POR MARIELA CASTAÑÓN
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Sergio Alejandro Urízar Castellanos, Mario Alberto Xap, Elena Yax Xerec, Juan Morataya, Melvin Miguel, Norma Ileana Álvarez Ruiz, Dora Aracely Rodas Franco, Ambrosio Velásquez, Rigoberto Emilio García Orozco, Lázaro de Jesús Donis del Águila, Alicia Zacarías y sus hijos Jorge, Gerson, Nury de apellidos Cac Zacarías, son apenas algunos nombres de las víctimas asesinadas en los buses a causa de la violencia y la inseguridad.
Los mil 211 casos de pilotos, ayudantes y pasajeros que documentó la PNC representan vidas de ciudadanos que fueron arrebatadas por criminales, que se fortalecen por la impunidad en el sistema de justicia y por la permisividad del Estado.
Los datos son dispares y desalentadores, pues de esas muertes registradas, la PNC únicamente capturó a 39 sindicados por homicidios de trabajadores del transporte público, refieren los datos oficiales.
Mientras que el MP llevó a condena a 91 personas y se absolvieron a 25, por la muerte de pilotos y ayudantes, en casi seis años. En el caso de los usuarios no se cuenta con un dato específico de las condenas y absoluciones.
Aunque en apariencia, se sabe que el origen de la mayoría de los crímenes está vinculado con extorsiones y asaltos, las autoridades no logran prevenir el delito.
De acuerdo con el Organismo Judicial (OJ), que cuenta únicamente con datos generales de las condenas y absoluciones de sindicados por diferentes delitos, entre 2009 y 2014 ingresaron 5 mil 69 casos por extorsión, de los cuales se lograron mil 725 sentencias condenatorias y 389 absolutorias.
DETRÁS DE UNA MUERTE
Detrás de cada asesinato hay una historia personal, donde interviene la familia y la comunidad que, evidentemente, son afectadas por la ausencia abrupta que representa la muerte de una persona.
Sandra Martínez, viuda del piloto Rudy Ortiz, relata cómo sus planes de vida cambiaron después de la muerte de su cónyuge, quien falleció el 12 de abril de este año, tras ser herido en un bus de Transportes Rivera, que presta el servicio de San Pedro Ayampuc a la capital.
“A él –Rudy Ortiz– le dispararon el 9 de abril de 2014, estuvo tres días en el hospital y murió el sábado a las dos y veinte de la tarde, en el Hospital General San Juan de Dios, tenía nueve años de laborar en Transportes Rivera y nosotros teníamos 15 años de vivir juntos”, explica Martínez.
Según la entrevistada, aunque ella siempre trabajó junto a su esposo para compartir los gastos del hogar, ahora debe suplir las necesidades básicas de ella y sus cuatro niños, que oscilan entre los 3 y 15 años, tres de ellos en edad escolar.
“Yo siempre trabajé al lado de mi esposo, vendiendo gelatinas, conservas en miel. Ahora sigo vendiendo, pero me cuesta más, porque solo con esa miniventa puedo sacar adelante a mis hijos, aquí –en esta casa– alquilo, me cobran Q300, aparte de la luz y la extracción de basura”, refiere.
Martínez dice que cuando su esposo vivía adquirieron un préstamo por el que debe pagar cuotas de Q336 semanales, pero ahora debe saldarlo sola y aunque refiere que los socios de la empresa de transporte donde laboraba su pareja le entregan Q450 semanales, aún es insuficiente para cubrir todos los gastos.
“El dinero no me alcanza. Nosotros, con mi esposo, teníamos deudas. El dinero con el que me apoyan los transportistas me ayuda, pero no me alcanza, mis hijos estudian y tengo que apoyarlos”, refiere la afectada.
La viuda recuerda a su esposo como un hombre “responsable”, que “quería” a sus hijos y que trataba de que no les faltara nada, igualmente, dice que su comunidad lo recuerda como un piloto “educado” y que por esa razón, muchos de sus vecinos la ayudan con víveres para que pueda sobrellevar la situación económica que atraviesa.
En tanto, explica que su cónyuge nunca le comentó sobre amenazas, pues su ruta era “tranquila”, aunque en los últimos días lo observó triste.
En tanto, sus hijos, según Martínez, están afectados y lo demuestran a través de su conducta rebelde y en ocasiones manifiestan rencor por lo sucedido, en tanto, ella pretende que sus niños no guarden sentimientos de dolor.
La vida de la familia Ortiz Martínez, nunca volverá a ser la misma, pues el plan de vida se truncó por la muerte de uno de los pilares importantes.
ESCLARECIMIENTO
Lilian Pérez, de la Asociación de Viudas de Pilotos, demanda el esclarecimiento de las muertes de los conductores, pues de los miles de casos registrados, pocos se esclarecen o logran condena.
“Para nosotros es preocupante ver cómo la Ley es muy débil, a pesar de que estos delitos afectan a muchas personas, consideramos que por eso deben haber condenas ejemplares, además de establecer pagos –resarcimiento– por el daño causado a las familias, para que los que han sido afectados puedan sobrevivir”, dice la representante de la Asociación.
Según Pérez, estas familias son afectadas psicológicamente, principalmente los niños y las niñas, quienes son afectados por el dolor y la frustración.
Por otro lado, Édgar Guerra, de la Defensoría del Usuario del Transporte Urbano y Extraurbano de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), opina que si en el caso de los pilotos y ayudantes asesinados hay impunidad, las muertes de los pasajeros son prácticamente invisibles, pues no se conoce de condenas ejemplares.
“En el caso de usuarios consideramos que hay un 90 por ciento de casos en la impunidad, donde los familiares quedan con una situación de conformismo al final, porque en muchos casos han manifestado que lo dejan en manos de Dios, porque la justicia terrenal no parece llegar”, dice Guerra.
El representante de la PDH opina que las condenas e investigaciones por parte del OJ y el MP son una tarea pendiente, que deben mejorar para romper los círculos de impunidad.
“Tienen que mejorar muchísimo, el OJ y el MP tienen una tarea pendiente, sus capacidades no han dado para más, es preocupante que las muertes de los usuarios queden impunes, porque en alguna medida, son las víctimas inocentes, es difícil saber cuáles son las motivaciones específicas de algunos asesinatos, incluso hay crímenes que salen cubiertos con el tema de extorsiones y son de otra índole”, detalla Guerra.
INVESTIGACIONES
El viceministro de Seguridad, Edi Juárez, dijo a La Hora, que trabajan en conjunto con el Ministerio Público (MP) para detener a los responsables de los crímenes y ataques violentos en contra del transporte público.
“Trabajamos en conjunto con el MP en el tema de investigación, con nuestro personal de Delitos contra la Vida de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic), esa relación se mantiene en los casos de homicidios”, refirió.
Juárez también fue consultado por las acciones para prevenir el delito desde las cárceles, desde donde se sabe de la planificación de ilícitos.
“Estamos recuperando el control de las cárceles, se recuperó el control de Pavoncito, en Cantel se bajaron los niveles de tensión y ahora estamos trabajando en Fraijanes I y en un proyecto de deshacinamiento en Pavoncito”, indicó.
El Viceministro agregó que implementarán un plan de seguridad integral para el transporte público, el cual será fortalecido con las dos promociones de agentes de la PNC graduados el pasado 17 de octubre.
Por otro lado, se consultó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por el anuncio emitido en 2011, sobre la posibilidad de investigar las muertes de pilotos del transporte público.
Diego Álvarez, portavoz del ente internacional, explicó que han apoyado al MP en las investigaciones, donde están vinculados varios delitos relacionados a la extorsión.
“Hemos apoyado al MP desde diferentes aspectos: investigaciones, análisis de información, investigación de bienes y lavado de dinero de diferentes grupos delincuenciales y estamos apoyando con la definición de nueva sección de Fiscalía contra Extorsiones”, indicó Álvarez.
En tanto, en noviembre está prevista la implementación de la Fiscalía contra Extorsiones, que busca atender integralmente este delito.
Muertes, capturas y condenas
1 mil 211 personas fueron asesinadas en los buses entre 2009 y 2014.
39 personas fueron detenidas por homicidios de pilotos y ayudantes.
91 sindicados fueron condenados por muertes de trabajadores del transporte.
25 sindicados fueron absueltos por asesinatos de pilotos y ayudantes.
1 mil 725 sentencias condenatorias cuantifica el OJ por extorsiones.
