Por Diego de León
Ginebra, / Agencia CERIGUA
Resaltó su preocupación por los altos niveles de impunidad que persisten en la mayoría de delitos contra miembros de este gremio, tales como tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, pero también intimidación y hostigamiento, tanto en situaciones de conflicto como en otras circunstancias. La impunidad constituye “uno de los principales obstáculos para reforzar la protección” y un elemento clave para la prevención es “asegurar la rendición de cuentas por delitos cometidos contra periodistas”, reconoce el Consejo en su decisión.
Este llamado de atención surge por “los recientes atentados y actos violentos cometidos contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación”, en clara alusión a los dos periodistas estadounidenses que fueron ejecutados en Siria: James Foley, quien permaneció secuestrado durante dos años y que fue decapitado en agosto pasado, y Steven Sotloff, capturado en agosto 2013 y asesinado en las mismas condiciones que el primero a inicios de este mes.
El Consejo recordó en su decisión que “los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación que realicen misiones profesionales peligrosas en zonas de conflicto armado serán considerados personas civiles y estarán protegidos como tales, siempre que se abstengan de adoptar cualquier medida que afecte a su estatuto de persona civil”, en referencia a lo dispuesto por el derecho internacional humanitario que impide a las partes beligerantes atacar a quienes no participan en las hostilidades.
En el texto también se reconocen los riesgos específicos que enfrentan las mujeres periodistas y por consiguiente “la importancia de adoptar una perspectiva de género al estudiar medidas para proteger la seguridad de los periodistas”; asimismo, advierte sobre “la vulnerabilidad de los periodistas a convertirse en blanco de la vigilancia o la interceptación ilícitas o arbitrarias de las comunicaciones en vulneración de su derecho a la intimidad y a la libertad de expresión”.
La resolución promovida por más de 60 Estados exhorta a los Estados a adoptar medidas y estrategias para reducir la impunidad y prevenir hechos de violencia; entre ellas sugiere crear dependencias especiales de investigación, nombrar a un fiscal especializado, adoptar protocolos y métodos de investigación criminal, formar funcionarios judiciales y establecer mecanismos de recopilación de información y de alerta temprana que permitan dar respuesta rápida a situaciones de riesgo para los periodistas.
Esta decisión del órgano multilateral especializado en derechos humanos, máxima instancia de la ONU en la materia, resalta además “la importante función que pueden desempeñar las organizaciones de medios de comunicación ofreciendo a sus empleados formación y orientación adecuadas sobre seguridad, conciencia de los riesgos, seguridad digital y autoprotección, así como, en caso necesario, equipo de protección”.
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú formaron parte del grupo de Estados en lanzar el proyecto de resolución; no hubo necesidad de recurrir al voto, dado que los 46 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos la adoptaron sin reparos.
