POR CLAUDIA PALACIOS
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El proceso penal contra los ocho militares se encontraba temporalmente en suspenso, luego de que en septiembre del año pasado el juzgado Décimo de Instancia Penal resolviera cerrar el caso, pese a que el Ministerio Público (MP) considera que existen los elementos de probabilidad para que los hechos por los que se acusa a los sindicados sean demostrados en debate.
La Fiscalía espera que el caso sea reactivado luego de que un fallo emitido por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenara a la Sala Primera de Apelaciones fundamentar el fallo que emitió en mayo del presente año, en el cual se ratificó la decisión que hizo en ese entonces el juzgado Décimo de Instancia Penal.
A partir de esta resolución, la Sala deberá argumentar y definir si es viable el sobreseimiento del caso o si se debe seguir con el proceso.
En su momento, el juez Walter Villatoro, quien dirigía el juzgado Décimo, argumentó que las pruebas presentadas por el MP para el caso no eran suficientes para evidenciar el despojo, ya que eran las mismas que se utilizaron en el juicio por peculado en contra de Alfonso Portillo en el Tribunal Undécimo Penal y en el cual se absolvió al exmandatario.
De acuerdo con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, este es el último recurso que tiene el MP para que no se cierre en definitiva el proceso en contra de Luis Alberto Gómez, Randolfo Leonel Chacón, Miguel Ángel Salguero, Sergio Hugo Cárdenas, Pedro Adolfo Catalán, Luis Catarino Estrada, Moisés Eduardo Galindo y Enrique Ríos Sosa.
EL CASO
De acuerdo con la acusación del MP , Ríos Sosa, quien fungía como jefe de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), junto a los otros sindicados, desvió Q471.5 millones de esta cartera, para lo cual emitió cheques por cantidades millonarias, los cuales fueron cobrados en efectivo.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad, querellante adhesiva en el proceso, indicó en audiencia que los supuestos implicados habrían falsificado 79 certificados del Ministerio para poder sustraer el dinero bajo la justificación de tratarse de fondos para operaciones de “secreto militar”.
Los ocho militares enfrentan proceso por los delitos de falsedad ideológica y peculado.
En 2011 el exmandatario Alfonso Portillo fue absuelto por el Tribunal Undécimo de Instancia Penal por el supuesto desfalco de Q120 millones en el MDN en 2001. Morelia Ríos, presidenta del Tribunal, razonó su voto y argumentó que sí existían pruebas contundentes para condenar a Portillo.
