REDACCIÓN LA HORA
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Diariamente decenas de niñas y adolescentes guatemaltecas son explotadas sexualmente en el país por estructuras delictivas o por familiares, en medio de condiciones de pobreza y marginación que las someten. De acuerdo con el Ministerio Público (MP), el cuerpo de las menores de edad se comercializa en precios que van desde los Q200 hasta Q10 mil, mientras esto sucede la respuesta del Estado es insuficiente para evitar esta problemática y reinsertar a quienes ya fueron víctimas de este flagelo.
*Rosario fue rescatada de sus tratantes hace más de un año, junto a otras niñas de edades comprendidas entre los 14 y 16 años.
En un inmueble de la zona 2 capitalina, la menor era explotada sexualmente y prácticamente “alquilada” a hombres que pagaban Q300 a los proxenetas, quienes recibían la mitad del dinero y le entregaban a ella la otra parte.
Todo empezó cuando Rosario y otras adolescentes fueron captadas por una “amiga”, quien las contactó con los explotadores, que encontraron en las menores una buena fuente de ingresos.
Los criminales tenían una estructura para llevar a cabo esas prácticas. El explotador las mantenía juntas y cuando los “clientes” las buscaban hacían la negociación, acordaban el precio y el tiempo de “servicio”. Después, trasladaban a las niñas a un hotel y el explotador esperaba afuera.
Las menores eran utilizadas hasta por 30 minutos; al salir, los “clientes” pagaban a los criminales y estos les entregaban a las adolescentes Q150.
Una vez las jóvenes caían en la red, no podían escapar, todo el tiempo eran vigiladas y amenazadas con que serían asesinadas, o bien, con que matarían a sus familiares.
El caso es uno de varios documentos por asociación La Alianza, que cuida y apoya a niñas víctimas de trata de personas y violencia sexual.
60 NIÑAS ATENDIDAS DIARIAMENTE
La Alianza atiende diariamente a 60 niñas víctimas de violencia sexual y trata de personas, así como a los bebés producto de estas situaciones.
A criterio de Carolina Escobar, directora de la Asociación –que se sostiene con donaciones-, uno de los principales desafíos a enfrentar es la desnormalización a la violencia, que significa que se debe entender que las prácticas a las que son sometidas no son normales y no deben permitirse.
“Los desafíos siempre han sido desnormalizar una cultura de violencia, muchas de ellas, independientemente si están en redes de trata, si han sido violadas sexualmente o si han tenido algún tipo de abuso, vienen de contextos de pobreza, pauperizados, miserables, muchas no han tenido acceso a la educación, no saben que su cuerpo es de ellas, sino que piensan que es normal que sea de otros. Hemos visto que ellas, que quedan embarazadas como consecuencia de estas violaciones, rechazan a los bebés porque ven la cara del violador en el bebé o porque así fueron tratadas ya que vienen de una madre que ha sido violada”, explica.
De acuerdo con la entrevistada, han evidenciado que varias de las menores de edad, tras recibir asistencia en la Asociación, deben volver al refugio, debido a que no existen condiciones para regresar a sus entornos.
“Tenemos protección, prevención, seguimiento y apoyo legal a casos e incidencia. Hacemos un trabajo integral porque tenemos que dar respuesta no solo a lo penal. Hemos tenido muchas niñas que nos las mandan otra vez de los juzgados, porque no funciona que se les mande de regreso a su casa sin hacer investigaciones profundas, las envían a los mismos contextos donde vuelven a ser violentadas”, indica.
Según Escobar, la misión de La Alianza es ofrecer “respeto absoluto y amor incondicional” a las niñas violentadas y abusadas, quienes son apoyadas para vencer el círculo de violencia y construir una vida diferente.
COMERCIALIZADAS COMO OBJETOS
De acuerdo con Kamilo Rivera, director de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri) del Ministerio Público (MP), las niñas afectadas por el delito de explotación sexual, son comercializadas por primera vez por precios que van desde los Q200 hasta Q10 mil, dependiendo de la zona o la región donde sean “utilizadas”.
“En los casos que ha trabajado la Dicri, en apoyo a la Fiscalía contra la Trata de Personas hemos identificado que los montos varían por la región del país y por la edad. Las cantidades oscilan en Q200 o hasta Q10 mil en niñas menores de 15 años”, explica el entrevistado.
Según el director de Dicri, los diez operativos realizados en el país, donde se han desarticulado cinco estructuras delictivas, evidencian que las menores de edad son usadas varias veces por los criminales.
De acuerdo con Sandra Gularte, Defensora de las Personas Víctimas de Trata de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la explotación sexual es una de las modalidades de trata de personas más recurrentes en el país, debido a la permisividad de la sociedad, que termina por normalizar estas prácticas.
“La explotación sexual es la más permisiva y aceptada, en un país patriarcal y machista, donde el cuerpo de las mujeres es vendido en los medios de comunicación y en todas partes”, indica.
LAS CIFRAS Y EL SUBREGISTRO
De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación (PGN), entre 2012 y 2014, fueron asignados a la unidad penal 99 casos de explotación sexual.
Las estadísticas indican que se documentaron 94 casos de niñas víctimas de este flagelo y 5 de niños.
Mientras, que el Ministerio Público (MP) registró entre 2012 y 2015, 1,097 denuncias por trata de personas en las diferentes modalidades.
En ese período de tiempo el MP obtuvo 89 sentencias, de las cuales 56 fueron condenatorias y 33 absolutorias.
Según Gularte, uno de los retos para entender y atender la problemática es la unificación de datos, pues actualmente cada institución maneja su propia información.
“Nosotros hemos sido muy claros en nuestros informes, que el MP, la Policía, los albergues, la Procuraduría General de la Nación (PGN) da diferentes resultados, pero para tener una visión clara del fenómeno es importante el manejo de las estadísticas. La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), tiene una unidad de monitoreo que en el principio buscaba unificar datos de explotación y trata, pero no lo ha logrado”, indicó.
VINCULADO CON DESAPARICIONES
De acuerdo con Justo Solórzano, Especialista en Protección del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), aunque no se sabe con exactitud cuántos casos de desapariciones de niñas están vinculados con explotación sexual, se ha evidenciado que ambos problemas están estrechamente entrelazados.
Las estadísticas de la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth, detallan que entre 2012 y 2015 fueron activadas 18 mil 153 alertas de búsqueda de niñas y niños.
En ese período de tiempo se desactivaron 13 mil 650 y siguen vigentes 4 mil 493, de la última estadística, varias corresponden a adolescentes.
La directora de La Alianza, coincide con Solórzano, sobre que los casos de desaparición y explotación sexual estarían relacionados, pues muchas de las menores desaparecidas no han sido localizadas.
*El nombre de la niña y el lugar donde era explotada fueron modificados para proteger su vida.
En Petén
El pasado 16 de abril, dos personas fueron detenidas por el delito de trata de personas en Petén, tras una investigación de la Fiscalía de Delitos contra la Trata de Personas y la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público (MP), que determinó que los sindicados reclutaban y explotaban sexualmente a niñas y mujeres.
Las autoridades capturaron a Edwin Obdulio Milián García y a la salvadoreña María Cecilia Ponce, quienes reclutaban a mujeres y niñas de escasos recursos supuestamente para trabajar como empleadas domésticas, pero después las explotaban sexualmente.
De acuerdo con la Dicri, en el caso de las menores de edad, los tratantes pagaban a sus padres inicialmente Q1 mil, pero ellas eran explotadas sexualmente hasta por Q10 mil y Q15 mil en México, después las regresaban a Petén.
Explotación sexual y trata de personas
99 casos de explotación sexual fueron asignados a la unidad penal de PGN, entre 2012 y 2014.
1,097 denuncias conoció el MP por el delito de trata de personas en los últimos tres años y cuatro meses.
89 sentencias obtuvo el MP por trata de personas entre 2012 y 2015.
56 sentencias condenatorias se lograron por trata de personas.
33 sentencias absolutorias se documentaron por trata de personas.
18,153 alertas Alba-Keneth fueron activadas entre 2012 y 2015.
13,630 alertas fueron desactivadas en el referido período de tiempo.
4,493 alertas siguen vigentes.
