POR MANUEL RODRÍGUEZ
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El ministro de Energía y Minas, Erick Archila, informó que se firmó un documento entre integrantes de las 33 comunidades de Chixoy que solicitaban ser resarcidas, el presidente Otto Pérez Molina, y el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, para retomar los acuerdos suscritos en 2010 para la reparación de los pobladores del lugar.
El funcionario explicó que en el convenio se establece que a partir de 2015 y durante 15 años se estarán destinando Q107 millones que serán incluidos en el presupuesto anual para el resarcimiento de los vecinos de Chixoy, así como para la construcción de obras de infraestructura en el lugar (escuelas, viviendas, centros de salud, tramos carreteros y puentes).
“Este resarcimiento es un hecho histórico porque pasaron 30 años para encontrar un acuerdo. Ahora toca seguir adelante con el plan de resarcimiento e invito a los generadores de energía que sigamos con nuevos proyectos, pero de manera responsable”, acotó el titular de la cartera energética.
Por su parte, Juan de Dios García, representante de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (Cocaich), indicó que al inicio de la negociación ambas partes debieron ceder en algunos puntos, pero que al final se alcanzó un acuerdo que “por fin traerá tranquilidad a las comunidades afectadas”.
Añadió que las medidas de dignificación, rehabilitación y no repetición serán una realidad a medida que el Gobierno cumpla con su parte del compromiso. “La lucha continúa, porque aún faltan 15 años para que se termine de cumplir el tema del resarcimiento económico”, dijo el entrevistado.
Por último, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, quien participó como observador en el proceso de negociación de las cláusulas entre los afectados por la represa de Chixoy y el Gobierno, pidió al Ejecutivo publicar cuanto antes el acuerdo gubernativo para viabilizar la entrega de los fondos a los comunitarios que en el pasado entregaron sus tierras o sus familiares fueron masacrados por negarse a cederlas para construir la hidroeléctrica Chixoy.
“Al final ambas partes estuvieron de acuerdo con todos los puntos de la reparación colectiva, individual así como con los plazos. Las propuestas de inversión las harán las propias comunidades con exclusividad y el gobierno solo se encargará de ejecutar las acciones”, declaró el Magistrado de Conciencia.
Fuentes oficiales estiman que fueron seis mil familias las damnificadas por la construcción de la represa en Chixoy, además de 444 personas masacradas por oponerse a dicho proyecto.
