POR CLAUDIA PALACIOS
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El acuerdo 23-2013, que buscaba la liquidación de cerca de 300 mil expedientes relacionados a la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales en materia penal, fue reformado por un nuevo acuerdo emitido por la Corte Suprema de Justicia, el cual establece que los juzgadores dedicados específicamente a esta liquidación regresarán a sus funciones normales y conocerán nuevos procesos.
El acuerdo 23-2013, que se firmó durante la presidencia en la Cámara Penal del difunto magistrado César Barrientos, establecía que cuatro de los seis jueces de ejecución, quienes conocen procesos relacionados al cumplimiento de las penas y solicitudes de reos, dedicarían su función únicamente a liquidar todos los expedientes ingresados hasta el 31 de diciembre del 2011. Según el documento, dos jueces nuevos conocerían los procesos que hubieran ingresado en fechas posteriores.
De acuerdo con una jueza a cargo de esta liquidación, luego de la muerte del magistrado Barrientos, cuando Héctor Manfredo Maldonado tomó la presidencia de la Cámara Penal, el proyecto –que además impulsaba la modernización y agilización de los procesos de ejecución de penas– fue abandonado sin que se lograran los avances esperados.
MAGISTRADO RESPONDE
El magistrado Maldonado explicó que el nuevo acuerdo se firmó para que todos los jueces de ejecución conozcan todos los procesos, ya que “casos antiguos ya casi no hay”; sin embargo, una togada de esta jurisdicción dijo que durante el año que se llevó a cabo el trabajo de liquidación, solamente se pudieron conocer memoriales y ni siquiera se pudieron revisar los miles de casos acumulados en el archivo del juzgado.
La jueza explicó que pese a que el acuerdo entró en vigencia ayer, la distribución de expedientes se comenzó a dar desde agosto pasado, sin que hubiera una orden formal por parte de la Corte Suprema de Justicia. Además señaló que las nuevas instrucciones afectarán los derechos de los privados de libertad, ya que muchos casos permanecen sin ser resueltos y aseguró que algunos datan de la década de los 90.
Maldonado explicó que existen varias circunstancias que promueven esta mora judicial, “habría que particularizar cada caso para saber por qué razón no se ha ejecutado, por qué razón algunos que ya pueden salir en libertad no han salido”.
Además, la togada indicó que debido a que no se cuenta con un mecanismo informático para digitalizar los procesos de ejecución, es difícil mantener el control de cuándo un reo ha cumplido el tiempo necesario para obtener beneficios. Por tal razón, es frecuente que el Estado incurra en detención ilegal, ya que los reos permanecen en prisión más tiempo del que deberían.
