POR CLAUDIA PALACIOS
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Para Marco Antonio Canteo, experto en seguridad y reforma judicial, así como hubo dificultades en esta magistratura de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), también hubo avances, y destaca que uno de los aspectos más notables de la gestión fue el énfasis en combatir la saturación y el retraso de los procesos judiciales.
En 2009 la actual magistratura de la CSJ inició sus labores con un Organismo Judicial (OJ) saturado de trabajo y con un creciente número de denuncias y demandas que generaban cada vez más presión en la prestación de sus servicios.
Como parte del Plan Estratégico Quincenal 2011-2015 de la institución, se iniciaron esfuerzos para facilitar a los usuarios el acceso a la justicia, y la magistratura hizo especial énfasis en la creación de nuevos órganos jurisdiccionales en las áreas donde había mayor saturación.
Según el magistrado Gabriel Medrano Valenzuela, quien fue presidente del organismo en 2012, estos proyectos suponen una acción contra la mora judicial, que esta Corte logró reducir en un 10 por ciento, según estadísticas del OJ.
En cinco años se crearon 54 nuevos órganos jurisdiccionales, entre los que se encuentran seis juzgados de Paz, 26 de Primera Instancia, 13 tribunales de Sentencia y nueve salas de Apelaciones. La jurisdicción que más creció fue la de Femicidio que adicionó 20 órganos especializados nuevos, ya que según datos del Centro de Información, Desarrollo y Estadística del OJ, los casos más comunes registrados en los juzgados de Primera Instancia Penal tienen relación con la violencia contra la mujer.
En materia penal se crearon los juzgados de Extinción de Dominio y los Juzgados de Ejecución se convirtieron en pluripersonales, se fortalecieron los juzgados de Alto Riesgo y se crearon los tribunales liquidadores en materia penal, todo esto en vista del combate a la mora judicial.
Pese a los avances en materia de cobertura jurisdiccional, Medrano cree que a esta fecha estos órganos son insuficientes y que es urgente que a la brevedad se creen más juzgados, o de lo contrario se volverá a la saturación de casos.
MODERNIZACIÓN
Para el magistrado Mynor Franco, presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios, otro cambio a resaltar es la modernización de los procesos en materia laboral al implementar la digitalización de las diligencias y las notificaciones.
Actualmente, las audiencias se graban en audio y video para luego entregársela a las partes procesales en un DVD. Según Franco, esto viene a cumplir los principios de inmediación y celeridad en esta materia. El Centro de Justicia Laboral, donde se trasladaron los quince juzgados de esta jurisdicción, es un ejemplo de modernización a nivel regional.
También se aceleró la resolución amparos y antejuicios. «Cuando nosotros llegamos, teníamos una mora de mil 500 amparos, que hemos puesto al día. El trámite de los amparos tardaba uno o dos años, hoy los tenemos a un paso de tres a cuatro meses el trámite de un amparo», explicó Franco.
Por otro lado, Medrano mencionó que en cuanto a la administración interna de la CSJ y el combate a la corrupción, en esta magistratura se desarrollaron módulos de sensibilización y capacitación sobre la Ley Anticorrupción; se fortaleció el Reglamento Disciplinario; se desconcentró la supervisión general de tribunales, estableciéndose sedes en Chiquimula y Quetzaltenango; se emitió el Reglamento de la Unidad de Régimen Disciplinario y de la Junta de Disciplina Judicial; se emitieron las normas de comportamiento ético del Organismo Judicial y se inició el programa Cero Tolerancia que procura el fomento de valores para todo el personal del Organismo Judicial. Hasta esta fecha 20 jueces de Primera Instancia han sido destituidos de sus puestos por actos de corrupción o incumplimiento de funciones.
EL MAGISTRADO CÉSAR BARRIENTOS
Para Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, para hablar de los avances importantes de esta CSJ es necesario detallar con especial énfasis del trabajo que realizó el difunto magistrado César Barrientos Pellecer, expresidente de la Cámara Penal, apoyado por otros miembros de la magistratura.
Barrientos impulsó importantes reformas al Código Procesal Penal tendientes a combatir la mora judicial y a facilitar el trámite de los procesos mediante su oralización, así como a otorgarles competencia a los jueces de Paz en delitos menores. También logró impulsar la creación de tribunales unipersonales y pluripersonales, que lograron triplicar el número de sentencias y se redujo el plazo para llevar a cabo audiencias de daños y perjuicios.
Cadena resalta la gestión que realizó el magistrado Barrientos, porque, además, apoyó la lucha contra la impunidad, lo que le habría ganado el descontento de sectores interesados en mantener esta situación, dice el analista.
Desde la Cámara Penal promovió una resolución para hacer ejecutables las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Según Cadena, por esta razón se pudo avanzar en el caso de la masacre perpetrada hace tres décadas en el poblado Dos Erres, Petén y se logró el reconocimiento de estándares internacionales reconocidos en esas sentencias.
UNA REFORMA QUE NO SE DIO
Durante la presidencia de Medrano se propuso al Congreso de la República una iniciativa para reformar la Ley de la Carrera Judicial, en la que se plantea que funcionarios judiciales sean los que integren la Junta de Disciplina Judicial, además de cambios para alargar la carrera judicial y también se hacen reformas para la tipificación de faltas por parte de los responsables de los órganos jurisdiccionales, pero hasta el momento el proyecto no ha sido conocido por el Organismo Legislativo.
Para los analistas, Canteo y Cadena, durante los cinco años no se lograron impulsar ni aprobar las reformas que el sistema de justicia necesita para cambiar a profundidad.
Según Canteo, los magistrados no lideraron un proceso de reforma estructural al sistema de justicia. “Vimos a la Corte ausente de un debate que le corresponde por el papel que tiene un poder del Estado sobre liderar un debate nacional sobre la importancia de superar los grande problemas del sistema sobre todo en materia de carrera, independencia judicial, de elección de funcionarios públicos”, explicó.
El magistrado Medrano dijo que aparte de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, también se plantearon al Congreso modificaciones a Ley del Servicio Civil del OJ y la necesidad de emitir una nueva Ley de Notariado, proyecto que se presentó en el 2004 junto con una iniciativa de reformas a la Ley de Amparos, pero que el problema está en que el Congreso no ha dado trámite a ninguna de ellas. Medrano también indicó que la magistratura tiene un proyecto en desarrollo para hacer cambios al Código Civil Procesal y Mercantil.
Otra deuda importante de esta magistratura es que no se logró una reforma constitucional para despojar a la Corte de sus funciones administrativas, que para algunos analistas ha convertido al OJ en un botín político, ya que es ahí donde se administran los más de mil millones de quetzales del presupuesto de la nación que les asigna el Congreso. Para Cadena, esta situación se debe en parte a que la Corte no realizó un papel activo, ni demostró interés en el tema.
“UNA DE LAS PEORES SENTENCIAS”
Una de las sentencias más controversiales de estos cinco años, que para Cadena es una de las peores emitidas por la alta Corte, fue un amparo en que se ratificó que la consulta a los pueblos indígenas se realizaba simplemente con la publicación que hacía el Ejecutivo en el diario oficial de una licencia a una empresa extranjera.
En esta sentencia, César Barrientos y la actual Fiscal General, Thelma Aldana, dieron su voto razonado en contra.
Según Canteo, en materia de consultas de pueblos indígenas, la Corte no estuvo a la altura de los compromisos asumidos por el Estado en materia de derechos humanos. “Por eso las comunidades indígenas a pesar de tener sus derechos garantizados en la Constitución tuvieron que apelar esas decisiones de la Corte en la CC”.
En esa ocasión, la Procuraduría de Derechos Humanos indicó que el Estado ha incumplido la obligación de consultar de forma libre, previa e informada a los pueblos indígenas, tal como lo establecen la Constitución Política de la República y convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos.
LOS RETOS
Para Mynor Franco, la próxima magistratura de la CSJ deberá dar continuidad en los proyectos de modernización. “Tenemos que entrar a la práctica virtual de diligencias, tenemos que descentralizar y desconcentrar la actividad de Organismo Judicial… todo está encaminado. Debe haber mucha comunicación con los jueces, se les debe dar una introducción a los que vayan entrando”, explicó el magistrado.
Medrano coincide con su homólogo en que uno de sus retos será dar continuidad a lo que ya está hecho. “Queda mucho que hacer y la CSJ que venga no se podrá quejar de falta de proyectos”.
Otros retos mencionado por Medrano son ampliar los juzgados de Alto Riesgo, tanto en la capital como en oriente y occidente, solventar las necesidades de espacio físico del OJ, impulsar en el Congreso la aprobación de las iniciativas de ley pendientes y continuar fortaleciendo el Archivo General de Protocolos que tiene a su cargo la supervisión de la actividad notarial en el país.
Para Cadena es importante lograr la aprobación de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial para implementar una verdadera carrera para jueces y magistrados. Atado a esto, está el reto de mejorar la protección a jueces y promover la independencia judicial.
Un reto trascendental, dice Cadena, es promover la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para que siga apoyando en la lucha contra los poderes paralelos que influyen en el Estado.
Canteo por otra parte, cree que la reforma a la carrera judicial es un tema toral, ya que esta carrera solo llega de juez de Paz A tribunal de Sentencia y luego, si se desea ser magistrado “lo que empieza es una carrera política. En ese sentido la Corte debe pedir apoyo de Naciones Unidas, especialmente a la CICIG, porque la carrera implicaría el ingreso al sistema judicial, el sistema disciplinario, la evaluación de desempeño, todo el sistema de ascensos alrededor de la Corte Suprema”, explicó.
“Vimos a la Corte ausente de un debate que le corresponde por el papel que tiene un poder del Estado sobre liderar un debate nacional sobre la importancia de superar los grande problemas del sistema sobre todo en materia de carrera, independencia judicial, de elección de funcionarios públicos”.
Marco Antonio Canteo
Analista
