POR CLAUDIA PALACIOS
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Luego de que la Corte de Constitucionalidad avalara la elección de magistrados para la CSJ y el Congreso eligiera a los titulares de la Corte de Apelaciones, muchos nombres reconocidos de jueces y magistrados fueron excluidos.
Miguel Ángel Gálvez, titular del juzgado B de Mayor Riesgo, no fue elegido por los comisionados para participar en la lista que se envió al Congreso.
El juez Gálvez ha conocido procesos de alto impacto y se ha destacado por emitir resoluciones independientes e imparciales, señalan analistas. Actualmente tiene a su cargo el expediente judicial contra el reo Byron Lima, el exdirector de presidios Edgar Camargo, el ex subdirector Edy Fisher y otras 10 personas más por supuestamente participar de una red de corrupción que se lucraba con el traslado ilegal de reos del Sistema Penitenciario.
Por otro lado, la reelección no fue la regla en la elección de magistrados para salas de apelación, ya que de un total de 126 magistrados titulares y 84 suplentes, solamente alrededor de 30 fueron reelectos. De acuerdo con el posicionamiento de activistas civiles, el proceso estuvo viciado por los intereses particulares de los comisionados y de los partidos políticos.
La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Civil fue desestructurada por el Congreso casi en su totalidad, pese a que esa instancia recibió un certificado ISO, el cual se otorgó en reconocimiento de su efectividad en la administración y aplicación de justicia.
María Cristina Fernández García, presidenta de éste órgano jurisdiccional, quien tiene una carrera judicial como jueza y luego como magistrada, obtuvo calificaciones más bajas que otros candidatos que tienen poco tiempo como jueces, señalaron organizaciones civiles.
De los tres magistrados que conforman la sala, solamente Érick Gustavo Santiago de León fue elegido en la lista del Congreso.
La Sala Tercera recibió diversas críticas por parte de la Registradora de la Propiedad, Anabella de León, después de que emitiera dos sentencias de amparo en las que se resolvió a favor de comunidades indígenas para que les fuera reconocido su derecho a tierras que habían sido de sus ancestros.
Entre otros nombres mencionados por organizaciones sociales, se encuentra la jueza Patricia Gámez y el juez Haroldo Vázquez, quienes son docentes de la Escuela de Estudios Judiciales y a los que las Comisiones de Postulación otorgaron bajas calificaciones.
Tampoco fue elegida María Eugenia Castellanos, jueza que en sentencia dejó establecido que en el Ministerio Público funcionaban estructuras de impunidad que manipulaban investigaciones, como en el caso Ordóñez Porta.
