POR CLAUDIA PALACIOS
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La primera parte del proceso penal contra 9 personas vinculadas a la estructura criminal de corrupción en presidios finalizará con la resolución del juez Miguel Ángel Gálvez sobre si los acusados deberán enfrentar proceso penal por los delitos imputados.
Hasta el cierre de esta edición, el exfuncionario público Edy Fisher fue ligado a proceso por incumplimiento de deberes. Gálvez explicó a las partes procesales que Fisher tenía conocimiento de que Lima Oliva poseía teléfonos en la cárcel de Pavoncito y sin embargo no lo denunció.
Por otro lado, durante su argumentación el juez determinó que se investigó a Lima Oliva por los delitos de uso de equipo de terminales móviles en centros penitenciarios y tráfico influencias, por lo que el reo deberá enfrentar proceso penal por dichas acciones ilegales.
Para los implicados Alejandra Reyes López, Favio Campos Morales, Carlos Cermeño Espina y Edgar Camargo, la audiencia de primera declaración se tendrá que reprogramar para otra fecha, ya que los primeros dos presentaron problemas de salud, el tercero pidió un abogado de confianza y el último no ha sido interrogado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El día tres del presente se realizó un operativo coordinado entre el Ministerio Público, la CICIG y el Ministerio de Gobernación en el que se llevaron a cabo 15 allanamientos con los cuales se logró la captura de 7 personas, entre los que se encontraba Fisher y el exdirector del Sistema Penitenciario, Edgar Camargo.
De acuerdo con los señalamientos hechos por la CICIG, el reo Lima Oliva es el cabecilla de la organización y a él recurren los reos para solicitar y pagar traslados a centros penitenciarios, favores y privilegios.
Según Iván Velázquez, comisionado de la CICIG, «Lima Oliva ejerce indudable influencia en el Sistema Penitenciario y afuera, llegando a diversos ámbitos del quehacer político y económico; es público que mantiene contactos y recibe visitas de diversas personalidades y actores públicos que él mismo ha revelado a través de su cuenta de Facebook; también ha sido evidente el control que ejerce sobre la conducta de los internos e influye para que participen en las actividades internas que gestiona como si fuera la autoridad».
La primera declaración de Lima duró varias horas en las que hizo referencia a las actividades comerciales que le permitían mantener su patrimonio económico valorado en millones de quetzales.
El Ministerio Público expuso una serie de llamadas telefónicas interceptadas en las que se puede escuchar cómo Lima coordina el traslado de reos de un centro a otro, en colaboración con autoridades y personas particulares.
El caso fue asignado al Juzgado B de Mayor Riesgo, en el que durante tres semanas consecutivas se llevó a cabo la audiencia de primera declaración de los sospechosos, etapa que se encuentra en curso y podría finalizar el día de hoy con la resolución del juez Gálvez.
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