Por Redacción La Hora
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Los personeros de las entidades mencionadas le manifestaron al mandatario que existe una preocupación porque la falta de certeza jurídica en el país no les permite competir en igualdad de condiciones debido a que la competencia es desleal y los costos de operar en el país se vuelven elevados por la necesidad existente de invertir para contrarrestar legalmente la piratería y el robo de señal.
Los representantes indicaron que el mismo Estado sale perjudicado porque deja de percibir tasas que las cableras deberían de pagar a la Unidad de Control y Supervisión (Uncosu) adscrita al Ministerio de Comunicaciones y tributos que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no puede recaudar, dada la forma de operar de muchos cable-operadores, que cobran tarifas por debajo del mercado por un servicio prestado sin los derechos correspondientes.
SANCIONES INTERNACIONALES
Las entidades de capital extranjero y cuyos socios son de capital estadounidense, mostraron su preocupación por el efecto que las infracciones a los Derechos de Propiedad Intelectual puedan causar al Estado de Guatemala, como consecuencia de los Tratados Internacionales firmados por el Gobierno y ratificados por el Congreso de la República.
LLAMAN A APLICAR LA LEY
Tras la reunión, los participantes hicieron un llamado a las instituciones de justicia del país para que puedan aplicar la ley en contra de quienes infrinjan los derechos de propiedad intelectual y cometan delitos tipificados en ley.
Para ello, hicieron un llamado al Ministerio Público con el afán que pueda fortalecer la Fiscalía de Delitos Contra la Propiedad Intelectual, asignándole recursos y más personal.
