POR CLAUDIA PALACIOS
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El juicio contra 93 supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha finalizará este día con la sentencia que emita el Tribunal B de Mayor Riesgo y con la cual, el Ministerio Público busca que se siente un precedente jurídico sobre la existencia y formas de operación de dicha estructura criminal.

Noventa y tres personas vinculadas a la Mara Salvatrucha (MS) escucharán la resolución que emita el Tribunal B de Mayor Riesgo sobre las acusaciones que hizo en su contra el Ministerio Público por los delitos de extorsión, asesinato, portación ilegal de armas de fuego y asociación ilícita, entre otros.

El proceso penal es parte de una estrategia del Ministerio Público para solucionar varios casos individuales relacionados a la pandilla en un solo proceso judicial, con esto, además se busca que se reconozca que la MS es una organización criminal y que dicho antecedente pueda ayudar a próximos casos.

La jueza Sara Yoc Yoc, dentro de las argumentaciones previas a resolver la sentencia, señaló que durante el debate quedaron comprobadas las operaciones criminales de la MS, organización que explicó, tiene presencia en dos terceras partes del territorio nacional y que funciona a través de clicas o células operativas, las cuales se dedican a la intimidación de la población para lograr sus fines y lucran con la extorsión de comercios, transporte público y vecinos de la zonas que dominan.

Entre las clicas mencionadas se destaca la red denominada “Piwis Locos” que opera en la aldea Canalitos, en zona 24 de la capital. La juzgadora señaló que esta clica está dirigida por Nixon Bantes quien se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad, desde donde dirige las operaciones criminales. Andy Bantes, hermano del dirigente es la segunda palabra dentro de la clica en la cual también se encuentran involucrados otros miembros de la familia Bantes.

Los acusados podrían enfrentar condenas de hasta 248 años de cárcel, de acuerdo a los solicitado por la fiscalía que los vincula a por lo menos 30 muertes, entre los que se encuentra el asesinato y desmembramiento de cuatro personas cuyas cabezas aparecieron en distintos puntos de la capital con mensajes contra las autoridades de seguridad por no acceder a las peticiones hechas por los dirigentes de la pandilla para mejorar sus condiciones en los centros de privación de libertad.

El MP estima que al menos 25 de los acusados son dirigentes de las diferentes clicas de la MS. Para este debate se presentaron cerca de 1,200 documentos probatorios, pero según explicó el tribunal, el testimonio de varios colaboradores eficaces y testigos fue clave para evidenciar los hechos.

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