POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Hace un par de semanas, el ex ministro de Salud Jorge Villavicencio se trasladó a la Torre de Tribunales acompañado de su abogado, quien planteó un recurso de exhibición personal a favor del sindicado, quien ahora es señalado por el Gobierno de haber cometido un millonario desfalco durante su gestión. El que una vez fuera un hombre de confianza del Presidente, hoy está confrontado por el Ejecutivo.
Según el abogado de Villavicencio, la exhibición personal se planteó para que se respete el debido proceso que podría empezar contra su patrocinado, luego de la denuncia penal presentada en el Ministerio Público por Verónica Taracea, comisionada presidencial por la Transparencia –Copret–, y Luis Enrique Monterroso, actual titular del Ministerio de Salud, el pasado 29 de octubre.
Las diligencias se llevan a cabo en el Juzgado de Paz Penal, donde se tramita el recurso de Villavicencio, que interpuso luego de ser denunciado por anomalías en contratos con Organizaciones No Gubernamentales por Q417 millones, para que estas continuaran prestando sus servicios en el marco del Programa de Extensión de Cobertura en el interior del país.
Según fuentes cercanas al Ejecutivo, el doctor Villavicencio era considerado como el hombre de confianza del presidente Otto Pérez Molina y la vicemandataria Roxana Baldetti, al extremo que ambos funcionarios lo mantuvieron en el cargo durante más de dos años pese a críticas por no tener un finiquito de la Contraloría General de Cuentas cuando asumió al cargo y las constantes advertencias sobre una eventual crisis de insumos y medicamentos en los hospitales nacionales.
Además de la denuncia por la supuesta malversación de fondos, al exfuncionario también se le investiga por los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, pues aparentemente autorizaba plazas de trabajo en el Ministerio de Salud, pero las personas solo cobraban un salario sin presentarse a laborar.
Ante esta situación, analistas y diputados del Congreso de la República opinan que el caso por corrupción contra Jorge Villavicencio es solo “la punta del iceberg” del desorden administrativo y financiero que atraviesa actualmente el Estado a través de sus instituciones, por lo que se deben iniciar pesquisas también en otras carteras para evitar futuros problemas en la administración de los recursos.
SIN FINIQUITO
La gestión del exministro de Salud. Jorge Villavicencio estuvo constantemente bajo el escrutinio de diferentes bancadas en el Congreso de la República, en su mayoría de oposición, cuyas últimas citaciones eran aprovechadas por los diputados para criticar la baja ejecución presupuestaria en esa cartera así como la distribución de medicinas en hospitales a nivel nacional.
Sin embargo, para la diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, los inconvenientes con el otrora titular del MSPAS iniciaron desde que fue nombrado por el presidente Otto Pérez Molina como responsable de la cartera salubrista, pues Villavicencio asumió el cargo sin contar con un finiquito de la Contraloría General de Cuentas, en clara violación al Artículo 16 de la Ley de Probidad que establece la solvencia para ocupar un cargo público.
El Artículo dice: “No podrán optar a cargos o empleos públicos quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del Estado, no tengan su constancia de solvencia o finiquito de la institución en la cual prestó sus servicios y de la Contraloría General de Cuentas”.
Villavicencio fue nombrado Ministro de Salud el 2 de mayo de 2012, en sustitución de Francisco Arredondo, quien argumentó problemas de salud al dejar el cargo.
Según se dio a conocer por la Contraloría, Villavicencio tenía en su expediente 22 sanciones administrativas, equivalentes a Q619 mil 265, además de dos denuncias ante el Ministerio Público, entre ellas una acusación por homicidio culposo.
Coincidentemente una semana antes de su juramentación, el juzgado Séptimo de Instancia Penal desestimó una investigación en contra de Jorge Villavicencio, por un caso en donde se reportó un faltante de dinero en insumos en el Hospital Roosevelt.
El cierre del caso se realizó a petición del Ministerio Público argumentando que no existían pruebas contra Villavicencio, provocando rechazo en algunos legisladores que solicitaron, en aquel entonces, la renuncia del ahora exministro.
En ese tema, un auditor de la Contraloría General de Cuentas, recientemente relataba en un reportaje de La Hora que Jorge Villavicencio no tenía derecho a finiquito, pero que lo obtuvo en menos de 24 horas con la supuesta complicidad de la auditora María Elizabeth Pacajá, quien según la misma fuente, actualmente tiene una relación cercana con Mario de León, auditor del Ministerio de Salud.
En 2012, al ser interrogado sobre si no lograba obtener el documento que demostrara su solvencia judicial, Otto Pérez Molina dijo que no existía ilegalidad en nombrar a Villavicencio como ministro sin finiquito, porque la Constitución Política no lo prohíbe, agregando que la Ley de Probidad, no es superior a la Carta Magna.
Nineth Montenegro insiste en que a Villavicencio, el Ejecutivo lo mantuvo en el cargo por dos años y cuatro meses porque no se tomó en serio la responsabilidad de investigarlo para determinar si tenía un perfil idóneo o la capacidad para administrar un ministerio “clave” como el de Salud Pública; con el fin de aprovecharse del tráfico de influencias y las compras sobrevaloradas que hoy en día se denuncian.
“El Ministerio de Salud siempre ha sido muy difícil de controlar. Sistemáticamente se presentaron denuncias por carencia de insumos y medicamentos y escándalos con viceministros pero hicieron (Otto Pérez y Roxana Baldetti), como que no veían… lo mantuvieron en el cargo para su conveniencia aprovechando la ausencia de fiscalización porque la Contraloría nunca advierte de lo que pasa con las estructuras mafiosas”, señala la parlamentaria.
DESPOLITIZAR SERVICIO CIVIL
En la actualidad, la crisis hospitalaria por el desabastecimiento de insumos básicos no es por la falta de recursos en el Ministerio de Salud, sino por el mal manejo de fondos, la sobrevaloración en compras y contrataciones y otros actos anómalos en esta institución, de acuerdo a una denuncia pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
A criterio de la PDH, la situación que afecta al sistema de salud en general respecto al desabastecimiento de insumos quirúrgicos para la atención de enfermos y salarios atrasados a trabajadores, es consecuencia de los malos manejos de los recursos financieros y la sobrevaloración en compras y contrataciones abiertas en el Ministerio de Salud.
La Magistratura de Conciencia expone que esta situación hace que los recursos sean siempre insuficientes para cubrir las necesidades básicas de la población en toda la red hospitalaria, atentando contra la vida de cientos de guatemaltecos que diariamente acuden a los nosocomios en busca de atención primaria en salud.
Por su parte, Édgar Gutiérrez, director general del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, asegura que el caso contra el extitular del Ministerio de Salud, desafortunadamente no es un caso único o aislado en la administración pública, pues podrían estarse cometiendo actos de corrupción también en carteras como Energía y Minas, Desarrollo Social, Agricultura y Comunicaciones.
Empero, el también analista político critica que no existe voluntad del Ejecutivo y los entes fiscalizadores, en este caso el MP y la Contraloría, para “medir con la misma vara” e investigar los problemas en el resto de ministerios, secretarías, entidades autónomas y semiautónomas que tienen una asignación presupuestaria cada año.
“Lo que vemos en la cartera de Salud es un problema que está replicándose en muchas instituciones del Estado. Además, no solo se trata de cambiar funcionarios, sino de cambiar al sistema que en este momento permite la inoperancia y la intromisión de la corrupción en las instituciones”, agrega el académico.
Gutiérrez, además, menciona la urgencia de modificaciones al decreto 1748, Ley de Servicio Civil, que norma lo relacionado con la burocracia en el Organismo Ejecutivo, a fin de establecer estándares de calidad y competencias laborales en el nombramiento de futuros funcionarios.
De esta forma, afirma el entrevistado, se podría evitar que los compromisos electorales que adquieren partidos políticos y candidatos, los lleven a ofrecer puestos en el Gobierno a personas afines, sin importar la calidad, la función o la eficiencia de los servidores públicos.
“También hace falta una reforma política para fiscalizar el financiamiento en campaña electoral, porque lo que los gobiernos acostumbran pagar facturas de campaña otorgando puestos en ministerios clave; entonces los ministerios ya no funcionan para el pueblo sino para complacer y pagar a los financistas. Y desde ahí se corrompe la función administrativa del Estado”, dice.
El director del Ipnusac añade que para la contratación de personas en puestos del Estado se deben tomar en cuenta aspectos como la rendición de cuentas, ingresar en el servicio civil por méritos y no por ser colaborador cercano en campaña y tener una carrera burocrática a través de convocatorias y concursos de oposición.
En los últimos años se han presentado iniciativas de reforma a la Ley de Servicio Civil, pero no han prosperado en el seno del Congreso de la República. El año pasado, se promovió la iniciativa 4142, la cual tuvo dictamen favorable y que fue discutida por el pleno de diputados en primera y segunda lectura, tras lo cual quedó varada.
“Cada cuatro años con un nuevo Gobierno, se nombra a ministros que no conocen el sistema. Esa inestabilidad en las instituciones también influye en su bajo rendimiento… Lamentablemente la urgencia de aprobar bonos y de interpelar a funcionarios sin resultados concretos, se está comiendo la agenda del Congreso y los asuntos importantes se están dejando de lado”.
PLAZAS GENERAN DIVISIONES
El 23 de septiembre último, el presidente Otto Pérez Molina pidió la renuncia de Jorge Villavicencio como Ministro de Salud. En su lugar, se nombró a Luis Enrique Monterroso, como titular de la cartera.
Días después de su renuncia forzada, el exministro indicó que durante su mandato tenía la orden de altos funcionarios del Ejecutivo, de pedir hasta 20 por ciento de comisión para adjudicar contratos en ese ministerio.
El exfuncionario manifestó también en su momento que luego de destituir a la viceministra Tamara Obispo, la vicepresidenta Roxana Baldetti nombró a Iván Mendoza como viceministro de Atención Primaria de Salud y, desde entonces, él era quien se encargaba de todos los contratos por recomendación del actual ministro de Salud, Luis Monterroso, quien según Villavicencio, es íntimo amigo de Baldetti.
Mendoza no quiso pronunciarse sobre los señalamientos de sus vínculos con la vicepresidenta Roxana Baldetti, que hace en su contra el exministro de Salud Jorge Villavicencio.
Mientras, Villavicencio expresaba sentirse traicionado por parte del Ejecutivo, porque a su parecer hacía su trabajo de forma responsable señalando que varias anomalías en la gestión de esta cartera, fueron orquestadas por el Presidente y la Vicepresidenta, entre ellas, la presión para colocar personal en el Ministerio de Salud.
En ese sentido, a inicios de noviembre circuló una carta en redes sociales enviada en julio pasado por el Sindicato de Trabajadores de Salud al despacho del doctor Villavicencio, en donde se le comunica que debía colocar a un médico y una señora, con salarios de Q25 mil y Q20 mil mensuales, respectivamente.
La misiva terminaba con el párrafo “la contratación de las personas es con instrucción de la vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti Elías”.
La Vicepresidenta aceptó el 10 de noviembre luego de asistir a una actividad en el Palacio Nacional, que las contrataciones eran parte del trabajo conjunto del sindicato para el fortalecimiento de la atención primaria en salud, pero prefirió no emitir comentarios acerca de la supuesta negociación de plazas de parte de la diputada del Partido Patriota Emilennee Mazariegos, en área de salud de Huehuetenango.
Consultado sobre el tema, el actual ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, dijo a La Hora que prefería no pronunciarse ante las acusaciones de Jorge Villavicencio.
Más bien, el funcionario informó que existen más de 23 denuncias en el Ministerio Público, por plazas fantasma, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, hurto y comportamiento anómalo en compras contra empleados del Ministerio de Salud y “que hay muchas fuerzas internas en el Ministerio que están descontentas porque estamos poniendo orden, pero los actos de corrupción van a terminar”.
Se intentó cuestionar sobre otros asuntos al ex ministro Jorge Villavicencio, pero luego de insistentes llamadas a su teléfono celular, no se logró establecer la comunicación.
Villavicencio fue nombrado ministro de Salud el 2 de mayo de 2012, en sustitución de Francisco Arredondo, quien argumentó problemas de salud al dejar el cargo.
Según fuentes cercanas al Ejecutivo, el doctor Villavicencio era considerado como el hombre de confianza del presidente Otto Pérez Molina y la vicemandataria Roxana Baldetti, al extremo que ambos funcionarios lo mantuvieron en el cargo durante más de dos años pese a críticas por no tener un finiquito de la Contraloría General de Cuentas cuando asumió al cargo y las constantes advertencias sobre una eventual crisis de insumos y medicamentos en los hospitales nacionales.
La gestión del exministro de Salud. Jorge Villavicencio estuvo constantemente bajo el escrutinio de diferentes bancadas en el Congreso de la República, en su mayoría de oposición, cuyas últimas citaciones eran aprovechadas por los diputados para criticar la baja ejecución presupuestaria en esa cartera así como la distribución de medicinas en hospitales a nivel nacional.
“El Ministerio de Salud siempre ha sido muy difícil de controlar. Sistemáticamente se presentaron denuncias por carencia de insumos y medicamentos y escándalos con viceministros pero hicieron (Otto Pérez y Roxana Baldetti), como que no veían… lo mantuvieron en el cargo para su conveniencia aprovechando la ausencia de fiscalización porque la Contraloría nunca advierte de lo que pasa con las estructuras mafiosas”.
Nineth Montenegro
Diputada
