POR SAIRA RAMOS
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La Constancia Transitoria Inexistencia de Reclamación de Cargos conocida como finiquito extendida por la Contraloría General de Cuentas (CGC) es una resolución mediante la cual se certifica que aquellos funcionarios y empleados públicos que han tenido responsabilidades en el manejo de recursos del Estado se encuentran solventes por haber cumplido sus funciones y haber ejercido un manejo adecuado a los bienes que tuvieron a su cargo.
Sin embargo, el que un asalariado del Estado o un ciudadano con claras aspiraciones a la política tengan dicha certificación no es garantía de confianza y menos que haya ejercido una labor impecable durante su gestión, esto porque los mismos pudieron actuar bajo la vía de la impunidad, o bien de la legalidad.
Expertos consultados en el tema recordaron cómo algunas figuras públicas han realizado negociaciones espurias y de última hora con el afán de obtener el finiquito, lo que pone en duda la labor que realiza el ente fiscalizador y afirman que esas acciones llaman al Ministerio Público a realizar una investigación de oficio, la cual determine quiénes están detrás de ese actuar para que el peso de la Ley recaiga sobre ellos.
CONSTANCIAS NEGOCIADAS
El diputado Walter Félix, integrante de la Comisión de Probidad del Congreso, dijo a La Hora que él personalmente ha observado cómo algunos alcaldes y diputados han acudido a la Contraloría General de Cuentas a tramitar su finiquito previo a tomar el cargo y cuando a estos les aparece un impedimento han recurrido a “artimañas” para contar con dicho documento.
“El finiquito tiene su importancia, pero en este país al igual que todo, ese documento está sujeto a ese tipo de maniobras –artimañas– lo que significa que todo aquel que tiene ese documento tiene una referencia, más no una garantía de que son honrados. En la Contraloría se mueven una serie de influencias y arreglos para poder resolver todo”, denunció Félix.
El entrevistado recordó que después de las elecciones generales de 2011, el Alcalde del municipio de San Antonio Huista, Huehuetenango no podía tomar posesión del cargo porque no tenía el requerimiento, sin embargo, al final lo logró arreglar. Por eso, el aludido sugiere que todo político antes de ser proclamado tenga dicha constancia.
Ante las declaraciones del legislador del partido de izquierda se procedió a localizar durante cuatro días consecutivos a la titular de la CGC, Nora Segura Monzón, para saber una reacción ante los señalamientos dentro de la Contraloría, sin embargo, la funcionaria por medio de su equipo de comunicación dijo que devolvería la llamada, pero nunca lo hizo pese a que se volvió a insistir.
De las denuncias que recibe la Comisión de Probidad del Congreso la mayoría son porque los jefes ediles de las diferentes regiones del país evitan dar información a la población sobre las obras en ejecución, así como las que se quedaron paralizadas, acciones que generan dudas, según manifestó el diputado Walter Félix.
De acuerdo con la Contraloría General de Cuentas, hasta el pasado 19 de septiembre ese ente había emitido 11 mil 962 constancias de reclamación a igual número de asalariados de las distintas dependencias del Estado. Mientras que, en 2013, la CGC emitió 15 mil 346 constancias.
Las fechas en que más se solicita dicho trámite son cerca de los procesos de elección popular y cuando habrá cambios en las diferentes instancias, tales como magistraturas en el Tribunal Supremo Electoral, Cortes etc.
OCUPARON PUESTOS SIN FINIQUITO
En mayo de 2012 la Vicepresidencia anunció la entrega de un informe a la Comisión Presidencial por la Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret), el cual incluía los nombres de los asalariados estatales que se encontraban en sus puestos de trabajo sin antes haber obtenido el finiquito, requisito contemplado y descrito en la Ley de Responsabilidades de Funcionarios y Trabajadores Públicos.
Dos años y cuatro meses después, La Hora quiso obtener el informe para efectuar una comparación con los datos publicados en la página electrónica de la Copret, sin embargo, no fue posible debido que el personal de dicho ente dijo que no se contaba con el original y los únicos datos disponibles eran los colgados en el sitio web.
Ante la situación se procedió a hacer una revisión al informe, el cual destaca que a la fecha los trabajadores que laboran para las distintas entidades del Estado tienen la constancia emitida por la Contraloría General de Cuentas, sin embargo, los datos no fueron comprobados por lo anteriormente mencionado.
En 2012, el presidente Otto Pérez Molina dijo que los funcionarios y trabajadores que no contaran con el finiquito corrían el riesgo de ser removidos de sus puestos, algo que a la fecha sigue generando dudas, porque el titular de Salud, Jorge Villavicencio, fue una de las personas que no cumplió con el requisito.
Un caso similar sucedió este año, a principios de enero, cuando Nora Segura, titular de la Contraloría reveló que la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Michelle Martínez, no tenía finiquito por sanciones pendiente en ese ente. No obstante, dentro del informe de la Copret, la aludida, al igual que el ministro Villavicencio, ya aparecen con el requerimiento.
SIN CONSTANCIAS LOS PUESTOS SON NULOS
Carlos Martínez, analista independiente, evaluó el actuar de los funcionarios que ocupan sus puestos de trabajo sin antes haber obtenido la constancia emitida por la Contraloría General de Cuentas diciendo que estos no deberían de estar en un puesto público, ya que no existe certeza si realizaron malos manejos con los recursos del Estado durante su función en el Gobierno.
Por su parte, el excomisionado Presidencial para la Transparencia y Anticorrupción, Hugo Maúl Figueroa, dijo que los asalariados que incumplen la Ley de Probidad no tienen derecho a ocupar un cargo dentro de cualquier instancia gubernamental, esto porque es un delito, además, que los pagos otorgados a los mismos resultan siendo ilegales porque el nombramiento es nulo, aunque estos hayan sido juramentados.
Los entrevistados dijeron que la Ley no determina una fecha exacta de cuándo y con qué frecuencia los trabajadores del Estado deben sacar su solvencia en la Contraloría, pero a criterio de los consultados estos deben establecerse mediante una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, ya que la actual es “obsoleta”.
Maúl resaltó que una administración transparente no debe “tolerar a funcionarios que no tengan el finiquito y deberían de actuar de oficio para garantizar que sus trabajadores tengan en orden el cumplimiento de los requisitos. Sería sano que cada año los finiquitos sean emitidos por los funcionarios para un mejor control”, comentó.
FUNCIONARIOS CUESTIONADOS Y CON FINIQUITOS
Dentro de los tribunales de Justicia existen varios casos abiertos contra funcionarios que han realizado malos manejos con el dinero del Estado, algunos de ellos se encuentran procesados y otros cumpliendo penas, quienes han sido blanco de fuertes críticas, por esa situación el excomisionado Figueroa dijo que es necesario que la CGC mantenga un flujo de comunicación con los entes encargados del sector justicia al igual que con el Ministerio Público para identificar aquellos funcionarios que han utilizado mal el dinero estatal.
De acuerdo con el entrevistado el “Organismo Judicial y el Ministerio Público deberían enviar información a la Contraloría para que al momento en que los asalariados y políticos soliciten la constancia del finiquito esta no se las dé a quienes tienen abierto un proceso por mal manejo de fondos o bien tenga un antejuicio del mismo índole”.
Actualmente la Contraloría General de Cuentas no efectúa una intervención a los casos que se desarrollan en las distintas Salas de Justicia y esa podría ser una de las causas por las que dicho ente sigue remitiendo constancias a personas acusadas de haber efectuado malos manejos durante su gestión.
¿A DÓNDE LLEVARÁN LOS FINIQUITOS FALSOS AL ESTADO?
Después de que el excomisionado Figueroa sugiriera a la Contraloría tener una buena comunicación con los entes mencionados, por su parte, el analista Carlos Martínez hizo alusión a que durante los últimos años el Estado en su conjunto ha sufrido un deterioro en materia de transparencia y política pública, lo que tiene como consecuencia afectar la institucionalidad del mismo haciéndolo ver como una nación corrupta, débil e inestable.
Según el entrevistado, si en un futuro próximo las prácticas como las relatadas por el diputado Walter Félix siguen su curso, no se debe dudar que estas vendrán a ampliar y a fortalecer el debilitamiento del país provocando una institucionalidad pública.
Martínez finalizó haciendo la observación al Ministerio Público para que realice una investigación de oficio contra la Contraloría General de Cuentas para determinar si existen actores realizando hechos como los denunciados por Félix. En caso de que estos sean identificados, según el aludido, el peso de la Ley debe caer sobre los mismos, ya que las normativas son claras y fueron hechas para cumplir a cabalidad su mandato.
Carlos Martínez, analista independiente, evaluó el actuar de los funcionarios que ocupan sus puestos de trabajo sin antes haber obtenido la constancia emitida por la Contraloría General de Cuentas, diciendo que estos no deberían de estar en un puesto público, ya que no existe certeza si realizaron malos manejos con los recursos del Estado durante su función en el Gobierno.
“El finiquito tiene su importancia, pero en este país al igual que todo, ese documento está sujeto a ese tipo de maniobras –artimañas–, lo que significa que todo aquel que tiene ese documento tiene una referencia, más no una garantía de que son honrados. En la Contraloría se mueven una serie de influencias y arreglos para poder resolver todo”.
Walter Félix
DiputadoUna administración transparente no debe “tolerar a funcionarios que no tengan el finiquito y deberían de actuar de oficio para garantizar que sus trabajadores tengan en orden el cumplimiento de los requisitos. Sería sano que cada año los finiquitos sean emitidos por los funcionarios para un mejor control”.
Hugo Maúl Figueroa
Excomisionado
IMPEDIMENTOS PARA OPTAR A CARGOS
De acuerdo con el artículo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, no podrán optar al desempeño de cargo o empleo público quienes tengan impedimento de conformidad con leyes específicas, y en ningún caso quienes no demuestren fehacientemente los méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Tampoco podrán optar a ningún cargo o empleo público:
* Quienes no reúnan las calidades y requisitos requeridos para el ejercicio del cargo o empleo de que se trate.
* Quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del Estado no tengan su constancia de solvencia o finiquito de la institución en la cual prestó sus servicios y de la Contraloría General de Cuentas.
* Quienes hayan renunciado o perdido la nacionalidad guatemalteca; quienes no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos o hayan sido inhabilitados para ejercer cargos públicos.
* Quienes hubieren sido condenados, por los delitos de enriquecimiento ilícito, narcotráfico, secuestro, asesinato, defraudación tributaria, contrabando, falsedad, apropiación indebida, robo, hurto, estafa, prevaricato, alzamiento de bienes, violación de secretos, delitos contra la salud, delitos contra el orden institucional, delitos contra el orden público, delitos contra la administración pública, delitos de cohecho; delitos de peculado y malversación, delitos de negociaciones ilícitas, aun cuando fueren penados únicamente con multa, en tanto no hayan cumplido las penas correspondientes y en ningún caso mientras no transcurran cinco años de ocurrido el hecho.
* Quienes hubieren sido condenados por delito de acción pública distintos de los enunciados en el inciso e) de este artículo, en tanto no hayan cumplido las penas correspondientes y en ningún caso mientras no transcurran cinco años de ocurrido el hecho.
* El ebrio consuetudinario y el toxicómano; y, el declarado en quiebra mientras no obtenga su rehabilitación.
