POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Hoy se cumple un mes de que Roxana Baldetti dimitió de la Vicepresidencia, luego de que fuera salpicada por varios escándalos de corrupción y que la población pidiera su renuncia en numerosas protestas a nivel nacional. Analistas consideran que la salida de Baldetti no fue suficiente para sanear la crisis en el sistema político y que la falta de transparencia en el gasto público es todavía un problema serio en el Estado por lo que ven un momento oportuno para aprobar una serie de reformas legales.
El presidente Otto Pérez Molina dijo el pasado 8 de mayo que la dimisión de su compañera de binomio fue “difícil y valiente”, y que se daba con el fin de colaborar con las investigaciones contra la estructura de defraudación aduanera “La Línea”, que operaba con la colaboración de funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria y del exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón.
No obstante, Ricardo Barreno, politólogo del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos –INCEP-, opinó que aunque la renuncia de Roxana Baldetti supuso una prolongada celebración y dio más fuerza a las manifestaciones ciudadanas contra el Gobierno, hace falta generar propuestas concretas de transformación social que incluyan una serie de reformas legales ajenas de toda injerencia política.
“Estamos en un momento crucial para promover reformas que contribuyan al fortalecimiento democrático como la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Congreso, la Ley de Servicio Civil y la Ley de lo Contencioso Administrativo para sancionar ejemplarmente a los funcionarios que no cumplen con su rol de manera adecuada”, dijo el profesional del INCEP.
Por su parte, Gerson Sotomayor, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, coincidió en que el retiro de Baldetti de la Vicepresidencia fue solo el primer paso y ahora queda aprobar en el Congreso las modificaciones necesarias en materia de transparencia en el manejo del erario nacional.
De igual forma, enfatizó en que las averiguaciones también deberían ir orientadas a las municipalidades porque se han convertido en feudos para que las estructuras criminales sigan enquistadas en el Estado.
“La renuncia de los funcionarios no resuelve el problema de la corrupción así como tampoco son garantía de un cambio profundo al sistema”, lamentó Sotomayor.
Finalmente, Renzo Rosal, investigador independiente, manifestó que la corrupción es un enemigo permanente del Estado y que si bien por ahora, el principal foco de descontento popular apunta a demandar la renuncia del Presidente, el esfuerzo no será suficiente si a la par no se emprende una serie de reformas, y todo ello acompañado de una profunda depuración de las instituciones en donde permanecen empleados que aprovechan su posición para saquear las arcas nacionales.
