CLAUDIA PALACIOS
cpalacios@lahora.com.gt

El juez  Tercero de Instancia Penal, Darwin Porras, se inhibió de conocer la solicitud presentada por la CICIG, ya que la ley establece que es  competencia de la Corte Suprema De Justicia  (CSJ) conocer de antejuicios contra magistrados. De acuerdo con información de esta judicatura procede notificar a los magistrados de la Corte y la próxima semana se enviará el expediente para que pueda ser analizado.

_Nac4_3bEl antejuicio se solicitó luego de que la entidad recibiera una denuncia del representante de una empresa quien dijo estar siendo objeto de ofrecimientos de parte de una persona desconocida para que el fallo dictado contra la empresa en primera instancia sufriera una reducción sustancial en la segunda instancia, para lo cual le exigió la suma de Q10 millones. El intermediario dijo tener un acuerdo con el Magistrado de la Sala Tercera e incluso mostró al denunciante una copia de su expediente.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público (MP), Santiago De León, tendría conocimiento de estas negociaciones y habría proporcionado información a los intermediarios sobre el caso en cuestión. Los otros dos magistrados de la Sala Tercera no fueron vinculados a estas actividades.

En este mismo caso, las dos personas señaladas por la CICIG de actuar como intermediarios, Samuel Enrique Alvarado y Eliot Imeri Díaz,  prestarán su primera declaración en el Juzgado Noveno de Instancia Penal. El MP imputó a ambos el delito de tráfico de influencias.

Durante la audiencia celebrada hoy, el MP dio detalles sobre las llamadas intervenidas en las que supuestamente se puede escuchar cómo los intermediarios coordinaban el negocio. Los teléfonos de los detenidos fueron intervenidos desde el 29 de septiembre de este año, explicó el fiscal del caso.

El ente investigador argumentó que existen las pruebas suficientes para iniciar un proceso legal contra los sindicados y pidió que fueran ligados a proceso.

Al momento de cierre de esta nota, el Juzgado Noveno se encontraba resolviendo la solicitud de la Fiscalía. Encuentre más información en la edición digital de La Hora.

Artículo anteriorCSJ analiza continuidad en puestos
Artículo siguienteTSE evalúa positivo el proselitismo