POR ACISCLO URIZAR
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El Consejo Nacional para la Atención de las personas con Discapacidad (Conadi) y el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades) impulsan iniciativa de ley que busca brindar atención a víctimas de la violencia armada en el país. De acuerdo con estas instituciones, anualmente miles de guatemaltecos sobrevivientes de la violencia que impera en el país quedan con alguna discapacidad física temporal o permanente, por lo que ven necesario que el Estado asuma su responsabilidad de garantizar atención a este segmento de la población.
La iniciativa pretende generar condiciones para que las víctimas puedan acceder a una rehabilitación integral, además de contar con los aspectos médicos y psicosociales respectivos.
Gerson Sotomayor, consultor de Iepades, explica el fundamento de la iniciativa en mención.
“Iepades, Conadi y Transiciones se unen para promover una iniciativa de Ley que ya fue presentada al Congreso de la República, para poder llenar un vacío que históricamente ha tenido el Estado, que es la atención a víctimas de la violencia armada que han quedado en estado de discapacidad ”, expuso el entrevistado.
Esta iniciativa pretende que, ante la ineficiencia del Estado para garantizar seguridad y desarrollo integral a los guatemaltecos, éste pueda resarcir el daño que ocasiona la violencia fortaleciendo la atención en materia de rehabilitación a las víctimas con discapacidad a causa de este flagelo.
Sotomayor declara que la financiación para cumplir con el cometido de la iniciativa puede darse a través de la reasignación de fondos de extinción de dominio.
Estos fondos, el 14% de los mismos, pasarían directamente al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con un candado presupuestario para que solamente pueda ser destinado para la atención de víctimas de ese tipo de violencia, afirma el especialista.
El consultado señala que, cuando se realizó la Ley de Extinción de Dominio solamente se pensó en redistribuir los fondos para la operación de las instituciones del Sistema de Justicia, pero no se pensó en la víctima.
La víctima, según el consultor de Iepades, es el aliado estratégico de la justicia y si no se tiene atención a la víctima, especialmente a las que han quedado en condición de discapacidad por descuido del Estado, el mismo debe reivindicarse guiado por lo establecido en el Artículo 2 de la Constitución Política de la República, el cual dicta que el Estado debe garantizar la vida y el desarrollo integral de sus habitantes.
