porque en caso vayan bien sustentadas “prosperarán y habrán capturas y procesos”.
De lo contrario, afirma el economista, se dejará en evidencia que la labor de la Contraloría sigue siendo deficiente y la coordinación con los demás entes es poca o nula para evitar que los desmanes de los funcionarios sean rutina en la gestión pública.
Además, el analista coincide en que la Contraloría de Cuentas solo está cumpliendo un requisito anual al presentar su Informe pero que no profundiza en las ejecuciones que están realizando las dependencias del Estado.
A decir de Barrientos, es esa falta de coercitividad entre las instituciones la que da pauta a que el abuso por parte de los funcionarios sea la norma.
“Es preocupante porque estamos hablando del negocio de la impunidad, uno de los más lucrativos en el país, al ofrecer la posibilidad a un corrupto de que al violar la ley no implica una sanción ni castigo”, culmina.
RESPUESTA TARDÍA
La contratación anómala de la empresa Pisa por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el fortalecimiento de la red de defraudación aduanera “La Línea” en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), nunca fueron detectados por la Contraloría General de Cuentas (CGC), el órgano rector de control gubernamental, que hasta en la actualidad inicia acciones para prevenir la corrupción en ambas instituciones.
Como una respuesta tardía, califica José Ramón Lam, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, las acciones de la CGC en el IGSS y la SAT tras el desmantelamiento de dos casos de corrupción que involucran a altos funcionarios de ambas instituciones.
Desde el desmantelamiento de la red de defraudación aduanera “La Línea”, la CGC ha iniciado a verificar los procedimientos y reglamentos internos de importaciones en las aduanas.
Según Carlos Mencos, Contralor General de Cuentas, este control no se mantenía desde 1994, cuando se retiraron las delegaciones que tenía la CGC en las aduanas. Agrega que las auditorías en el IGSS no son una novedad, sino procesos continuos que se realizan desde hace varias gestiones.
Lam, señala que la CGC es un órgano vital para controlar la inversión de los fondos públicos, pero hasta la fecha las influencias políticas no han permitido que ejerza su función.
Para el experto en fiscalización, las acciones anunciadas por la CGC están “fuera de lugar” porque “(…) ya la corrupción está presente y entonces únicamente van a salir los casos relevantes y probablemente al llegar al MP van a pasar engavetados como siempre”.
Lam complementa su opinión diciendo que para lograr una fiscalización efectiva, el trabajo de la CGC debe ir acompañado de una auditoría ciudadana, en la que se vea involucrada la sociedad civil organizada. También apela a la importancia de que exista un seguimiento al informe de la CGC por parte del MP y las dependencias del Gobierno, como la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico y otros entes externos, como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-.
“Ahora, el MP tiene la palabra, y deberá accionar en contra de los funcionarios que habrían dilapidado los recursos del Estado para enviar un mensaje claro hacia aquellos que creen que ejercer un cargo público es para enriquecerse a costa del erario. Es momento de sentar precedentes. El pueblo de Guatemala lo exige”, enfatiza.
REFORMAS LEGALES
Recién el pasado 28 de mayo, el Congreso inició con la discusión de una serie de reformas legales, tarea encomendada a diputados divididos en cuatro mesas de trabajo en un intento por callar las manifestaciones que se han realizado en el último mes y atender una demanda común entre la población cansada de la corrupción.
Las reformas cobraron protagonismo luego de una reunión entre los presidentes del Ejecutivo y Legislativo y el compromiso de conocer e intentar reformas a cuerpos jurisdiccionales.
Carlos Martínez, analista económico independiente, manifiesta que el momento es oportuno para promover y aprobar en el Legislativo, un paquete de leyes de transparencia que incluya las modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Compras y Contrataciones, la Ley de Servicio Civil, la Ley de Comisiones de Postulación, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, la Ley en Materia de Antejuicio, la Ley de Probidad, la Ley Contra el Lavado de Dinero, la Ley de Extinción de Dominio y la Ley de la Carrera Judicial.
“El actual esquema no garantiza la resolución de los casos por corrupción porque la institucionalidad está contaminada y más bien habría que erradicar la raíz del asunto con las reformas a la leyes del país para que lleguen al poder funcionarios probos, honestos y desvinculados de intereses sectoriales e individuales”, exclama Martínez.
Igualmente, dice que los reparos de la Contraloría por negocios ilícitos en el Estado son risibles sabiendo el ritmo que lleva la corrupción en nuestro país y viendo la forma en que se enriquecen algunos funcionarios públicos.
“Los señalamientos de la Contraloría muchas veces no están bien fundamentados y también son de poca monta porque las acusaciones que se refieren a una mala ejecución presupuestaria, no pasa del 1 por ciento del Presupuesto General cuando todos sabemos que la corrupción consume una gran cantidad del mismo. Entonces estamos hablando que la Contraloría avala un 99 por ciento de la ejecución presupuestaria pero sin legitimidad”, acusa.
POSTURAS ENCONTRADAS
Ante las declaraciones de Mencos, jefe de la Contraloría General de Cuentas, consideró que “el problema de la corrupción no es el control”, sino la impunidad. En ese sentido, señala que la entidad no se da abasto para cubrir la gran cantidad de irregularidades que campean en Guatemala, y reconoció que el Ministerio Público y el Poder Judicial son organismos que también deben ejerce un orden de control para esos casos.
Por su parte, la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público, detalló que el poco o nulo avance en las diligencias y el procesamiento de las denuncias remitidas por la Contraloría, conllevan una serie de deficiencias que salen a la luz conforme el desarrollo de las pesquisas.
Otro obstáculo es la carencia de documentación de soporte de los expedientes así como la correcta delimitación de los hechos imputados para fundamentar y respaldad la posible comisión delictiva contra el patrimonio nacional.
No obstante, el MP critica que las deficiencias en las denuncias y los informes se deben frecuentemente también a la inobservancia de Normas de Auditoría Gubernamental, porque los auditores no obtienen la evidencia suficiente, competente y pertinente que respalde documentalmente los hallazgos detectados, y por denunciar hechos con datos ambiguos, imprecisos o incorrectos que generan atraso a la investigación.
“El mayor inconveniente es que la Contraloría presenta la denuncia pero el informe oficializado de auditoría lo presenta uno o dos años después y el informe es la prueba de un caso y por eso aunque presenten la denuncia, no tiene mayores avances en un corto plazo. Obviamente eso no quiere decir que la Fiscalía no haga su trabajo de investigar pero el órgano de auditoría del Estado es la Contraloría”, refiere una fuente que prefiere el anonimato.
