POR MARIELA CASTAÑÓN
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La investigación detalla que los menores de edad, originarios de Huehuetenango, Totonicapán y Sololá, y con edades que oscilan entre los 2 meses y 17 años, fueron trasladados de sus comunidades de origen a la Capital a petición de sus explotadores, aparentemente con la autorización de sus padres –familias de escasos recursos.
Investigadores de la Unidad contra la Trata de Personas de la Policía Nacional Civil (PNC), iniciaron las diligencias de investigación hace algunos meses y determinaron que los niños eran distribuidos en la Calzada La Paz, así como en las zonas 4 y 12.
Las víctimas fueron utilizadas para pedir dinero en los semáforos a los conductores de vehículos, aunque, otros eran utilizados para la venta de golosinas o para limpiar vidrios de vehículos, en jornadas de cuatro de la mañana a ocho de la noche, explicaron las fuentes de investigación.
En ocasiones, los menores de edad no tenían oportunidad de alimentarse, y si lo hacían, únicamente ingerían una bolsa de agua pura y una golosina, mientras que dormían o pernoctaban en cuartos de alquiler donde pagaban Q25 aproximadamente.
CAPTURAS
Según Pablo Castillo, portavoz de la institución policial, por este hecho fueron capturados Pablo Rolando Marroquín Chaj y Rudy Doroteo Lajpop Ambrocio, sindicados por el delito de trata de personas, tipificado en el Decreto 9-2009, Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.
Por aparte, Alexander Colop, fiscal contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP), destacó que las condiciones en las que fueron localizados los niños eran de riesgo.
“Se tiene confirmada la presencia de estos niños en algunos puntos de la ciudad donde pedían dinero, la ubicación de estos niños en esos lugares, que estaban sin sus papás, acrecentaba el riesgo que podían correr en las habitaciones que no llenaban las condiciones mínimas de higiene y de seguridad”, reiteró.
ALBERGUES
Érick Cárdenas, procurador de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN), explicó que los menores de edad serán resguardados en los albergues de la institución o en los de la Secretaría contra la Violencia Sexual Explotación y Trata de Personas (SVET), mientras el MP dispone las acciones a realizar.
“En este caso se llevan dos procesos: de protección y penal, no se puede indicar si pueden regresar –con sus padres-, el MP necesita la declaración del niño, lo más seguro es que estos niños permanezcan en el proceso de protección para su desarrollo integral”, refirió Cárdenas.
