POR VIRGINIA CONTRERAS
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Según lo dio a conocer la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca de Lago de Amatitlán (AMSA), aún no han sido reembolsados los Q22.8 millones por parte de la empresa israelí M. Tarcic Engineering.
AMSA informó que hace aproximadamente diez días solicitó la devolución del dinero a M. Tarcic, firma a la que se le manifestó que tenían tres días hábiles para la entrega, pero representantes legales de la empresa israelí no se presentaron a depositarlo a la Tesorería Nacional.
Marlon Valladares, director ejecutivo de AMSA destacó que tras dicha petición, la empresa israelí interpuso un recurso de reposición el 29 de mayo en su contra, aduciendo no tener responsabilidad en el primer contrato de Q115 millones, ni en el pago del segundo proyecto.
Por esta razón, indicó que la entidad a la cual representa, tiene cinco días para responder y por medio de un análisis administrativo legal les rechazaran el recurso. Posteriormente a ello pasará a manos de la Procuraduría General de la Nación (PGN), en donde será el Estado de Guatemala contra dicha empresa.
Valladares señaló que están agotando los tiempos que establece la Ley de contrataciones del Estado para no cometer ningún error. Asimismo dijo que en el lugar en donde se encontraban las instalaciones de la empresa israelí ubicada en la zona 8 de Mixco, ya no se localiza a las dos personas extranjeras; sin embargo añadió que dejaron delegados a representantes legales para actuar en sus nombres.
El Director refirió que AMSA ha agotado su proceso administrativo interno, por lo que la PGN por medio del proceso contencioso administrativo, el cual lleva un tiempo estipulado, procederá a citar a la empresa y luego de un proceso legal y requerir la devolución del dinero; así como en base a las notificaciones enviadas y los dictámenes solicitados del expediente, actuarán de acuerdo a la información proporcionada.
El entrevistado explicó que la PGN solicitará el arraigo de los representantes legales de M. Tarcic e iniciará un trámite para embargar los bienes de los responsables. Todo ello siempre dentro del proceso contencioso administrativo, con el fin de recuperar los Q22.8 millones.
En cuanto al contrato de Q115 millones, el aludido aseguró que quedó en firme la resolución donde se rescinde anticipadamente el contrato y recordó que el mismo se rescindió debido a que el producto debía tener registro sanitario para poder comercializarse.
En tanto, la Asociación Nacional de ONG de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Asorema) mediante un comunicado solicitó a la CICIG y al Ministerio Público se abran los expedientes de investigación para documentar y castigar la suscripción anómala del contrato del lago de Amatitlán.
