POR CLAUDIA PALACIOS
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El Presupuesto 2015, aunque más cercano a la realidad financiera del país, sigue manteniendo la discrecionalidad en la asignación de recursos y carece de indicadores que permitan evidenciar si efectivamente se están logrando los objetivos de bienestar social, señala el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
En apenas cuatro horas, el Congreso de la República aprobó el Presupuesto 2015 por un total de Q7 mil 600 millones. Abelardo Medina, analista en temas tributarios del Icefi, considera que como elemento positivo, la sobreestimación del presupuesto es pequeña, lo cual requerirá apenas un pequeño esfuerzo de la Superintendencia de Administración Tributaria para alcanzar la meta fiscal de este año.
Sin embargo, Medina considera que no se debe dejar de lado que en el Presupuesto aprobado se sigue manteniendo la discrecionalidad en la asignación de recursos hacia áreas y oenegés cuyo beneficio social no ha sido comprobado.
Sumado a esto, señala como preocupante la falta de controles sobre el manejo de los recursos por parte del sector público, ya que se deja abierta la posibilidad de que haya transferencias de ministerios de alta importancia hacia áreas para ejecución política electoral durante el próximo año.
Según el analista, el Presupuesto no controla la ejecución del sector público en base a fideicomisos y contratos con oenegés y además retira la obligación de las entidades de emitir Comprobantes de Disponibilidad Financiera.
Herman Girón, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) también señaló con preocupación la eliminación de dichos Certificados de Disponibilidad Presupuestaria, dado que estos eran una medida de balance que no permitía hacer movimientos de compra si no existían fondos presupuestados para ellos, “su eliminación puede llevar a gasto indiscriminado” explicó.
Girón indicó que el Cacif aún no tiene pleno conocimiento de la creación de un tributo para las telefonías, así como del incremento de las regalías y el impuesto a la distribución del Cemento, también aprobados ayer por el Congreso, por lo que no podían emitir una opinión sobre ellos.
El analista del Icefi considera que dichos impuestos se pueden revertir en contra de la población si no son apropiadamente controlados, ya que si bien están dirigidos a sectores monopólicos u oligopólicos, lo que los hace “relativamente impuestos más justos”, dichas empresas podrían, sin competencia que se los impida, aumentar el precio de los productos en perjuicio de la población, indica.
Leonel Lira, del grupo Encuentro por Guatemala, señaló la exclusión de la votación de los grupos minoritarios y de sus propuestas sobre controles y candados al gasto público. “Nosotros como bancada habíamos hecho propuestas en dos sentidos: la reducción de gasto y optimización de los recursos y la segunda iba con algunas cuestiones de trasparencia y controles al gasto público; sin embargo no fueron tomadas en cuenta” explica.
