POR CLAUDIA PALACIOS
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Las razones que motivaron la intervención de la Dirección General de Migración (DGM) en 2001, son las mismas que se argumentaron recientemente para ordenar el proceso contrario, su desintervención. Los expertos coinciden en que durante los trece años de control directo que tuvo el Ejecutivo sobre la institución no se dieron los cambios de fondo necesarios y a la fecha el sistema de migración del país sigue vulnerable a la corrupción y la mala gestión.
En enero del presente año, la Policía Nacional Civil, con apoyo del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), capturó a 21 personas, entre delegados de DGM y empleados del Registro Nacional de las Personas, por supuestamente estructurar una organización criminal que lucraba al permitir ilegalmente la residencia temporal, el ingreso, tránsito y salida del territorio nacional a ciudadanos de diferentes nacionalidades con la utilización de pasaportes guatemaltecos expedidos irregularmente.
Tal como este caso, la corrupción, el abuso de autoridad, la malversación de fondos, la falsificación de documentos personales, entre otros, han hecho a la DGM protagonista de numerosos escándalos.
En vista de dicha situación, en 2001 el entonces presidente Alfonso Portillo ordenó la intervención de la DGM como una “medida enérgica para poner en orden el sistema migratorio del país” y lograr la “eliminación de acciones o procedimientos ilegales” que se registraban en la entidad rectora de esta materia. El mandatario argumentaba que los problemas en Migración provocaban un Estado anacrónico, obsoleto y lento, y que constituían un obstáculo para las políticas públicas.
Ese año, Óscar Contreras fue nombrado interventor por el mandatario y en base al acuerdo gubernativo 469-2001, tomó las funciones y atribuciones del Director General de Migración y otras correspondientes a la intervención, incluyendo, la dirección y control de todas la operaciones concernientes a la DGM.
La Ley faculta al Ejecutivo para intervenir instituciones públicas en casos de urgencia y aunque también detalla el carácter provisional de la misma, no establece un plazo máximo para su finalización, por lo que presidente tras presidente la medida se prolongó por 13 años.
El pasado 29 de octubre el presidente Otto Pérez Molina decidió finalizar con la medida de intervención en medio de nuevos señalamientos de corrupción por parte del último interventor.
LA VULNERABILIDAD
Según datos de la DGM, durante el 2013, a través de las distintas fronteras de Guatemala ingresó un aproximado de 2 millones 216 mil personas, mientras que las salidas reportadas para el mismo periodo sumaron 2 millones 89 mil personas.
Los promedios de la institución señalan que durante las épocas bajas se entregan unos 800 pasaportes diarios en territorio nacional y otros 400 en Estados Unidos.
Para Raquel Zelaya, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, el trabajo de la DGM es delicado en un país fronterizo con México como Guatemala. El flujo de migrantes hacia Estados Unidos que pasan por el país no solo abarca a nacionales, sino extranjeros provenientes de todas partes del mundo por distintos motivos, algunos lícitos y otros no.
A criterio del ministro Mauricio López Bonilla, un 25 por ciento de las amenazas producto de la generación de documentos legítimos con información falsa que esconden propósitos de terrorismo, crimen organizado, lavado de dinero y robo de identidad afectan al país directamente. El otro 75 utilizan Guatemala como un punto de paso.
Para el Ministro, la raíz del problema es la discrecionalidad con que se maneja la institución. “Hemos tomado control en la generación de pasaportes, antes de que nosotros viniéramos estaba en manos de una empresa privada que manejaba la base de datos de migración y esa era una ilegalidad” explica Bonilla.
El titular de Gobernación, Mauricio López Bonilla, cree que también representa una grave debilidad que en términos orgánicos funcionales la institución está desfasada en el tiempo respecto de las herramientas y sistemas de control migratorio que existen en el mundo.
López Bonilla mencionó que dentro de las propuestas para reorientar la entidad está además la evaluación de los salarios percibidos por los empleados de la DGM, ya que según el funcionario la remuneración del personal en todo el sistema público no siempre coincide con los niveles de responsabilidad que se deben manejar.
Hace tres años el Sindicato de Trabajadores de la DGM acordó con la institución el pago de un bono a 355 empleados contratados en el reglón 0-11 por la suma de Q35 millones que se desembolsarían en 36 pagos. La negociación se realizó luego de que varias denuncias judiciales emplazaran a Migración desde 2005, cuando el interventor Fernando Sosa firmó un compromiso por medio de un acta donde se estableció un aumento de sueldo de cien por cien, pero que al 2011 aún no se había cumplido.
ACABAR CON UNA MENTIRA
De acuerdo con el Ministro de Gobernación, cuando en 2012 el presidente Pérez Molina tomó posesión, en el nuevo gobierno no se tenía conocimiento de las razones que produjeron la intervención durante la gestión de Alfonso Portillo, por lo que como parte de un plan administrativo se hizo un diagnóstico sobre el proceso; pero al realizar una revisión documental en búsqueda de informes emitidos por los interventores sobre el proceso de auditoría, no se encontraron mayores referencias.
“Para lo único que sirvió fue para cambiar de nombre administrativamente, porque siguió caminando de la misma forma”, concluyó Bonilla.
Gustavo Martínez, Secretario General de la Presidencia, también cree que más que un cambio operativo, la intervención fue un cambio administrativo, ya que el Ministerio de Gobernación siguió al frente de las operaciones de la institución.
Según Oliverio García Rodas, Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República, se nombró un interventor para regularizar el funcionamiento de Migración, pero lo que debía ser una medida temporal como dice la Ley, se convirtió en algo definitivo.
Para el diputado, terminar con la intervención fue terminar con una mentira de muchos años, ya que ésta no solucionó los problemas por los cuales se decidió aplicarla.
Además, explica, debido a que la intervención nunca dio los resultados esperados, lejos de funcionar como una Dirección, ésta se convirtió simplemente en una institución en la que el interventor, es decir, una sola persona, decidía cómo hacer todo.
“La intervención fue una medida administrativa destinada a terminar con problemas que existían ahí y no se solventaron. Consistía en una persona que dirigía absolutamente todas las funciones que corresponden a la Dirección. Un interventor por decirlo, es el todopoderoso dentro de un sistema así”, explicó.
LOS MISMOS PROBLEMAS DE SIEMPRE
Para García Rodas, la intervención no cumplió con sus objetivos porque las personas designadas para llevarla a cabo no eran capaces, y al tomar posesión repitieron los patrones erráticos de directores anteriores.
De los nueve interventores nombrados entre 2001 y 2014, la mayoría fueron destituidos y de éstos, una buena parte dejó las funciones bajo señalamientos de corrupción y malos manejos administrativos.
Contreras, el primer interventor nombrado por el presidente Portillo, fue sindicado por la Fiscalía contra la Corrupción en 2008 por el delito de apropiación, retención indebida y malversación de fondos. De acuerdo con la demandante, Ana Villegas de Fortín, interventora nombrada en enero de ese mismo año, la DGM retuvo fondos de la empresa Corporación Inmobiliaria La Luz S.A., contratada para brindar servicios de emisión de libretas de pasaporte entre abril y octubre de 2003, los cuales fueron supuestamente destinados a pagar gastos de funcionamiento de la dependencia de la Dirección General.
Los dos últimos interventores también dejaron el cargo bajo cuestionamientos sobre su gestión. Fredy Vianna, interventor nombrado por el actual Presidente, fue destituido luego de que la DGM pasara por una crisis de escasez de libretas para la emisión de pasaportes debido a que no se hizo a tiempo la licitación pública internacional para el enrolamiento y emisión de pasaportes. La Dirección había anticipado la compra de 250 mil libretas sin tener en cuenta que para satisfacer la demanda se necesitarían alrededor de un millón.
Meses después, antes de anunciar que se daría inicio al proceso para recuperar la institucionalidad de la DGM, el presidente Otto Pérez Molina anunció la destitución del interventor Vicente Roca por supuestos malos manejos y tráfico de influencias.
Pérez Molina no dio mayores detalles sobre dichos señalamientos y el Ministro de Gobernación dijo que el caso se encuentra bajo reserva mientras se realizan las investigaciones, pero en esa ocasión, el Presidente aseguró que incluso se estaba analizando la presentación de una denuncia penal contra el último interventor. Al cierre de este reportaje, el Ministerio Público no había registrado ninguna denuncia ingresada contra Roca.
LAS DENUNCIAS ENGAVETADAS
En febrero de 2012, el Juzgado Primero de Mayor Riesgo B resolvió abrir proceso legal contra treinta y cuatro personas, entre ellos personal de la DGM y el Registro Nacional de Personas por falsificación de pasaportes.
Entre 2013 e inicios del presente año, las capturas contra empleados de Migración por falsificación de pasaportes sumaron 23 personas detenidas. Entre los capturados se encontraban Arnoldo de Jesús Miranda Fuentes, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la DGM, José Alberto de León Gramajo, jefe de la delegación de pasaportes del Centro de Emisión de Pasaportes de la DGM, José Antonio Samayoa Cano, exrepresentante de Corporación Inmobiliaria La Luz, S.A. y Mirna María de Los Ángeles Rivas Gramajo, exdelegada de la DGM.
Dichas estructuras aún están en investigación en el MP, mientras que en Tribunales los procesados esperan enfrentar juicio.
Pese a los continuos señalamientos contra interventores de la DGM, el caso anteriormente mencionado es el único caso de trascendencia llevado a Tribunales. Hasta la fecha, ningún interventor ha sido sentado en el banquillo de los acusados.
Al cuestionar a López Bonilla sobre dichas anomalías, éste solamente indicó que sí hay procesos de investigación orientados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pero que los señalamientos aún están en proceso de verificación y que al ser comprobados se interpondrán las sanciones o denuncias penales por los delitos conocidos.
EL INSTITUTO DE MIGRACIÓN
Para García Rodas, para fortalecer el sistema migratorio, no basta con terminar la intervención, sino que debe haber un proceso de reorganización de la DGM para establecer si funciona bien como una dirección o si debe convertirse en un Instituto de Migración, tal como lo anunció en Presidente de la República. De acuerdo con el diputado, debe trabajarse en un modelo de institución “mucho más técnico, más ordenado, más moderno y que realmente le dé seguridad al ciudadano del tratamiento de su movilidad”.
Según Paul Briere, presidente de la Comisión del Migrante del Congreso de la República, aún está pendiente determinar de dónde nace el problema de la corrupción en la DGM; pero que por el momento apoyarán la iniciativa del Ejecutivo y se propondrá al Congreso que apruebe la creación del Instituto de Migración que funcione como un ente autónomo y descentralizado de la cartera de Gobernación, aunque según explicó López Bonilla, “queremos que (el Instituto) esté considerado como una entidad parte del sistema nacional de seguridad, adscrito al Ministerio de Gobernación”.
Briere considera que el Instituto garantizaría modernidad, autonomía y seguridad; sin embargo, indicó que tendría el mismo funcionamiento de la DGM, por lo que aún no se han detallado cambios de fondo. Al consultar al diputado sobre qué características del instituto podrían evitar que caiga en las mismas circunstancias, éste solamente respondió que dependerá de la voluntad política de quienes trabajen al frente de la entidad.
De acuerdo con el congresista, la iniciativa anunciada por el Ejecutivo se presentará al Congreso el 18 de septiembre.
FUNCIONES
El Ministerio de Gobernación es la máxima autoridad en materia migratoria y de acuerdo con la Ley ejercerá las funciones que al respecto le correspondan a través de la Dirección General de Migración, la cual depende de dicho Ministerio.
Corresponden a la Dirección General de Migración, las siguientes funciones:
1. Diseñar e implementar las políticas migratorias del país;
2. Garantizar que la entrada, permanencia y salida del territorio guatemalteco, de nacionales y extranjeros, se realice de acuerdo con lo preceptuado en la ley.
3. Garantizar y mantener con la mayor eficiencia técnica, los registros necesarios para un efectivo control del movimiento migratorio de nacionales y extranjeros;
4. Aplicar las sanciones correspondientes a quienes infrinjan las disposiciones de la ley, su reglamento y demás disposiciones en materia migratoria;
5. Expedir los documentos de identidad, de viaje y de residencia a los refugiados, asilados o apátridas que se encuentren en el territorio nacional, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en La ley;
6. Autorizar y controlar la expedición de pasaportes nacionales;
7. Conceder las visas de ingreso en los casos previstos en la ley.
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
ARTÍCULO 120.- Intervención de empresas que prestan servicios públicos. El Estado podrá, en caso de fuerza mayor y por el tiempo estrictamente necesario, intervenir las empresas que prestan servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando se obstaculizare su funcionamiento.
