POR VIRGINIA CONTRERAS
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Aracely Molina, de 38 años; Luis Fernando Flores Molina, de 20 y Jorge Luis Flores Molina, de 24, fueron capturados por agentes de la Unidad Contra Delitos Sexuales de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en conjunto con fiscales del Ministerio Público, en el lote 20, manzana G, residenciales “Los Eucaliptos”, zona 3 de San Miguel Petapa. Los detenidos presentan cargos de maltrato contra personas menores de edad y trata de personas.
El delito de trata de personas es un negocio que trasciende fronteras. Las víctimas son en su mayoría, mujeres, niños y niñas. Los afectados son explotados como una mano de obra barata en la industria del sexo, en adopciones ilegales y en la extracción de órganos.
Este delito se define por la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Leonel Dubón, Director de Refugio de la Niñez indica que en el país las más comunes son la explotación sexual, en donde las mujeres son obligadas a prostituirse en clubes nocturnos. Y la explotación laboral, que utiliza a niñas que son contratadas para trabajar a cambio de comida.
Dubón establece que los grupos más vulnerables en los menores de edad son los niños y los adolescentes. En el primer grupo se utilizan a los niños más pequeños porque inspiran lástima en el tema de la mendicidad. Pero en fincas o empresas son el segundo grupo, para trata laboral.
Dubón comenta que existen dos tipos de redes dedicadas a este delito: las que pertenecen al crimen organizado. En donde salen los niños a otros países para ser explotados y redes de trata doméstica, que distribuyen para explotación sexual y trata laboral, ya sea en la capital o principales ciudades.
Por su parte Erick Cárdenas, Procurador de la Niñez y Adolescencia, de la Procuraduría General de la Nación (PGN) señala que por mandato legal tienen la representación de los menores y la protección de los mismos. El rol que deben ejercer se da a través de dos vías: la primera, por medio del sistema judicial. La cual consiste en la separación o rescate de los niños de los tratantes, ya sean familiares o no. Y la segunda acción es como querellantes adhesivos, como representantes de los niños dentro del proceso penal aportando pruebas al Ministerio Público. A efecto de conseguir las sentencias condenatorias.
