POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Mientras el sistema de transporte urbano de la ciudad capital de Guatemala se deteriora cada vez más, ya sea por las condiciones en las que se presta o por ser un blanco de la violencia que azota al país, dos asociaciones de transportistas se disputan la distribución del subsidio que otorga el Estado, en medio de acusaciones de malversaciones millonarias vinculadas a favores políticos, ante la pasividad para fiscalizar el destino de estos recursos.
ANTECEDENTES DE LA CRISIS
Desde los años 70 se comienza a perfilar una crisis en el sistema de transporte colectivo de pasajeros debido a la extensión de la red de servicio colectivo urbano, el inicio de congestionamientos en las vías principales y el aumento en el costo de los insumos, lo cual ejerció una fuerte presión sobre la tarifa.
Es así como desde 1974 se inician los subsidios a la operación del sistema, usualmente por parte del Gobierno Central y dirigidos directamente a los empresarios privados. Aunque dichos subsidios han ido amarrados de promesas de mejoras en la prestación del servicio, estas raramente se han hecho realidad.
Actualmente en la ciudad capital hay registradas 2 mil 926 unidades de transporte, de las cuales 455, de color azul, son del Transurbano. Las restantes 2 mil 471, las rojas, pertenecen a un total de mil 325 empresarios aproximadamente.
Todos estos propietarios están organizados en 28 cooperativas, asociaciones o sociedades, entre ellas Eureka, La Fe, Microtax, Servitax y La Florida. Dentro de estas entidades se reparten las rutas y los horarios; y cada propietario es responsable del funcionamiento y del mantenimiento de sus unidades.
No obstante, si bien es un servicio proporcionado por empresas privadas pero financiado por el Estado, no todos los propietarios son sujetos de esta subvención desde hace dos años.
Anteriormente, el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado estipulaba un “subsidio al transporte urbano”, pero el año pasado, una enmienda por el diputado del Partido Patriota, Iván Arévalo, sustituyó esa formulación por “subsidio a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), lo que generó insatisfacción y enojo en otro grupo de transportistas aglutinados en la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua).
En medio del pleito por la repartición del subsidio al diésel del transporte colectivo urbano se encuentra el usuario de este sistema, quien se enfrenta día a día a un suplicio que implica moverse en unidades con más de 30 años de antigüedad, sucias, con asientos inutilizables, sobrecargadas, soportando la agresividad y palabras soeces de choferes y ayudantes, tarifas ilegales que llegan a alcanzar los Q5 a las seis de la tarde o en el peor de los casos, encontrar la muerte en un asalto o ataque directo.
UN NEGOCIO POLÍTICO
Actualmente para mantener una tarifa al alcance del bolsillo de las clases empobrecidas de la capital, el Estado subvenciona el transporte público de la ciudad de Guatemala. Oficialmente, el grueso del subsidio sirve para paliar parcialmente el coste del diésel.
Aunque en la práctica algunos transportistas reconocen que lo utilizan para hacer pagos ajenos al del combustible, entre ellos las extorsiones de los pandilleros y para aumentar su margen de ganancia, aprovechando que ninguna cláusula obliga a mantener cierto estándar de calidad a cambio de esta entrega millonaria.
En cambio para Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el manejo de fondos del subsidio al transporte y el lazo entre políticos y transportistas ha impedido la modernización de este sector.
El investigador explica que con el pasar del tiempo, el transporte público, tanto el urbano como el extraurbano, se ha convertido en un negocio de carácter político, toda vez que diferentes unidades han servido para movilizar a cientos de personas a las asambleas políticas de diferentes candidatos políticos y en el día de las elecciones generales de cada cuatro años.
A criterio de Maúl, esta es una de las principales causas por las que las autoridades no exigen a la AEAU que reparta el dinero del subsidio a Asopagua, pues se sabe que los transportistas se esfuerzan en lograr una vinculación de este tipo a manera de que no les genere presión con la fiscalización de la subvención.
“La entrega del subsidio al diésel del transporte urbano es un tema político más que económico, en donde hay grupos que se benefician a costa de todos los guatemaltecos que reciben un servicio de mala calidad. Nadie se interesa en buscar una solución de fondo porque el transporte urbano y las autoridades solo se dedican a ponerle parches al asunto con los subsidios en vez de soluciones estructurales porque la única evaluación sobre la pertinencia de este subsidio, es política”, apunta el analista del CIEN.
EFECTOS NEGATIVOS
Históricamente, la problemática del sector, según el Plan de Movilidad Urbana para el año 2020, realizado por la Municipalidad de Guatemala, es producto de la ineficiencia y disparidad que se le da al manejo del subsidio al sistema de transporte de la Ciudad, lo que causa altos índices de violencia, congestionamiento y accidentalidad, así como inequidades sociales que, finalmente, se traducen en una baja competitividad económica, una degradación del medio ambiente y un alto costo social para la población.
Edgar Guerra, defensor del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), comparte este criterio y agrega que el sistema de transporte colectivo presenta varias deficiencias internas, como las tarifas politizadas y no relacionadas a los costos reales de operación, la reducida capacidad económica de empresarios y autoridades para invertir en el sistema y la inseguridad vial y ciudadana para los usuarios.
Asimismo, hace énfasis en la flota de buses antigua, en mal estado y de baja capacidad, servicio y frecuencias irregulares particularmente de noche, competencia por el pasaje entre unidades de transporte colectivo y altos niveles de contaminación del aire y de ruido.
Guerra acusa a la AEAU de estar vinculada con las agrupaciones políticas a través de los “acarreos”, negociaciones que asegura se dan, con la fachada de acuerdos en mesas técnicas cuando en realidad lo que por un lado, seguir recibiendo recursos del Estado, y por el otro, captar mayores votos, “y esto les ayuda a ellos los políticos a seguir con el engaño y la negociación del pueblo”.
“Si se sigue otorgando el dinero de la forma en que se está dando, se seguiría condenando a la población a continuar con el sufrimiento diario, toda vez que el subsidio no garantiza la calidad del servicio sino va orientado a garantizar el acarreo de personas en fechas de elecciones y se generan facturas políticas que se compensan con este tipo de aportes económicos”, opina el delegado de la PDH.
La Defensoría del Usuario del Transporte Público ha recibido, desde febrero de 2014, un poco más de mil 500 denuncias que van desde malos tratos por parte de los transportistas hasta el incumplimiento de horarios para realizar las rutas y la sobrecarga de las unidades, tanto de los buses rojos como el sistema de buses Transurbano.
“El objeto de discordia es el dinero sin ninguna garantía de mejora en la prestación del servicio, porque no existen elementos de transparencia y fiscalización de la calidad del gasto público. Tampoco se hace ningún estudio técnico sino simplemente es un cheque en blanco que se le entrega a los propietarios de buses sin ninguna otra condición más que la de prestar el servicio”, puntualiza Edgar Guerra.
EXIGEN FISCALIZACIÓN
De acuerdo al proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015, presentado por el Ministerio de Finanzas Públicas hace unas semanas al Congreso de la República, la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) seguirá siendo la principal receptora de los recursos públicos orientados a subsidios.
Según el documento que está colgado en la página web del Minfin, por este rubro se contemplaron Q250 millones (Q225 para combustibles y Q25 para el adulto mayor). Esto quiere decir que aproximadamente el gobierno central entregará el próximo año si se aprueba, en calidad de subsidio a los propietarios de autobuses, Q35 millones al mes.
Fuentes oficiales también refieren que el Estado de Guatemala ha erogado en materia de subsidio del año 2004 al año 2012, Q2 mil millones 435 mil, entre las que se incluyen, las transferencias desde 2009, para implementar el Sistema Prepago y el transporte gratuito al adulto mayor.
Para el diputado de la bancada TODOS, Carlos López, la ayuda del Gobierno no se refleja en el servicio que las empresas de transporte brindan a la población e indicó que el tema que más urge atender es la seguridad en las unidades.
El congresista señala que históricamente las asociaciones de autobuseros urbanos viven en constante enfrentamiento porque según la ley que lo regula, solo un grupo de éstos se ve beneficiado y todo ocasionado, por una mala administración de los fondos que debería ser fiscalizada por el ente rector, en este caso, la Contraloría General de Cuentas.
“Exigimos que haya todo un proceso de entrega del subsidio, con transparencia y una eficiente auditoría porque vemos que ya son muchos sectores los que se han pronunciado contra el manejo inadecuado de los recursos”, afirma López.
Igualmente, expone que el subsidio al diésel del transporte es necesario principalmente para apoyar a la clase media y baja de la ciudad capital por las precariedades económicas que viven, sin embargo como se ha manejado la entrega, asegura, es “bastante discriminatoria”.
“Designar la entrega de este subsidio para una de las asociaciones es discriminatorio porque debería ser entregado a todos, pero con filtros de control grandes porque para nadie es un secreto que muchos transportistas están cobrando el subsidio por cierta cantidad de buses, pero no todos están puestos al servicio de la población”, subraya.
Por aparte, Nineth Montenegro, diputada del partido Encuentro por Guatemala, afirma estar de acuerdo con que exista la fiscalización de los fondos por parte de la CGC, argumentando que el tema del subsidio ha generado un conflicto que rebasa la tolerancia de la población guatemalteca, cometiendo un abuso y violación a la ley por parte de quienes, alterando el presupuesto, le colocan un nombre específico al destino de estos recursos.
“Esta es una cuestión casi secreta que se discute en la Comisión de Finanzas y ahí es donde se hacen modificaciones antojadizas. Esto es totalmente injusto porque el subsidio es para el diésel del transporte urbano y por primera vez el año pasado se adjudicó a una empresa específica”, declara Montenegro.
Sin embargo, la legisladora menciona que otorgar un subsidio no refleja realmente un beneficio a la población, en referencia al pésimo estado de las unidades de transporte público que en el área metropolitana de ciudad de Guatemala y municipios aledaños, movilizan más de un millón y medio de pasajeros a diario.
“Hay que reconocer que el servicio de transporte no ha sido bueno, es deficitario; hay injusticias en la forma en que se entrega el subsidio, pero tampoco ha habido una justa retribución para la población. Existen denuncias a la Contraloría General de Cuentas porque mucho del dinero del subsidio no se usa para el transporte sino para gastos personales de los propietarios. En ese sentido, el trabajo de fiscalización de la Contraloría ha sido pobre”, justifica la diputada de EG.
Se intentó conocer la versión de Luis Gómez de la AEAU, sobre el tema, pero no contestó su celular. Tampoco atendió las llamadas de La Hora, la contralora general de Cuentas, Nora Segura.
SUBSIDIAR AL USUARIO
De acuerdo con la Unidad de Acceso a la Información de la cartera del Tesoro, los desembolsos para el sistema prepago otorgados a favor de la AEAU están fundamentados en el acuerdo gubernativo 103-2009, en el cual se faculta “al Ministerio de Finanzas Públicas para que otorgue aporte económico de inversión hasta por la cantidad en quetzales equivalente a treinta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos a favor de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos de la ciudad de Guatemala, cuyo destino específico será financiar el proceso de implementación del sistema prepago en las unidades de transporte urbano de la ciudad de Guatemala, conforme a las condiciones que se establezcan en el convenio que para el efecto se suscriba entre el Ministerio de Finanzas y la AEAU”.
Tiempo después, en julio de 2010, la AEAU compró 455 autobuses de tres mil 150 proyectados, una sexta parte de lo previsto.
Según el último convenio firmado el 23 de enero pasado por la AEAU y el Ministerio de Comunicaciones, los Q35 millones mensuales se desglosan de la siguiente manera: Q21 millones “para cubrir parcialmente el coste del diésel”, Q8 millones para pago de servicios de seguridad privada, y Q6 millones para el fideicomiso de Transpass que administra el Transurbano.
Los Q21 millones del diésel, teóricamente, se reparten entre todas las unidades, a razón de Q7 mil 191 para cada una. Por su parte, el Transurbano recibe, por unidad, más de Q20 mil. Puesto que el Congreso no establece cómo se debe repartir el subsidio, reza el escrito, “El Ministerio no tiene responsabilidad en la forma en que la AEAU realice la distribución del monto del subsidio”.
Debido a la falta de fiscalización sobre los fondos públicos erogados, Abelardo Medina, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, opina que los transportistas no deberían pedir subsidio hasta mejorar el servicio de pasajeros. El del ICEFI también pide una fuerte fiscalización a los fondos que reciben las empresas para evitar más abusos.
“En términos fiscales, independientemente de que el ICEFI lo crea pertinente o no el subsidio, siempre hemos creído que el subsidio debe ser entregado al usuario del servicio de forma directa de manera que sea el usuario el real beneficiario de esto porque muchas veces se entrega el subsidio y el empresario no mejora el servicio y no tiene mayor responsabilidad en la prestación del mismo”, recalca Medina.
