POR SAIRA RAMOS
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La magistrada titular María Eugenia Mijangos explicó que el TSE tiene limitaciones de tipo legal en el tema de fiscalización política y hasta ahora no logró establecer un sistema de coordinación con las instancias encargadas de la fiscalización, sin embargo, resaltó que la actual magistratura tiene voluntad política para trabajar en el tema.
Según Mijangos, profesionales del ente electoral ya estudian los mecanismos de inspección a los grupos políticos que están establecidos en el Reglamento de la Ley Electoral y las primeras observaciones están encaminadas a fiscalizar las aportaciones monetarias y en especie.
“Se están haciendo esfuerzos y de hecho la Superintendencia de Telecomunicaciones ya respondió y está trabajando en un borrador. Sin embargo, con otras entidades todavía no se ha llegado a concretar la solicitud hecha por el TSE”, advierte.
“El tema de la fiscalización es expansivo y difícil porque todo está inmerso en el poder coercitivo que tiene la legislación –por eso– hicimos un llamamiento para que la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público realicen una fiscalización a los partidos, pero no se ha tenido una respuesta”, expuso.
Estuardo Gamalero, magistrado suplente, coincidió con Mijangos y, agregó que las herramientas legales para abordar el financiamiento privado no son suficientemente claras como para actuar con la contundencia que requieren los partidos políticos que no son transparentes.
De acuerdo con Gamalero, “irónicamente, las operaciones bancarias y financieras entre particulares se reportan y fiscalizan arduamente por la Superintendencia de Bancos, sin embargo, hay una especie de tabú en el ambiente respecto de lo que sucede y cómo se reciben los aportes que llegan a los partidos políticos. Considero que no hay voluntad política en los actores por fortalecer el tema de la transparencia electoral y parece que a muchos les conviene esa ambigüedad y opacidad”.
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral coinciden en que el financiamiento privado no es precisamente un factor negativo, pero el problema radica en la participación de personas “deshonestas” que cometen delitos a través del financiamiento de partidos.
En esta ocasión, el TSE no está solo, porque la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) investiga el financiamiento de partidos, según confirmó el portavoz de ese ente, Diego Álvarez.
“Es un tema que lleva la Comisión y está en investigación. No se puede dar ningún adelanto de la investigación y solamente se puede confirmar que es un tema que se está manejando desde hace algún tiempo”, puntualizó.
“INTENTO FRACASADO”
En la pasada magistratura del TSE se suscribió un convenio interinstitucional con la Superintendencia de Administración Tributaria, Superintendencia de Telecomunicaciones, Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de Cuentas, con miras asistir al ente electoral para tener un mejor control y vigilancia de las campaña políticas.
De acuerdo con un informe, al cual tuvo acceso La Hora, las actividades del convenio se dividieron en cuatro, con un presupuesto para cada una, que fue financiado por cooperantes. La asistencia para el control del financiamiento tuvo un monto asignado de US $250 mil, con una ejecución no significativa, seguida del fortalecimiento de la estructura funcional y organizacional, con una asignación de US $100 mil, de los que solo se ejecutaron US $57 mil 689.91.
La depuración, actualización y difusión del Padrón Electoral, en donde se incluyó el mejoramiento de la comunicación entre el TSE, el Registro Nacional de las Personas (Renap) y el Congreso tuvo destinados US $200 mil y US $25 mil respectivamente, del que se utilizó la cantidad de US $39 mil 046.42; el reforzamiento con alianzas institucionales se le asignó un presupuesto de US $150 mil, del cual solamente se ejecutó US $18 mil 292.23.
Después fue necesario realizar una auditoría al convenio para identificar las conclusiones, las cuales resultaron negativas ya que, según los recursos fueron utilizadas por las instituciones la contratación de algunas consultorías y para el pago de fotografías, las cuales tuvieron un costo reducido.
El analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Inpusac), Cristhians Castillo, opinó que la falta de progresos, sin el afán de justificar a los entes, pudo deberse al desconocimiento del tema, ya que el financiamiento a las organizaciones partidarias en materia de transparencia es una herramienta “nueva y con muy poca claridad”.
A decir del experto, el generar un control del fiscalización al financiamiento privado de los partidos políticos tanto para el TSE como para las instituciones que se suscribieron al convenio institucional le sumaron funciones extras a las que ya realizan en materia de fiscalización, por eso, propone que se fortalezcan las unidades en materia de transparencia para que así todos estén en la “misma sintonía y nadie tenga información distinta”.
En el tema, pero bajo otra perspectiva, Luis Chávez, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), lamentó los nulos avances del convenio institucional y agregó que no se puede descartar que hayan representantes de la SAT, SIT, SIB y CGC que tengan simpatía con partidos políticos y por ello no existió voluntad para realizar un esfuerzo en el tema del financiamiento privado.
UN TEMA SENSIBLE
Un coordinador de campañas políticas, quien pidió omitir su identidad, explica que la fiscalización del financiamiento de las campañas se presenta como un reto para el TSE. “El principal impedimento del TSE es la falta de un aparato de verificación de campañas que permita conocer exactamente cuánto, cómo y con quienes se gasta la plata. A partir de ello, se tiene que ir al origen del aporte que, muchas veces, no es en plata. Por ejemplo, hay empresarios que donan tiempo de sus empleados, vehículos de sus empresas, etc.”, expone.
Al consultarle sobre la falta de fiscalización, el experto advierte una falta de compromiso de las autoridades y recalca que “el TSE se ha vuelto un buen organizador de eventos y contador de votos, pero es terrible regulador de los partidos”.
Finalmente, sobre la importancia de fiscalizar y trasparentar las campañas, señaló que es fundamental que “el financiamiento sea principalmente público amarrado a la formación política y al desarrollo de propuestas de parte de los institutos ideológicos y de formación de cada partido y en caso se mantenga algo de financiamiento privado, tiene que ser depositado el fondo en el TSE para que sea este el que lo haga llegar tras ser verificado a cada partido”.
“Pero para que todo esto pueda suceder, se tiene que tener el plan completo de campaña para poder contabilizar cada una de las actividades y con ello darle un valor a cada trabajo, aporte, etc. Si no se sabe cuánto cuesta una campaña, no se sabe cuánta plata se consiguió”, apuntó.
“INFORMES” DE PARTIDOS
La Dirección de Organizaciones Políticas del TSE publicó en agosto pasado los informes financieros presentados por los partidos políticos sobre sus fuentes de financiamiento privado. Sin embargo, los datos son poco creíbles, tomando en consideración las actividades que realizan los partidos, lo que conlleva a la falta de transparencia.
Libertad Democrática Renovada (Lider) en su reporte destacó que por concepto de aportaciones de sus dinerarias de afiliados y simpatizantes durante el primer semestre del año recibió Q3 millones 123 mil y otros Q15 mil 761.34 por ingresos de productos financieros. Mientras que el Partido Patriota en su reporte destacó que de sus afiliados y simpatizantes recibió Q300 mil, además, Q36 mil 523.42 por productos financieros, lo que hace un total de Q336 mil 523.42.
La Unidad Nacional de la Esperanza, por su parte, reportó un financiamiento privado de afiliados y simpatizantes por Q36 mil 400, además otros Q51 mil 975 de ingresos donativos en especie. Entre tanto, el Partido TODOS detallo que recibió de parte de sus afiliados el monto de Q278 mil 205.67, mientras que por productos financieros reportó Q3.78, además de Q331 mil 796 por concepto de donaciones o cesión de derechos.
La publicación también da cuenta que el Partido Republicano Institucional recibió Q405 mil 655, mientras que URNG-Maíz destacó un financiamiento de Q65 mil 294, seguidamente el TSE publicó el informe de Alternativa Nueva Nación por la cantidad de Q177 mil 121.63
El Movimiento Integral de Oportunidades País recibió Q5 mil exactos; por su parte, el Movimiento Nueva República destacó haber recibido ingresos de Q600.
Finalmente el Partido de Avanzada Nacional (PAN) recibió un aporte de Q547.73, y la Gran Alianza Nacional (Gana) no reporto ingresos privados, sino que los Q222.83 fueron por intereses bancarios, mientras tanto, el Partido Unionista en su informe dio cuenta que en recibió una cantidad de Q633 mil 344.05 por parte del financiamiento.
Los datos remitidos al Tribunal Supremo Electoral por parte de los partidos políticos no reflejan a los verdaderos financistas, según los expertos, porque a los grupos no les conviene que salgan a luz los nombres de aquellos financistas que hacen onerosas aportaciones de dudosa procedencia.
Según la magistrada Mijangos, las autoridades de ese ente están en la mejor disposición para abordar la fiscalización al financiamiento privado.
En este aspecto, el analista Luis Fernando Mack igual que Cristhians Castillo, coincidieron que los aportes del Estado deben ser mayores, con el propósito de evitar el “pago de favores” a sus principales financistas privados. Los entrevistados consideran que la Ley Electoral requiere de una “reforma integral”, específicamente, en el tema de la transparencia de apoyo privado.
A manera de recomendación para el TSE, Luis Chávez del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos pidió a ese ente hacer los esfuerzos para identificar a aquellas empresas “multinacionales que dan fuertes apoyos y que al final ganan contrataciones del Estado, algo que contribuye a la corrupción”.
Ante la falta de transparencia de los grupos políticos en sus informes que entregan a la Dirección de Organizaciones Políticas del TSE, es preciso resaltar que, la Ley Electoral y de Partidos Políticos dentro de sus artículos que detallan y describen los lineamientos del financiamiento privado de sus organizaciones, enfatiza que estos deberán hacer públicos sus documentación sobre los aportes y gastos que realizan en las distintas actividades.
Sin embargo, los partidos incumplen lo estipulado en la normativa electoral ya que al hacer una revisión a sus sitios electrónicos se determina que los grupos políticos no tienen al libre acceso la información y tampoco tienen la opción de solicitar los informes mediante la Ley de Libre Acceso a la Información, siendo esto un derecho y un requerimiento que detalla la Ley Electoral.
“Se están haciendo esfuerzos y de hecho la Superintendencia de Telecomunicaciones ya respondió y está trabajando en un borrador. Sin embargo, con otras entidades todavía no se ha llegado a concretar la solicitud hecha por el TSE”, advierte.
Magistrada María Eugenia Mijangos
TSE
PROBLEMAS RECURRENTES
El Tribunal Supremo Electoral mediante sus análisis realizados al Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos ha detectado varios problemas recurrentes en la fiscalización de las agrupaciones partidarias y entre ellas se encuentran:
> Incumplimiento de la normativa en general
> Falta de presentación de informes de plazos financieros
> Falta de documentación financiera de soporte o respaldo
> Aportaciones anónimas
> Aportaciones no dinerarias no contabilizadas
> Dificultad para detectar cuentas bancarias relacionadas a los grupos políticos
> Los partidos no contabilizan las dadivas entregadas a las comunidades
> Los partidos no contabilizan los gastos personales de sus dirigentes partidarios dentro de la contabilidad de las agrupaciones
> Triangulación de fondos en las aportaciones
> El irrespeto al límite de gastos de campaña
> Utilización figuras legales para simular contratos de préstamos
> Deficiencia normativa y falta del poder coercitivo
> No respetan los límites de espacios de pauta electoral
> Hay dificultad para reportar aportes de origen ilegales
> Existe falta de colaboración interinstitucional con actores antes mencionados; y la falta de incumplimiento de informes sobre las publicaciones que se hacen en los distintos medios de comunicación.
TRABAJO CONJUNTO
El Tribunal Supremo Electoral, dentro de sus principales funciones, tiene a su cargo la fiscalización de los partidos políticos, pero para obtener mejores resultados es vital que entidades como la Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Verificación Especial (IVE) actúen según la denuncia o informe del banco que reciba y atienda al partido político o al funcionario del mismo con aportes de dudosa procedencia.
Pero si ante la situación, el banco permite una situación irregular, difícilmente la SIB, IVE y el Ministerio Público podrán actuar, es decir que, la importancia de la banca privada tiene como primer filtro de los depósitos que reciba de las organizaciones políticas y la responsabilidad legal que tiene el tema.
En el caso de la Superintendencia de Administración Tributaria tiene la potestad de fiscalizar a los grupos políticos, mientras que la Contraloría General de Cuentas debe investigar la utilización de recursos del Estado en actividades electorales. Por su parte, la Superintendencia de Telecomunicaciones, tiene a su cargo la verificación de todas las publicaciones en los diferentes medios de comunicación.
Ante lo expuesto, se evidencia que el trabajo de fiscalización a las organizaciones políticas no solo requiere de iniciativa del máximo ente en materia electoral, sino también de voluntad política de otros actores para determinar si existen aportaciones provenientes del narcotráfico, lavado de dinero u otros activos.
