POR MANUEL RODRÍGUEZ
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La semana pasada el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, reprogramó la audiencia de primera declaración de Byron Lima Oliva y otras trece personas, sindicadas de integrar una estructura criminal que operaba en el Sistema Penitenciario y que cobraba por el traslado de otros reos a distintas prisiones. Entre los señalados se encuentran el exdirector del SP, Edgar Camargo, y Edy Fisher Arbizu, subdirector de Presidios.
Al respecto, Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas, aplaudió la decisión del OJ de designar a Gálvez como el juzgador en el proceso, pues opinó que es un funcionario de alto nivel y con una amplia trayectoria en la carrera judicial, aspectos que a consideración de Cadena, brindan garantías a la ciudadanía de que el proceso se va a llevar a cabo adecuadamente
“Es por eso el OJ debe apoyarlo con mayores medidas de protección porque hay muchas otras mafias en Guatemala interesadas en entorpecer el desarrollo de este caso; inclusive otros funcionarios del Gobierno debido a los señalamientos que ha hecho Byron Lima, por una supuesta relación en la campaña anterior”, mencionó el experto.
Por su parte, la analista en seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Corinne Dedik, criticó las acciones dilatorias de la defensa de los imputados y la oposición que existió para que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se adhiriera al proceso.
Asimismo, avizoró que la corrupción y el crimen organizado seguirán infiltrándose no solo en el caso Lima Oliva, sino en todo el sistema de justicia, si no se toman acciones administrativas en el Organismo Judicial, para descartar cualquier tipo de presión interna y externa.
“Esta estructura criminal que se sacó a luz, no es lo único que existe porque hay otras personas con mandos fuertes, pero mantienen un perfil más bajo en el Sistema Penitenciario y esto es aprovechado por los privados de libertad para imponer sus reglas y negocios en las cárceles”, subrayó Dedik.
Es de resaltar que previamente a la resolución del juzgador Miguel Ángel Gálvez, el pasado viernes, la defensa de la conviviente de Lima Oliva, Alejandra Sarai Reyes Ochoa, y de Edgar Camargo, presionaron para que se suspendiera la audiencia alegando problemas en el estado de salud de sus clientes.
“Hay que entender que el poder judicial en este momento se está enfrentando a una estructura bastante amplia y un poder económico fuerte y por eso se necesita proteger a la persona que va a tomar decisiones al respecto para garantizar la verdad y en todo caso, poder administrar la justicia de manera adecuada”, enfatizó Gary Estrada, coordinador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.
