POR CLAUDIA PALACIOS
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El Tribunal B de Mayor Riesgo terminó de recibir las primeras declaraciones de las 14 personas implicadas en una red que se dedicaba a gestionar el traslado ilegal de reos del Sistema Penitenciario e inició con el interrogatorio al supuesto líder de la red, Byron Lima Oliva, pero antes de continuar con la audiencia, los abogados defensores pidieron al Ministerio Público (MP) que presentara al juzgado el informe de las llamadas telefónicas intervenidas durante la investigación del caso, las cuales brindan evidencia sobre los negocios que se realizaban entre los implicados.
Los abogados pidieron que se revisara la legalidad de las intervenciones, e incluso uno de ellos denunció que sospechaba que sus llamadas estaban siendo monitoreadas. El MP aseguró que ya se habían hecho los requerimientos necesarios para que los documentos pudieran presentarse, pese a que el juez indicó que esta no es la etapa procesal donde procede la valoración de pruebas. La fiscalía señaló a la defensa de buscar retrasar el proceso, el cual cumple hoy su segunda semana en el juzgado.
Cuando finalmente se inició la audiencia, el Ministerio Público cuestionó a Lima Oliva sobre las ganancias de la Cooperativa Torre Fuerte, en manos de reos de la cárcel Pavoncito, donde el supuesto líder guarda prisión por el asesinato del Obispo Juan Gerardi Conedera. La fiscalía dio a conocer que Lima Oliva presenta un incremento inexplicable en su patrimonio, pero Lima se defendió diciendo que no tenía conocimiento de los ingresos de la Cooperativa, que eso lo manejaba el tesorero y que además, cada reo ganaba de acuerdo al trabajo que realizaba.
En cuanto a las llamadas que salían del penal, Lima aseguró que en la cárcel existían 35 teléfonos ilegales y que tres estaban en su celda, desde uno de los cuales tenía acceso a internet.
Al momento de cierre de esta nota, Lima estaba siendo interrogado por la Comisión Internacional Contra la impunidad en Guatemala, quien realizó las investigaciones junto al MP. El juez prevé que la diligencia termine hasta la próxima semana.
ESTANCADOS
Alrededor de diez procesos penales se han estancado en el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo debido a la prolongación de la audiencia de primera declaración que se lleva en contra de la estructura criminal que operaba en el Sistema Penitenciario, la cual se ha extendido por dos semanas.
Dentro de los procesos que se han visto afectados están los casos de las supuestas bandas de sicariato Bam Bam y banda Sierra Ovando, y el que se lleva contra la representante legal de Asociación Primavera, acusada de gestionar adopciones ilegales.
