POR MANUEL RODRÍGUEZ
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En el presente período fiscal han llegado a Estados Unidos casi 60 mil menores de edad sin sus padres y sin documentos, siendo la mayoría provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador y las causas de expulsión más comunes son la pobreza, la violencia e inseguridad, la falta de oportunidades para el desarrollo y la reunificación familiar, de acuerdo a organizaciones sociales.
No obstante, preocupa a los grupos que velan por los derechos de los migrantes, el que la mayoría de los niños y adolescentes permanezcan en albergues y centros de detención mientras esperan iniciar un proceso de deportación, indicando que como el gobierno de EE. UU. no estaba preparado para acoger a tal cantidad de menores indocumentados, apeló a colocarlos en condiciones consideradas insalubres por el hacinamiento y la precariedad en la que los infantes actualmente se encuentran.
Asimismo, inquieta a las organizaciones pro migrantes que los infantes carezcan de la representación legal adecuada para asistir a los tribunales migratorios, argumentando que esta situación atenta a sus derechos humanos al no poder demostrar ante un juez de inmigración, cuál es su situación migratoria y por qué ingresaron sin documentos al país del norte en busca del “sueño americano”.
Un sistema legal roto y obsoleto
Con la aprobación de la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico Humano (TVPRA por sus siglas en inglés), en 2008, los menores centroamericanos que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos son detenidos por las autoridades migratorias y entregados al Departamento de Salud y Servicios Humanos de aquella nación, en tanto se dilucida su futuro en las Cortes de Inmigración.
Y es justo en ese proceso donde el sistema legal se ha venido abajo con la crisis humanitaria declarada por el presidente Barack Obama en junio pasado, pues el gobierno de Estados Unidos no cuenta con instalaciones ni empleados suficientes para albergar adecuadamente a esos menores, y tampoco cuenta con el aparato legal necesario para que sus casos puedan ser analizados y decididos en una Corte de Inmigración en el menor tiempo posible.
Así lo considera Alejandra Gordillo, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Conamigua, quien agrega que una vez que llegan a Estados Unidos y son detenidos, los niños entran a un nuevo calvario, en parte por las características mismas del sistema de inmigración actual porque las autoridades no estaban preparadas para afrontar una ola humana de tal magnitud.
La funcionaria expone que el resultado de esta situación es el hacinamiento en el que se mantiene a muchos de esos niños y adolescentes, pues actualmente los centros de detención y albergues primarios están a tope ante el incesante flujo migratorio de los infantes.
Asimismo, dice que otro efecto es la sobresaturación de casos migratorios de menores en el sistema de justicia norteamericano, el cual calificó de roto y obsoleto, al no poder agilizar las resoluciones para cada uno de estos casos, ante la falta de defensores para este grupo etario.
Según datos de la Oficina para la Reubicación de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos, se procesaba un promedio mensual de 7 mil a 8 mil casos de este tipo entre 2005 y 2011 en los tribunales de EE. UU.
Sin embargo, en ocho meses se cuentan casi 60 mil casos y por ende, la administración estadounidense no solo sufre para mantener a los niños detenidos en la frontera, sino también para cumplir con su obligación de protegerlos en tanto se definen sus casos de inmigración, lo que hace que muchos menores permanezcan detenidos en condiciones inhumanas por mucho más tiempo.
“No hay certeza de lo que vaya a pasar con estos niños porque no hay plazos definidos para iniciar o culminar los procesos y porque los niños tienen que presentarse ante un juez que determinará su caso, pero la mayoría no cuenta con la representación legal adecuada. Es decir, se puede acortar u alargar un proceso de deportación dependiendo del caso”, explica Gordillo.
La representante de Conamigua insiste en que si bien la ley de Estados Unidos concede a esos menores el derecho a que su caso sea revisado en una Corte de Inmigración, estas instancias se encuentran sobresaturadas y las condiciones actuales del sistema no permiten que ese retraso sea remediado en el corto plazo.
“Muchos de los menores deberán esperar meses, o incluso hasta años antes de que su caso sea solucionado. Por el momento se ha solicitado que se otorguen defensores públicos para asistir a las audiencias con los jueces de inmigración porque se determinó que los niños por sí solos no pueden ejercer una defensa efectiva”, señala la entrevistada.
Un proceso cuestionable
Hace unos meses, el gobierno de Barack Obama aseguró que todos los niños que ingresaron a territorio estadounidense sin documentos entre octubre de 2013 y junio de este año, están en un proceso de deportación y por tanto, pidió al Congreso de EE. UU. una partida presupuestaria de emergencia de US $3,700 millones para encarar la crisis.
A finales de julio, la Casa Blanca dijo que en muchos casos los niños podrán presentar casos de asilo, pero advirtió que el proceso es difícil y existe un bajo número de aprobaciones. Tres semanas antes anunció la creación de un programa piloto para dar asistencia legal gratis a algunos niños en 28 ciudades, programa que sería activado por el Departamento de Justicia.
Según organizaciones civiles y humanitarias, muchos de los niños indocumentados detenidos provenientes de Guatemala, califican para algún tipo de alivio humanitario, ya sea bajo el estatus de asilo o visas especiales para víctimas de la violencia o del tráfico humano.
Organizaciones como American Friends Service Committe, que aporta abogados voluntarios para defender legalmente a los menores en EE. UU., critica frontalmente al Gobierno de aquel país porque asume que destinará gran parte de los US $3,700 millones solicitados para agilizar la deportación de los menores.
Lo anterior implicaría en la práctica, eludir la ley TVPRA y no conceder a los niños ser atendidos por la ORR ni recibir una audiencia oportuna para presentar sus casos.
Fabiola Flores, directora regional de AFSC para América Latina y el Caribe, explica, además, que sin un abogado que defienda personalmente a cada menor, sus procesos en las Cortes de Inmigración serían una farsa y señala que deportar a esos niños a Guatemala, es regresarlos a la pobreza, la marginación, el clima de violencia y el subdesarrollo del que huyeron.
La abogada en tema de inmigración enfatiza en que si los menores guatemaltecos no cuentan con defensa legal apropiada, la resolución de sus casos, al final, podría no serles favorable.
Así, actualmente, dice que todo es una “suerte de limbo” ante la inoperancia del sistema actual y la incapacidad de ofrecer nuevas soluciones más humanas y justas no solo por parte de Estados Unidos, sino por el Estado de Guatemala y las otras naciones que conforman el Triángulo Norte.
Fuentes de la Cancillería guatemalteca refieren que en Estados Unidos se encuentran retenidos desde la crisis humanitaria, 14 mil 86 menores de edad, la mayoría en albergues en el estado de Texas, donde se han efectuado generalmente las detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza.
“Sabemos que a algunos menores en Estados Unidos se les ha concedido libertad vigilada por medio de brazaletes y tobilleras, que les permite estar fuera de albergues y centros de detención pero que no deja de ser horroroso porque es parte de un régimen de seguridad excesiva”, afirma Fabiola Flores.
Un futuro incierto
Los secuestros, violaciones y la trata son los principales delitos que afectan a los migrantes al viajar ilegalmente a EE. UU. según la Organización Internacional de la Migración (OIM). De igual modo, el ente refiere que en lo que va del presente año, han muerto más de 4 mil personas de distintas nacionalidades, intentando cruzar la frontera ilegalmente.
Para Julia Gonzáles, coordinadora ejecutiva de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala, esta situación obedece a que en el país no existe una política migratoria integral, lo cual impide orientar de mejor forma las campañas y demás esfuerzos interinstitucionales para informar y prevenir la migración de adultos y menores no acompañados a Estados Unidos.
Respecto a la situación actual de los menores indocumentados en EE. UU. indica que en tanto el gobierno de Barack Obama no acepte que el contexto de violencia e impunidad del que huyen los menores es motivo claro para ofrecer alivio humanitario y concederles estancia legal en aquella nación, la amenaza de la deportación seguirá pendiendo sobre los niños y adolescentes sin papeles.
Cabe señalar que, a la fecha, la administración de Obama no ha deportado masivamente a menores. En realidad, ha deportado cada vez menos si se comparan los 8 mil 143 menores deportados de distintas nacionalidades en 2008 (el año en que entró en vigor la ley vigente en la materia) y los mil 669 en 2013.
Esto en gran medida por los efectos de la ley del 2008, y presumiblemente también por los considerables retrasos de las Cortes de Inmigración, que tienen miles de casos pendientes por resolver.
Sobre cuál es el futuro de los miles de niños guatemaltecos que han cruzado y cruzarán sin documentos a Estados Unidos, Julia Gonzáles aclara que por lo pronto la respuesta es una incertidumbre profunda en lo jurídico, y un considerable malestar físico y moral en los centros de detención, albergues y otros espacios en tanto se define cada uno de los casos.
“Muchos, ciertamente, serán deportados y quizá reemprendan de nuevo el peligroso viaje de vuelta a Estados Unidos para intentar quedarse en el país de modo provisional o permanente. Pero para miles de chicos y sus familias, esas incertidumbres son el mal menor si se compara con la inseguridad, la pobreza y la falta de oportunidades en Guatemala. En ese sentido, la oleada de menores aún no ha terminado”, aduce la entrevistada.
De acuerdo a la Dirección General de Migración, desde julio pasado han sido deportados en vuelos comerciales desde Estados Unidos, 17 núcleos familiares, incluyendo 40 personas, entre ellas 10 madres y 22 menores de diferentes edades.
Ven retroceso en DD. HH.
Organizaciones no solo ven bajas probabilidades de que los menores sean devueltos a Guatemala a causa de las demoras en las Cortes de Inmigración, sino además un retroceso en materia de Derechos Humanos al retener a los niños y familias de migrantes indocumentados en albergues y centros de detención.
“Es una situación muy preocupante porque vemos que Estados Unidos está volviendo a las políticas que parecía ya habían quedado en el pasado y una pronta solución parece complicada”, asegura Felipe González, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
González visitó recientemente la frontera suroeste de EE. UU., por donde más de 57 mil menores sin compañía de un adulto, han sido interceptados por autoridades fronterizas desde octubre de 2013 y trasladados posteriormente a albergues y centros de detención antes de comparecer ante un juez de inmigración.
Según los testimonios recogidos por el delegado de la CIDH, la mayoría de menores guatemaltecos denuncian falta de privacidad y espacios de recreación, acceso restringido para llamar a familiares y ausencia de representación legal, un factor que determina la probabilidad de que sea acogida una solicitud de asilo.
Por su parte, Gloria Castro, encargada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, expone que un tercio de los 14 mil 86 menores de edad guatemaltecos que se encuentran retenidos en Estados Unidos mientras dilucidan su situación migratoria, han sido enviados con sus familiares o tutores legales debido a que el sobrecargado sistema de deportaciones, contribuye a que los niños indocumentados no sean devueltos a Guatemala de manera acelerada.
Esto, subraya, seguirá alentando a los padres a enviar sus hijos al país del norte con la esperanza de quedarse, mientras otros jóvenes y niños verán sus casos dilatarse en tribunales congestionados y algunos simplemente ignorarán la orden de comparecer ante un tribunal estadounidense y se quedarán como indocumentados, puesto que en algunas cortes los casos pueden demorar hasta tres años en ventilarse.
La Hora consultó sobre el tema con el canciller Carlos Raúl Morales, quien se limitó a decir que entre las prioridades de la política exterior de Guatemala se encuentra el tema migratorio, que es muy amplio y esencial para los connacionales en el extranjero.
MIGRANTES
Según estimaciones de la OIM, en Estados Unidos viven alrededor de 1.6 millones de guatemaltecos, de los cuales el 50 por ciento son indocumentados.
De acuerdo al Gobierno de Estados Unidos, cada día son deportados de mil 200 a mil 400 migrantes indocumentados, la mayoría mexicanos, guatemaltecos y hondureños.
Actualmente, unos 375 mil casos se acumulan en las cortes de inmigración de Estados Unidos para solo 227 jueces, algunos de los cuales tienen hasta 2 mil 400 casos bajo su supervisión.
Se estima que en el año fiscal 2015 el asunto de los menores que cruzan ilegalmente la frontera puede llegar a ocasionar a Estados Unidos gastos por US$ 2 billones (dos mil millones de dólares).
