POR MARIELA CASTAÑÓN
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Una investigación de la Inspectoría General (IG) del Sistema Penitenciario (SP), documentada con el expediente número 57-2015-IGSP-AI, revela la corrupción y el abuso de autoridad que persiste en la cárcel de Puerto Barrios, Izabal, pues tras una requisa se evidenció cómo las autoridades de ese penal pretendían evitar informar sobre el hallazgo de más de Q10 mil en efectivo y de un teléfono celular.
El pasado 25 de mayo, el subdirector de turno, Santos Rivera y el coordinador de seguridad, Edwin Hernández, efectuaron una requisa en el referido centro carcelario, donde encontraron en el taller de hamacas más de Q10 mil y un teléfono celular, propiedad de un privado de libertad que posee varios negocios en el interior de la cárcel.
Según la información, un día después de esa diligencia, la IG solicitó al subdirector de turno que explicara el procedimiento de la requisa, pero él justificó que no tenía ninguna responsabilidad, sino que únicamente el coordinador de seguridad; no rindió el informe solicitado.
Representantes de la Unidad de Análisis entrevistaron al recluso, quien justificó, que ese dinero provenía de la elaboración de hamacas, de la venta de aguas y otros artículos. Ese monto sería invertido para la compra de seda, argumentó.
El expediente detalla que el subdirector “incumplió, omitió, rehusó y retardó” como empleado, el informe inmediato a las unidades de control de la Dirección General del Sistema Penitenciario, relacionado con el decomiso del dinero, un teléfono celular y dos baterías.
Mientras que el coordinador de seguridad “abusó de su autoridad”, porque realizó la requisa y decomisó el dinero, en ausencia del privado de libertad al que pertenecía el efectivo.
Según el informe, ninguno de los dos funcionarios públicos puso a disposición de las autoridades al recluso, por incurrir en el delito de Uso de Equipos Terminales Móviles en Centros de Privación de Libertad, según lo demanda el Artículo 26 de la Ley de Equipos Terminales Móviles.
MESA TÉCNICA
Silvia Guinea, directora interina del Sistema Penitenciario (SP) fue consultada sobre este caso y admitió que estos hechos ocurrieron y por ello, evaluarán el caso en una mesa técnica para tomar las decisiones pertinentes.
“En esa requisa estuvo el Ministerio Público (MP), yo tendría que ver ese informe este miércoles, en la mesa técnica para saber por qué no hicieron el procedimiento como establece la ley”, indicó la funcionaria.
La entrevistada anunció que removerán a unas 50 personas entre directores, subdirectores y otros empleados penitenciarios, para contratar a personas profesionales con “perfiles de honestidad”.
ANTECEDENTES
El 5 de julio de 2014, un niño fue violado en la cárcel de Puerto Barrios, donde las autoridades permitieron que pernoctara en esa prisión, mientras su progenitora visitaba a un recluso.
El 10 de marzo del año pasado, las autoridades revelaron que el secuestro del empresario Gilberto Puertas Arduengo, fue planificado desde la cárcel de Puerto Barrios.
