POR CLAUDIA PALACIOS
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El proceso de elección de magistrados para el Organismo Judicial fue avalado con el voto de tres de los cinco magistrados que conforman la Corte de Constitucionalidad. Por otro lado, los magistrados Gloria Porras y Juan Carlos Medina consideran que los vicios denunciados por la sociedad civil a través de los amparos interpuestos quedaron debidamente comprobados, por lo que el aval de dicho proceso viola el derecho a la justicia independiente que tiene la población.
Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras y Juan Carlos Medina, emitieron su voto disidente –a favor de amparar a la sociedad civil para la repetición de los procesos de elección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y Salas de apelaciones–, señalando el deber que el Tribunal Constitucional tiene de hacer prevalecer la Constitución Política ante los vicios que se han denunciado por parte de la sociedad civil, los cuales, según expresa su voto razonado, quedaron comprobados en el proceso de amparo y “tuvieron una incidencia en la trasparencia y legalidad del proceso de postulación y elección impugnado”.
El razonamiento de ambos magistrados señala que las Comisiones de Postulación omitieron en sus procesos de evaluación de aspirante los criterios de capacidad, idoneidad y honradez que establecen los mandatos constitucionales sobre dicho aspecto.
El escrito emitido por los togados también reconoce las denuncias de los amparistas, quienes señalan que “los comisionados de postulación fueron influenciados por personas o grupos de poder para la elaboración de las nóminas finales de candidatos postulados a ocupar los cargos de Magistrados”.
Además, señala que en ningún momento el Congreso de la República hizo una evaluación “completa, seria y objetiva” que permitiera determinar si las fases anteriores a la elección de magistrados por este órgano habían sido desarrolladas de conformidad con la Constitución y las leyes que rigen el proceso de postulación.
Porras y Medina consideraron que la sentencia emitida por los magistrados Héctor Pérez, Roberto Molina y Alejandro Maldonado, no cumple con el Mandato de la Defensa del orden constitucional, cuya función esencial le ha sido encomendada a la Corte de Constitucionalidad, ya que al avalar el proceso de elección “se produce la vulneración del derecho constitucional de los ciudadanos a contar con un Organismo Judicial independiente –imparcial, capaz e idóneo–, garantía tutelada en los artículos 113, 203 y 205 de la Constitución.
No hay fondos para la toma de posesión
De acuerdo con Hugo Guzmán, Gerente General del Organismo Judicial, derivado de la crisis financiera que enfrenta la institución, no existen fondos para llevar a cabo la ceremonia de toma de posesión de los magistrados electos. “La situación es la misma e incluso peor de lo que habíamos establecido”, indicó.
Guzmán informó que esta tarde se reuniría con el Presidente del Organismo Judicial en funciones, Erick Álvarez, para discutir la manera en que se llevará a cabo la transición y de dónde se obtendrán los fondos para la ceremonia.
