POR MARIELA CASTAÑÓN
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“Ya estamos trabajando en la reorganización, es cuestión de semanas para que yo me garantice, por supuesto, que las personas que no son profesionales en la carrera penitenciaria, que llegaron producto de unos nombramientos que se hicieron, con personas que ahora están cuestionadas o enfrentando un juicio, no vamos a poder mantenerlas en el esquema”, reiteró López Bonilla.
De acuerdo con el funcionario, actualmente realizan una auditoría de recursos humanos, informática, jurídica, contable, en el SP, para entregarle al nuevo encargado o encargada que dirigirá el sistema carcelario una mejor organización de esa institución.
“En un par de semanas plantearé la reestructuración y la organización; espero que para entonces podamos tener un nuevo o nueva directora, a quien le quiero dejar espacios libres para que pueda nombrar profesionales, que conozca la experiencia, que nos permita hacer un trabajo efectivo”, indicó.
Recientemente fueron destituidos de sus puestos José Wilfredo Marroquín Jiménez, subdirector operativo, y Enexton Emigdio Gómez Menéndez, subdirector de Asuntos Jurídicos.
Según la cartera del Interior, en los próximos días tiene previsto efectuar más remociones, incluyendo a asesores y personal que obtiene salarios de Q15 mil o más, sin acreditar experiencia y profesionalización en el tema carcelario.
INVESTIGACIÓN INTERNA
López Bonilla explicó que hay una investigación interna del personal de Presidios, para despejar ciertas dudas.
“Estamos haciendo una investigación desde hace algunas semanas, viendo cuestiones que son muy específicas”, refirió.
Hasta el momento no se sabe cuántas personas más serán destituidas o investigadas, pues de acuerdo con el ministro, las acciones aún están en proceso.
DETENCIONES
El pasado 3 de septiembre fueron capturados Édgar Camargo, quien fungía como director del SP, también el exsubdirector Eddy Fisher y otras personas implicadas por participar en la organización criminal del reo Byron Lima, quien realizaba traslados ilegales de reclusos a otros centros carcelarios.
La investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) determinó la forma como funcionaba la estructura delictiva, que cobraba por traslados no menos de US$ 7 mil.
Las escuchas telefónicas de las conversaciones entre los sindicados sustentan buena parte de la investigación del ente internacional.
