POR ACISCLO URIZAR
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El presidente de la CIG indicó que la comuna en mención ha impuesto una serie de tributos a empresas que se dedican al expendio de alcohol. Los fondos recaudados se utilizarían supuestamente para el ornato del municipio, algo que no es competencia de la municipalidad establecerlo, refirió.
“La razón por la que se presenta esa acción de inconstitucionalidad es porque la municipalidad se está atribuyendo funciones que en todo caso le incumben al Congreso de la República. Por otra parte, incluso, se pretende que los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) terminen autorizando una serie de cuestiones para las cuales no tienen la responsabilidad de hacerlo”, explicó López.
Otro de los aspectos que contiene el acuerdo municipal es que la Policía Municipal pueda confiscar bienes, lo cual atenta contra la propiedad privada y contra el derecho de defensa de las tiendas respectivas. Es algo que se tiene que cortar, porque no es la primera vez que sucede, agregó el directivo de la Cámara de Industria.
