POR CLAUDIA PALACIOS
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Siete instituciones nacionales vinculadas a todas las etapas del proceso penal se verán beneficiadas por la donación que la Unión Europea realizó con el objetivo de apoyar la construcción de cinco proyectos para mejorar la calidad del servicio de justicia para toda la población, en especial a grupos vulnerables como mujeres y adolescentes en conflicto con la ley penal.
El Organismo Judicial ampliará su cobertura jurisdiccional con la creación de dos edificios que albergarán Juzgados Penales Pluripersonales que atenderán las 24 horas. Dicho proyecto se implementará en los municipios de La Libertad, en Petén y San Pedro Carchá, en Alta Verapaz.
El Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección del Sistema Penitenciario recibirá fondos para la renovación del Centro de Orientación Femenino, en el cual se construirá un módulo donde madres privadas de libertad y sus hijos e hijas puedan convivir en condiciones sanitarias y dignas. El espacio contará con una guardería y áreas recreativas. Además, se implementarán programas de formación y capacitación en temas como la alimentación e higiene de la niñez y relaciones familiares.
En el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 se crearán locutorios o espacios de entrevistas para abogados y sindicados, con el objetivo de asegurar a los reclusos el derecho a la defensa.
La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República se encargará de gestionar la construcción y equipamiento de talleres de capacitación laboral para la población de todos los centros de detención juvenil. Las áreas formativas serán: costura, imprenta, cocina y repostería, construcción y mantenimiento de edificios, informática y reparación de servicios informáticos.
Los proyectos incluyen un monto para la capacitación del personal técnico y profesional que se requiera para iniciar el funcionamiento de los centros a construirse.
Se espera que aproximadamente 390 mil personas serían las beneficiarias directas de los planes de mejora.
La Unión Europea ha apoyado la construcción del Estado de Derecho en Guatemala desde la firma de los Acuerdos de Paz y ha promovido el fortalecimiento del sector justicia y seguridad como una forma de combatir la impunidad en el país. El objetivo de dicha apuesta es lograr un Sistema de Justicia que trabaje interinstitucionalmente en pro de las víctimas de la violencia garantizando el respeto a los Derechos Humanos de la población.
