Por Regina Pérez
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Comunicadores que documentaron el desalojo de la comunidad 9 de Febrero, cerca de Monte Olivo, señalan que durante la cobertura que realizaron ese día en el área, que incluye también a la comunidad de Semococh, Alta Verapaz, se sintieron intimidados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes en diversas ocasiones les pidieron su identificación como periodistas.
Rony Morales, comunicador de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), dijo que durante ese día fueron detenidos tres veces por agentes de la PNC quienes les pidieron que se identificaran debidamente como miembros de la prensa.
Según señaló Morales, en la comunidad de Semococh, que fue donde se registró la muerte de tres campesinos, la situación se volvió más tensa para ellos porque los comunitarios les dijeron que se fueran porque unos agentes de la PNC estaban preguntando quiénes eran. De acuerdo con Morales, posteriormente recibió una llamada donde le preguntaron detalles sobre el medio para el que trabajaba y por qué estaba realizando esa cobertura.
Al día siguiente Morales documentó para Prensa Comunitaria el velorio de los tres campesinos asesinados y sus fotos fueron difundidas ampliamente en las redes sociales; el comunicador señaló que mucha de la información originada en el lugar de los hechos fue recogida por gente del lugar, con celulares y cámaras digitales no profesionales.
Asimismo, otra persona que apoyó a Morales en la cobertura de los hechos dijo que durante una de esas detenciones se sintió intimidado por su labor. Este colaborador, que no llevaba gafete de prensa, dijo que apoyó en sus actividades periodísticas al comunicador de la UVOC.
En uno de los interrogatorios de los policías a Morales, el colaborador intentó tomar una foto tras lo cual uno de los agentes le dijo que lo estaba intimidando; en realidad, yo sentí que el policía me estaba intimidando a mí, señaló.
Los comunicadores señalaron que se sintieron intimidados por los agentes de la PNC, pero que no realizaron las denuncias a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas porque consideran no tener pruebas contundentes, a excepción del registro de la llamada.
TRABAJO DEL PERIODISTA ES CADA VEZ MÁS RIESGOSO
Paralelamente a esta denuncia realizada ante la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), se reportó el caso del secuestro de una persona allegada al periodista Gustavo Illescas, del Centro de Medios Independientes (CMI), que también dio cobertura a este caso.
Claudia Samayoa, directora de Udefegua expresó que recibieron la denuncia del secuestro y tortura de una persona allegada a Illescas y que iniciaron la verificación del caso. Según Samayoa este hecho se relaciona con el ejercicio periodístico.
Samayoa dice que las agresiones contra periodistas y comunicadores se causan en un contexto en el que cada vez se hace más riesgoso el ejercicio del periodista en general, no importa si se trata de un comunicador independiente o un periodista con gafete de un medio nacional “porque hay una tendencia por parte de la Policía Nacional Civil de agredir al periodista que está cubriendo notas”.
Según la activista solo en el año han documentado al menos diez agresiones contra los profesionales de información por parte de autoridades “que lo que buscan es destruir sus cámaras, evitar que cubran la fuente, que no salga la imagen del policía y esto es lo que el periodista está reportando”.
A esto se agrega la denuncia más grave por parte del CMI, donde hay un hecho que ya constatamos y evidenciamos, de secuestro y tortura en contra de una persona cercana a uno de los periodistas del CMI, para mandarle un mensaje al periodista “para que dejara de meterse con ellos”, agregó.
De acuerdo con la entrevistada, con “ellos” se refería a la PNC, porque presuntamente fueron agentes de la Policía quienes retuvieron y golpearon a esta persona, cuyo nombre se reserva.
Samayoa relató que en este caso fueron llamados de inmediato, cuando se liberó a la persona y han acompañado el proceso de denuncia, persecución penal e investigación que se está haciendo en torno a este caso.
Hemos escuchado a esta persona en varias ocasiones y tenemos claro que no solo no miente, sino que está severamente afectada por un hecho de tortura, indicó.
Asimismo, Samayoa dijo tener conocimiento del caso de Prensa Comunitaria contra los dos comunicadores, a quienes también se les entrevistó sobre los actos de intimidación; se comprobó que esa era la actitud de la PNC, pero solo dos comunicadores pusieron la denuncia, expresó la activista.
CLIMA ADVERSO PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Evelyn Blank de Centro Civitas, que capacita a periodistas en el país, dijo que conocieron estas denuncias. Asimismo, señala que en el país existen denuncias sobre intimidaciones en coberturas que tienen que ver conflictividad social donde hay diversos proyectos. El último caso fue el del CMI, que involucra el secuestro y tortura de una persona.
De acuerdo con Blank, no es raro que las agresiones contra la prensa provengan de funcionarios públicos, en los últimos casos, de policías.
La entrevistada señaló que cuando un periodista es amenazado lo que más urge es el acompañamiento y el apoyo para formar un círculo de seguridad, que es lo que más falta en estos casos.
SIN CONOCIMIENTO
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Telémaco Pérez, dijo no tener conocimiento sobre las denuncias, pero indicó que la PNC no tiene “nada en contra de los periodistas”, más bien buscan una mejor relación por la labor que realizan los profesionales de la comunicación, de informar a la población.
Asimismo, agregó que se investigará cualquier amenaza contra periodistas cuya denuncia sea interpuesta en el Ministerio Público.
