POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Tras las declaraciones del presidente Otto Pérez a una cadena internacional de noticias, sobre tomar una decisión en el tema de la legalización de la marihuana el próximo año, analistas coincidieron en que el país debe adoptar un nuevo enfoque integral sobre el problema de las drogas que incluya el respeto a los derechos humanos y acciones de salud pública.
La llamada guerra contra las drogas no ha llegado a ninguna parte, pues sigue aumentando el consumo, hay nuevas sustancias en el mercado y el dinero ilícito que genera sigue fortaleciendo a las redes del crimen organizado y la corrupción en las instituciones, además del impacto negativo en la situación de seguridad y salud del país, opinó el experto en materia de seguridad, Julio Rivera Clavería.
Esto tras las declaraciones del presidente Otto Pérez Molina el pasado sábado en una entrevista a la cadena Telesur, donde elogió la propuesta del expresidente colombiano Álvaro Uribe, sobre la despenalización de la marihuana y lo consideró un modelo a seguir. Además, el mandatario citó a Uribe, quien considera que la siembra y el cultivo de la hierba debería ser “una actividad exclusiva del Estado”.
En ese sentido, Pérez Molina aseguró a la televisora que en el primer semestre de 2015 el actual Gobierno tomará decisiones sobre la despenalización en Guatemala, agregando que sigue de cerca la experiencia de Uruguay en esa materia.
Julio Clavería añadió que actualmente no existen políticas ni programas integrales para la prevención del consumo de mariguana y otras drogas ilícitas en el país, por lo que se debe revisar el abordaje tradicional del tema y considerar el desarrollo de nuevos enfoques, que prevengan los costos sociales y contribuyan realmente a la reducción del consumo de las drogas en Guatemala.
“Al final es una decisión del Presidente pero insisto en que debe ser debatida, examinada y estudiada porque las condiciones de Guatemala no son las mismas que las de Uruguay. Hay que hacer un replanteamiento del combate al problema de las drogas… el problema es que de haber acuerdos políticos y legales, hacer operativa esta propuesta en el área policial y judicial no será sencillo”, acotó el entrevistado.
Por su parte, la analista en seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Lorena Escobar, explicó que la propuesta presidencial de legalización de la mariguana va más dirigida hacia el consumo, es decir, tratar a los consumidores como adictos, no como delincuentes y esto tendría implicaciones en el marco jurídico interno como en los tratados internacionales y los convenios que haya suscrito Guatemala en esta materia.
“Desde esa visión, el adicto tendría que encontrar en el Estado cierto apoyo y para eso se necesitarían recursos y por eso es una propuesta compleja que requiere no solo una visión en el área jurídica, sino también desde el punto de vista de la economía, de salubridad, de prevención y de educación”, expresó Escobar.
La investigadora de Asies también dijo que aunque el abordaje del tema es un avance, la criminalidad que afecta a Guatemala no solo es por el narcotráfico o por el consumo de mariguana, sino existen otras problemáticas que van más allá.
“Ahora el mayor problema es la siembra y comercialización de amapola, porque representa 12 veces las utilidades que genera el cultivo de frijol y maíz. En Guatemala, hay 200 comunidades identificadas que viven de la producción de amapola. Entonces el problema va más allá de solo legalizar la mariguana”, señaló.
