POR ACISCLO URÍZAR
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Según el Defensor del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Edgar Guerra, dentro de todo lo malo ocurrido en ese accidente, lo que se puede resaltar es que los transportistas se dieron a la tarea de pagar los seguros a cada uno de los familiares de las víctimas mortales y heridos.
Asegura que los transportistas no cumplen con las condiciones de seguridad mínimas, pues algunos autobuses circulan con desperfectos mecánicos y algunos pilotos no tienen la preparación adecuada para conducir. En algunos casos los conductores no tienen el mínimo de edad reglamentario, no se cumple con el decreto 15-2014 que corresponde a la Ley Preventiva de Hechos Colectivos de Tránsito, afirmó.
“Existe un gran retroceso con el acuerdo gubernativo 535-2013 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en el cual habla de la cantidad de años de antigüedad de los autobuses. Ahora los autobuses pueden tener una antigüedad de 25 años y no de 10 como lo establece la Ley. Esto favorece a los transportistas y va en detrimento de los millones de usuarios del transporte colectivo”.
Guerra manifestó que hay una pasividad enorme por parte de las autoridades para darles seguimiento a los responsables de estos accidentes y sancionarlos conforme lo manda la ley.
