POR CLAUDIA PALACIOS
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De un total de 349 procesos de antejuicios contra funcionarios públicos que ha conocido el Organismo Judicial este año, 33 están dirigidos contra 11 titulares de ministerios. Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, enfrentó 8 procesos durante su gestión en 2014. Luego de la renuncia de éste para ser el candidato presidencial del partido oficial, el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien tiene 6 antejuicios, se convirtió en el ministro con más procesos en contra en el presente año.
Entre otros titulares cuya inmunidad está en debate se encuentran la Ministra de Educación, Cynthia del Águila; el Ministro de Salud, Jorge Villavicencio; el Ministro de Energía y Minas, Erick Archila; el Ministro de Trabajo, Carlos Contreras y el Ministro de Desarrollo Social, Edgar Rodríguez.
Luis Fernando Carrera y Carlos Batzín, excanciller y exministro de Cultura respectivamente, tuvieron un antejuicio en su contra en el último año de gestión.
Por su parte, el presidente Otto Pérez Molina y la Vicepresidenta Roxana Baldetti tienen 8 y 6 antejuicios respectivamente.
Sin embargo, la mayoría de los procesos están dirigidos a jefes ediles, entre los que se encuentran Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla; Álvaro Arzú, alcalde capitalino y Otto Pérez Leal, alcalde de Mixco, contra quien se solicitó un antejuicio ayer.
El antejuicio es un derecho que la Constitución de la República asegura a los funcionarios públicos de no ser detenidos ni procesados penalmente sin que el órgano correspondiente haya resuelto que existen motivos suficientes para retirarles la inmunidad y someterlos a proceso.
Según Adolfo Alarcón, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, los antejuicios deberían suprimirse, ya que se han convertido en privilegios que protegen a funcionarios públicos que han cometido posibles actos de corrupción. Para Alarcón, existen garantías comunes a todos los ciudadanos, tales como el derecho de defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso que aseguran a los funcionarios públicos una defensa legítima.
Sin embargo, la ley les otorga el derecho de antejuicio a personas que están al servicio del Estado para preservar la estabilidad del desempeño del cargo y garantizar el ejercicio de la función pública
Hasta el momento, ninguno de los antejuicios mencionados ha sido declarado ha lugar por la Corte Suprema de Justicia, el órgano encargado de resolver los procesos contra funcionarios públicos.
